avanza el juicio político contra la jueza del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, Laura Lamas González

La denuncia sostiene que Lamas González está inscripta en la AFIP desde 2013, bajo la categoría de “Cultivo de Tabaco“, como actividad principal, lo que implica un conflicto con sus funciones judiciales. Además, desde noviembre de 2009, figura en el régimen de autónomos y tributa Ganancias e IVA. El abogado Rojas también señala que la jueza es socia activa de la Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy, lo cual, aunque no persigue fines de lucro, sí implica que sus socios, entre ellos la magistrada, buscan obtener beneficios económicos.

Este martes, la Sala Acusadora de la Legislatura llevó a cabo una reunión en el salón Marcos Paz para designar a las autoridades que conducirán el proceso. El diputado Adriano Morone fue nombrado presidente de la sala, mientras que la diputada Lidia Chambi asumió como secretaria.

En dicha reunión, también se conformó la Comisión Investigadora, encargada de analizar los hechos denunciados y emitir un dictamen. Los diputados que integran esta comisión son Santiago Jubert, Gisell Bravo y Adriano Morone, por el bloque mayoritario del Frente Cambia Jujuy, mientras que Rubén Rivarola y Daniela Vélez fueron designados por el Frente Justicialista.

El proceso avanza en un clima de gran expectativa, dado que la jueza Lamas González enfrenta la posibilidad de ser removida de su cargo si se comprueba que violó las disposiciones constitucionales que prohíben a los magistrados participar en actividades comerciales. La acusación marca un momento clave en la historia judicial de Jujuy, mientras la Comisión Investigadora comienza su labor para definir el futuro de la magistrada.

El juicio político, una herramienta excepcional en la legislación provincial, se activó en este caso por las evidencias presentadas por Rojas, quien asegura que la participación de la jueza en actividades comerciales compromete su imparcialidad y la independencia del Poder Judicial.