Caso Vialidad: avanza una segunda tanda de propiedades a ejecutar, entre las cuales está el departamento de la calle San José 1111

Cristina, Máximo y Florencia Kirchner rechazaron la decisión de la Cámara de Casación, que ordenó avanzar con la ejecución patrimonial de 20 inmuebles que integran el decomiso del caso Vialidad. La cifra a cubrir determinada como el fraude cometido a través de las 51 licitaciones viales que de forma irregular se le concedieron a Lázaro Báez, es de 685.000 millones de pesos. Mientras la Corte Suprema tendrá la palabra final, el Tribunal Oral Federal 2, que ejecuta la pena, avanza en un segundo pedido de decomiso que incluye el departamento de la calle San José 1111 en el que vive la expresidenta.

El 24 de abril, la Sala IV de la Casación Federal, integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, confirmó el decomiso de ciento once bienes inmuebles en virtud de las condenas firmes dictadas en la causa Vialidad que había ordenado a finales del año pasado el TOF 2.

Con la decisión -que contó con la disidencia parcial de Borinsky, quien consideró que no se debían decomisar los bienes de Máximo y Florencia Kirchner- se ratificó la recuperación efectiva de activos producto de hechos de corrupción.

Ante dicho fallo la defensa de la familia Kirchner interpuso un recurso extraordinario, para resistir la ejecución de los bienes inmuebles. La Cámara de Casación debe responder si rechaza o concede ese planteo para que llegue hasta la Corte Suprema.

En caso de denegar el recurso, Cristina, Máximo y Florencia Kirchner podrán ir en queja ante el máximo tribunal, que tendrá la palabra final en esta discusión donde también hay en juego 85 propiedades de Lázaro Báez ya que el decomiso se afronta de formal solidaria entre todos los condenados. En este expediente son la ex Presidenta y su ex socio comercial los dueños de la mayor cantidad de bienes inmuebles a decomisar.

En el voto unánime de los camaristas, se destacó que el decomiso no requiere identificar exactamente el mismo bien proveniente del delito, “dado que el dinero es fungible y puede transformarse o mezclarse con activos lícitos, de modo que lo relevante es la equivalencia patrimonial como provecho del delito y la relación económica con éste”.

Para los asesores letrados de Cristina Kirchner el criterio “amplio de decomiso” es incorrecto y no se encuentra normado.

La decisión adoptada por la Casación Federal allana el camino para la ejecución de veinte propiedades que pertenecen a la familia Kirchner: un inmueble inscripto a nombre de la ex presidenta y 19 propiedades que fueron heredadas a título gratuito a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner.

Lázaro Báez perderá más de 80 propiedades e incluso inmuebles que son propiedad de las empresas utilizadas para la maniobra defraudatoria alrededor de las 51 licitaciones viales otorgadas.

Mientras todo terminará en la Corte Suprema de justicia, el TOF 2 -integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso- avanza en una segunda etapa de decomiso pedido por el fiscal general Diego Luciani.

En esta segunda tanda la fiscalía pidió el decomiso de 141 inmuebles —13 de sociedades de la familia Kirchner y 128 de sociedades vinculadas a Lázaro Báez— y 46 automotores.

También se incorporó al nuevo pedido, los 4.664.000 dólares de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner; USD 992.134 de la caja de ahorro del Banco de Galicia, y 53.280,24 pesos.

Al momento de fundamentar esta segunda etapa de bienes a decomisar, el representante del Ministerio Público sostuvo que muchos de los condenados “registran fortunas de una opulencia irrazonable y una magnitud desproporcionada como para, por lo menos, comenzar el complejo proceso de recupero de activos provenientes de los actos de corrupción que cometieron durante 12 años”.

En función de ese requerimiento, el presidente del TOF 2 -Rodrigo Giménez Uriburu-, comenzó a solicitar a los diversos Registros de la Propiedad inmueble, para cotejar la titularidades y analizar otros datos vinculados.

Según pudo saber Clarín, la gran mayoría de la información ya fue incorporada al incidente y el próximo paso -cuando concluya el ingreso de documentación-, será pedir la opinión de las partes al respecto.

Después, el TOF 2 estará en condiciones de pronunciarse y determinar si se decomisarán los nuevos bienes incluidos por el Ministerio Público Fiscal.

Muchas de las propiedades incluidas en este segundo listado forman parte de la causa Los Sauces – Hotesur, elevada a juicio oral. En el marco de esa investigación rrige un embargo de 3.033 millones de pesos sobre Cristina y Máximo Kirchner.

Entre las propiedades de Cristina Kirchner que la fiscalía pide decomisar, se encuentran San José 1111, donde actualmente cumple el arresto domiciliario la ex mandataria. Este departamento pertenece a Los Sauces, la inmobiliaria investigada por lavado de dinero.

También se pide el decomiso del hotel La Aldea de El Chaltén, que hace más de dos años se encuentra usurpado en la localidad santacruceña y con una obra de ampliación en absoluto abandono. El complejo turístico se construyó sobre un terreno que pertenecía a Lázaro Báez.

Otro de los inmuebles más emblemáticos y que es parte de la segunda tanda de decomisos, es el hotel Alto Calafate, propiedad de Hotesur, la otra compañía familiar investigada por blanqueo de activos.

El hotel ubicado en la villa turística fue comprado gracias a un préstamo de de 8,5 millones de pesos que Austral Construcciones (propiedad de Báez) realizó a la familia Kirchner. Después, el empresario se ocupó de administrarlo. Según los informes periciales contables, el giro comercial del Alto Calafate es inexistente y sólo tuvo como función oficiar de “pantalla para blanquear dinero”.

Como parte de este listado, se incorporó el chalet de la costanera de Río Gallegos donde residía Cristina Kirchner cada vez que iba a la capital santacruceña, como también otras casas, terrenos y departamentos ubicados en dicha ciudad.