Alerta máxima en la Justicia por la decisión del gobierno de Chubut de quitarle los fueros a los jueces provinciales

El gobierno de Chubut es foco de críticas por parte de diversos organismos que nuclean a jueces y juezas por el referéndum que realizará este domingo junto con las elecciones y que propone modificar dos artículos de la Constitución provincial con el fin de quitar los fueros de inmunidad a los integrantes del Poder Judicial. La medida alcanza también a los integrantes del Gabinete, legisladores y sindicalistas. “Expresamos la preocupación y rechazo a la iniciativa”, dijeron en un comunicado reciente.

“Estamos siguiendo con mucha atención y preocupación el tema porque es muy delicado aunque sea la justicia provincial”, señalaron a Clarín integrantes del Poder Judicial a nivel federal pese a que entienden que es una modificación que, de obtener los votos requeridos, afectará al Poder Judicial chubutense.

La administración a cargo de Ignacio Torres busca modificar dos artículos de la Constitución para que desde el gobernador y su vice hasta legisladores, ministros y sindicalistas dejen de contar con la protección legal que representan los fueros de inmunidad. Sucede que la medida también alcanza a los integrantes del Poder Judicial provincial y eso encendió las alarmas.

Los primeros en pronunciarse en contra fueron los integrantes de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut (AMFJCH) que a través de un video explicaron la finalidad que cumplen los fueros judiciales y por qué su eliminación ”pondría en riesgo la independencia del Poder Judicial”.

En su comunicado, los magistrados señalaron que los fueros no son un privilegio personal, sino una garantía institucional que protege a la ciudadanía. “Su finalidad es asegurar que los jueces puedan ejercer su función sin presiones políticas, económicas o mediáticas”, aseguran.

¿Sobre la base de qué argumentan los jueces provinciales sostienen ese principio? Dicen que los fueros no pertenecen a una persona, sino que responden a la “protección de la función judicial”. Eliminarlos, “podría dejar a los magistrados expuestos a represalias por parte de quienes puedan sentirse perjudicados por sus decisiones”.

Los magistrados explicaron que los fueros “no protegen a los jueces” sino a la ciudadanía al señalar que es un resguardo para el funcionamiento del Poder Judicial, para que el mismo pueda “proceder con independencia y decidir con libertad”.

Para contrarrestar cualquier planteo que refiera a la defensa de magistrados que presenten problemas con la ley, la Asociación señaló que en la “historia judicial de Chubut nunca un juez acusado de mal desempeño o delito se amparó en los fueros, y que los mecanismos disciplinarios vigentes son suficientes para sancionar a quienes no cumplen con su función”.

Contra la pérdida de inmunidad también se pronunció en duros términos la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), presidido por Marcelo Gallo Tagle, quien firmó un comunicado rechazando la iniciativa impulsada por el gobierno provincial.

En oposición al argumento del gobierno chubutense, la FLAM consignó que la inmunidad “no es un privilegio de los magistrados. Es una garantía de los ciudadanos de contar con jueces idóneos e imparciales, protegidos de influencias indebidas y gozar de esa inmunidad por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones judiciales”.

La entidad consideró que el proceder de la administración de Torres, afecta la división de poderes y la independencia judicial, motivo por el cual exhortaron a las autoridades del Ejecutivo chubutense a respetar la independencia de quienes ejercen el poder jurisdiccional “evitando avasallarla con actos de gobierno que impliquen el amedrentamiento o la vulneración de esos principios”.

“El respeto de ellos no solo importa un resguardo para los ciudadanos, sino que constituye un deber de todos los poderes del Estado como garantía de la paz social para los justiciables que necesitan la presencia de un orden jurídico fuerte que contribuya a consolidar una justicia más eficiente y fortalecida por los actos de gobierno”, dijeron.

Se recordó que la Constitución “establece en su artículo 110 que los jueces conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta y que sólo podrán ser removidos por un jurado de enjuiciamiento”.

En consecuencia, la reforma propuesta “resulta contraria a los principios proclamados por la Constitución, afectando gravemente la independencia del Poder Judicial”, indicó ante la consulta de Clarín y añadió que no se cuenta con “antecedentes de esta característica”.

El gobernador Torres defiende la iniciativa al entender que es un camino hacia la “transparencia y fin de privilegios”. El funcionario había señalado que “los chubutenses vamos a poder dar vuelta una página más en la historia de Chubut, eliminando los fueros de todos los funcionarios para seguir construyendo una provincia más transparente, honesta y donde ninguna persona que haya cometido un delito pueda esconderse detrás de privilegios”.

Hubo más pronunciamiento al respecto. La Relatora de la ONU para la Independencia del Poder Judicial Margaret Satterthwaite, dijo: “Escucho con preocupación que Chubut celebrará un referéndum el 26 de octubre para eliminar la inmunidad judicial”, escribió en la red social X.

Y agregó: “Los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la Independencia de la Judicatura (1985) establecen que los jueces deben estar protegidos de influencias indebidas y gozar de inmunidad por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones judiciales. La inmunidad protege la imparcialidad, no la impunidad”.