Anulan una megacausa de lavado narco y sobreseen a la viuda de Pablo Escobar, a su hijo y al ex futbolista de Boca Chicho Serna

En un giro sorprendente, y bastante polémico, el juez federal N° 8, Marcelo Martínez de Giorgi, hizo polvo un mega expediente de lavado narco en el que Estado argentino había recuperado unos tres millones y medio de dólares. El caso estalló en 2016 y tuvo personajes de altísimo perfil: la viuda del capo narco colombiano Pablo Escobar Gaviria, su hijo Sebastián Marroquín, el ex futbolista de Boca Mauricio “Chicho” Serna y el empresario Mateo Corvo Dolcet.

A ellos los marcó nada menos que el número tres del Cartel de Cali, José Piedrahita Ceballos. Éste declaró como arrepentido ante los fiscales argentinos y el juez federal de Morón Néstor Barral en Estados Unidos. Es su testimonio el que ahora anuló De Giorgi, junto con el juicio abreviado que el propio Piedrahita firmó en esa oportunidad y por el que fue condenado a 5 años de prisión.

El argumento del juez: que los fiscales de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y el fiscal Sebastián Basso (que viajaron a Estados Unidos) no podían indagar a Piedrahita, por entonces preso, sino sólo entrevistarlo. De Giorgi anuló todo de un plumazo, aunque ahora vendrán las apelaciones.

José Bayron Piedrahita Ceballos (68) siempre fue un personaje central en la investigación: un hombre con un pasado en las filas del Cartel de Cali que se habían reconvertido en su país detrás de la fachada de empresario ganadero.

Según la acusación de la Justicia, a la que se sumó la Unidad de Información Financiera (UIF), Piedrahita concretó negocios con Corvo Dolcet (65) gracias a la intermediación que hizo María Isabel Santos Caballero (66) y su hijo Juan Sebastián Marroquín Santos (47), operación por la cual ambos cobraron una comisión en dólares, según quedó asentado en documentos secuestrados en la causa.

Piedrahita explicó al ser detenido en Colombia -y luego extraditado a Estados Unidos- que Serna era el testaferro de otro gran capo colombiano, Carlos Mario Aguilar (alias “Rogelio”), heredero de la Oficina de Envigado, la organización de cobro creada por el propio Pablo Escobar que sus enemigos comenzaron a manejar tras su muerte.

Segun Piedrahita, fue él quien pagó los abogados de Rogelio cuando años antes éste decidió entregarse a la DEA ​(las negociaciones se hicieron en Buenos Aires). Y luego, cuando Piedrahita necesitó dinero para invertir en las sociedades argentinas usó el capital de esa esa deuda: Aguilar se la pagó con propiedades que Serna tenía a su nombre en Argentina pero que, en realidad, pertenecían a “Rogelio”.

Todo esto consta en la elevación a juicio firmada en su momento por el juez Barral y que había sido requerida por los fiscales Santiago Marquevich, de Morón, y Diego Iglesias, de la Procunar. Luego el abogado de Corvo Dolcet, Mariano Cúneo Libarona, logró que el expediente pasara a Comodoro Py.

Cada uno de los detalles, la relación de Corvo con los dólares narco, y el papel de los herederos de Escobar en el emprendimiento de una ciudad VIP en Pilar, fueron contados por Piedrahita a mediados de 2019 en Estados Unidos.

Hasta allí viajaron los fiscales argentinos para tomarle una declaración que, en primer momento, ocultó la identidad del narco bajo el rótulo “imputado colaborador A“. Pero este recaudo fue levantado por propia iniciativa del colombiano de manera que ya quedó completamente claro qué contó y cuándo lo hizo.

Su declaración fue fundamental para anclar la acusación contra los otros imputados de la causa y se convirtió en pieza fundamental de un juicio penal abreviado que se firmó a fines el 2019 de manera singular: la audiencia se hizo por videollamada entre Buenos Aires y Estados Unidos.

Según los términos de ese juicio abreviado -al que tuvo acceso Clarín-, Piedrahita aceptó su culpa, contó detalles de su vida en el narcotráfico colombiano (llegó a producir 500 kilogramos diarios de cocaína) y brindó precisiones de sus negocios en Argentina.

Por este acuerdo judicial, entregó acciones de sus empresas en nuestro país por valor de casi cuatro millones de dolares. Esto, por ejemplo, permitió que un enorme edificio construido por la sociedad Pilar Bicentenario quedara en manos del Estado y fuera dispuesto para la contención del COVID-19 en plena pandemia.