Avanza en Tucumán un proyecto de ley para obligar a bajar notas de diarios digitales y comentarios de redes sociales en menos de seis horas

La Legislatura de Tucumán trabaja para aprobar una ley que permita ordenar el retiro urgente, en menos de seis horas, de contenidos publicados en diarios digitales y redes sociales que un juez considere en forma exprés como “calumnias o injurias”.

El proyecto fue presentado por el legislador peronista Gerónimo Vargas Aignasse y obtuvo dictamen mayoritario en la Comisión de Legislación General, que preside Aignasse, con el voto de cuatro peronistas y un libertario, así que ya está en condiciones de ser tratado en el recinto de la Legislatura tucumana.

El texto crea una “Medida Cautelar Digital” especial para actuar contra publicaciones que constituyan calumnias o injurias, “en forma manifiesta, inequívoca y acreditada”. La medida no apunta sólo a las redes sociales, sino que también alcanza a los diarios digitales, portales web y cualquier medio de comunicación en Internet.

De aprobarse el proyecto en el recinto de la Legislatura tucumana, un juez penal provincial tendría que resolver el pedido en un plazo máximo de seis horas y sin escuchar previamente al autor del contenido o al medio involucrado. Si considera que se cumplen los requisitos previstos por la ley, estaría habilitado para ordenar la eliminación, el bloqueo o la desindexación de la publicación cuestionada.

El proyecto también contempla la posibilidad de disponer la “prohibición de nueva difusión del mismo contenido”. Se trata de una cláusula muy cuestionada por sus posibles implicancias sobre la libertad de expresión y el trabajo periodístico.

El proyecto aprobado el mes pasado modificó algunos aspectos del proyecto original, aunque dejó intacta su estructura principal.

La incorporación más relevante fue exceptuar de este mecanismo a los funcionarios públicos.

El nuevo texto establece que no podrán utilizar este procedimiento quienes hayan sido elegidos por voto popular ni los funcionarios de los tres poderes del Estado hasta el nivel de director.

La modificación respondió a las fuertes críticas que advirtieron sobre el uso de esta norma como un mecanismo para limitar investigaciones periodísticas o cuestionamientos sobre la gestión pública.

También se eliminó el artículo que fijaba una vigencia inicial de diez días para la medida cautelar. Pero se mantuvieron los puntos centrales de la iniciativa: el trámite sumarísimo, la resolución en menos de seis horas y la posibilidad de actuar sobre contenidos publicados en diarios digitales.

Al mismo tiempo, el proyecto incorpora una cláusula de resguardo según la cual el juez deberá rechazar el pedido de la medida cautelar cuando exista una duda razonable acerca de si el contenido cuestionado constituye una opinión, una crítica o información de interés público.

El proyecto original fue presentado en febrero pasado por tres legisladores peronistas que responden al gobernador Osvaldo Jaldo: Gerónimo Vargas Aignasse, Roque Argañaraz y Sergio Mansilla, quien ejerce como presidente subrogante de la Legislatura tucumana.

Desde entonces, se trató en la Comisión de Legislación General, que preside Aignasse, donde el mes pasado obtuvo dictamen favorable, con el voto de cuatro legisladores peronistas y uno de La Libertad Avanza.

Allí tuvo los votos de Gerónimo Vargas Aignasse, su prima hermana María Carolina Vargas Aignasse, además de otros dos legisladores peronistas, Sara Assán y Christian Rodríguez.

El caso de José Macome generó una dura polémica, porque es legislador de La Libertad Avanza, pero también votó a favor de este proyecto en la Comisión de Legislación General, luego de que se le introdujeron algunos cambios al proyecto original. Ese respaldo permitió que la iniciativa quedara lista para llegar al recinto y mostró que el proyecto consiguió apoyos más allá del peronismo provincial.

El legislador opositor al gobierno de Jaldo, Walter Berarducci (Compromiso Tucumán) criticó el proyecto oficial y sostuvo que, en caso de aprobarse, convertirá al juez en “un órgano de control de contenidos”. “El juez penal pasa a decidir qué contenido puede circular y cuál debe eliminarse, función ajena a la jurisdicción penal. Este mecanismo sólo busca censurar los contenidos sin debate previo, algo que atenta directamente contra la democracia, ya que ésta se defiende con más opinión pública, más debate y no con más silencio”, dijo Berarducci al diario La Gaceta.

Por su parte, Gerónimo Vargas Aignasse rechazó que se trate de una forma de restricción a la libertad de expresión. “No es censura. Es poner un límite a la difamación”, sostuvo al defender el proyecto. Y planteó que las redes sociales permiten que publicaciones falsas se viralicen en pocos minutos y provoquen daños que luego resultan muy difíciles de reparar.

En los próximos días, la discusión se trasladará al recinto de la Legislatura tucumana. Allí se verá si las modificaciones incorporadas en Comisión alcanzan para despejar las dudas sobre el impacto que podría tener esta ley sobre la libertad de expresión, el uso de redes sociales y la actividad periodística de los medios digitales.