Acusado de ser un engranaje clave en la estructura de corrupción de la ANDIS, Miguel Ángel Calvete se negó a declarar

En el marco de la estructura de corrupción determinada por el fiscal federal, Franco Picardi, y que funcionó durante casi dos años dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), estaba citado a declarar en Comodoro Py uno de los hombres clave en la maniobra que posibilitó la manipulación de contratos, los pagos de sobreprecios que rondaban en general el 10 al 20% del valor de mercado: Miguel Ángel Calvete. Está acusado de ser el nexo entre Diego Spagnuolo y Daniel Gallberini con las empresas favorecidas con el irregular mecanismo implementado, se negó a declarar y sólo escuchó la imputación que pesa sobre él.

Miguel Ángel Calvete fue trasladado por el Servicio Penitenciario Federal temprano por la mañana a Comodoro Py. Preso en el fuero ordinario como facilitador a la prostitución, debía comparecer ante el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, acusado de haber sido parte de la estructura que funcionó desde el organismo de discapacidad “en perjuicio de la administración pública y en particular del sector poblacional con discapacidad, y especialmente vulnerable, adherido al Programa Incluir Salud, destinado a personas que gozan de pensiones no contributivas y no poseen otra cobertura de salud (lo que abarca a madres con 7 hijos, mayores de 70 años en situación de pobreza, entre otros)”.

Mientras aguantaba en los Tribunales de Retiro para ser indagado, su hija Ornella Calveti presentó su renuncia al cargo que ostentaba dentro del Ministerio de Economía de la Nación.

La hija de uno de los principales acusados en la causa por direccionamientos de contratos, sobreprecios y lavado de activos, se desempeñaba como directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial del Ministerio de Economía.

La justicia determinó que mantenía comunicaciones directas con su padre, Miguel Ángel Calvete, señalado por la fiscalía como un operador clave del entramado delictivo en ANDIS.

El dictamen de Picardi, al que accedió Clarín de fuentes judiciales, refleja los chats que forman parte del expediente revelan gestiones, favores y comentarios que la vinculan con empresarios del sector ortopédico y con el flujo de dinero bajo investigación.

“El 10 de septiembre de 2025, Ornella Calvete insiste a su padre por Claudio de Ortopedia Alemana; su padre le dice que ya concretó una reunión, a lo cual ella le desea éxitos y le dice que, si todo sale bien, le compra algo lindo: ‘un tambo, una granja, lo que quieras’. Por su parte, Miguel Ángel Calvete le responde: ‘No hace falta… con el 3% a KM está perfecto’”, dice la referencia a un chat de Picardi en el escrito.

Con ese telón de fondo y ante el juez Casanello y el representante del Ministerio Público Fiscal, Miguel Ángel Calvete se negó a declarar. No pronunció palabra frente al magistrado y sólo se dedicó a escuchar la imputación penal.

Se dio lectura a la descripción de la organización criminal que integró: “los hechos habrían sido ejecutados -al menos entre diciembre de 2023 y octubre de 2025- por un grupo organizado de personas, integrado por: Diego Orlando Spagnuolo; Daniel María Garbellini; Pablo Atchabahian; Miguel Ángel Calvete; Eduardo Nelio González; Lorena Di Giorno; Roger Edgar Grant; Luciana Ferrari; Federico Maximiliano Santich; Guadalupe Ariana Muñoz; Patricio Gustavo Rama; Ruth Noemí Lozano; Andrés Horacio Arnaudo; Silvana Vanina Escudero; Alejandro Gastón Fuentes Acosta y otras personas”.

Se sospecha que su finalidad fue la “comisión de delitos contra la administración pública y obtener ganancias indebidas a través de maniobras fraudulentas y la promesa y entrega de dádivas a funcionarios públicos”, detalló el fiscal Picardi.

Las personas mencionadas, de manera “coordinada y de común acuerdo, habrían obtenido amplias sumas de dinero de manera indebida, en perjuicio de la administración pública y en particular del sector poblacional con discapacidad, y especialmente vulnerable”.

En cuanto al rol específico de Calvete, se determinó que es una persona vinculada a múltiples droguerías y firmas proveedoras de insumos PACBI, en particular a INDECOMM S.R.L., Profusión S.A. y Profarma S.A.

Tenía vinculaciones e influencia directa con Diego Spagnuolo y Daniel María Garbellini, a quienes consultaba por pagos que debían ser dispuestos desde la ANDIS y con quienes se reunía en su propia casa y en bares de la zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Pero por sobretodo, fue otra de las personas que dieron indicaciones dentro de ANDIS, sin ser un funcionario designado sino un proveedor de la agencia y, de manera similar a Pablo Atchabahian (el único preso en la causa) “tuvo operadores propios dentro del organismo, cuanto menos Lorena Di Giorno y Eduardo Nelio Gonzalez”.

De este modo, determinó la fiscalía en la acusación Miguel Ángel Calvete a través de sus empresas y con los vínculos con Spagnuolo y Garbellini, “logró obtener adjudicaciones de sumas de miles de millones de pesos, de manera direccionada durante el periodo bajo estudio”.

Con el avance de la investigación se concluyó, que Calvete “coordinó pagos y gestionó cobros para otras droguerías y firmas del rubro (como por ejemplo: Laboratorio Ortopédico Sagues S.R.L., Grupo Alemana, MED-EL Latinoamerica)”.

Se comprometieron más de 48.000 millones de pesos del erario público en toda la maniobra.

El suyo fue un rol clave: funcionaba como conector entre ANDIS y el sector privado vinculado a la salud. A su vez, fue uno de los encargados de gestionar numerosos pagos indebidos a diversos/as funcionarios/as de ANDIS.

Entre los hechos atribuidos, según se leyó durante la indagatoria, Miguel Ángel Calvete “conocía a Pablo Atchabahian, eran operadores externos, vinculados entre sí -pues compartían información sobre pagos y erogaciones de ANDIS- y tomaban decisiones vinculadas a prestaciones PACBI”.

Por otra parte, en cuanto a su participación en empresas relacionadas con la provisión de insumos y medicamentos, se corroboró que Miguel Ángel Calvete era Socio Gerente de INDECOMM S.R.L., además de accionista mayoritario.

En esa compañía con el menor paquete accionario estaba Ruth Noemí Lozano, quien es Directora Titular y Presidenta de la Droguería Profarma S.A; de la que también es accionista mayoritaria junto con la empresa Profusión S.R.L.

Esta última firma tiene casi el 50% de las acciones de Profarma S.A, una de las favorecidas con el direccionamiento de los contratos de la ANDIS.

Sobre Profusión S.R.L., se consignó que Federico Maximiliano Santich es el gerente y accionista. Cuando fue allanada la firma Profarma S.A., Santich, se encontraba en el lugar, lo cual “da cuenta de las vinculaciones entre éste, ambas droguerías y Miguel Ángel Calvete”.

Por otro lado, en el marco del caso se identificó a Guadalupe Muñoz, pareja de Miguel Ángel Calvete, “quien se encuentra vinculada a todo este entramado de direccionamientos y pagos indebidos”.

Por ejemplo, fue la encargada, siguiendo indicaciones de Miguel Ángel Calvete, de conseguir gran cantidad de dinero en efectivo para Diego Spagnuolo.

¿Por qué el detalle societario es relevante?

Porque en el marco de los direccionamientos del sistema de compulsas de precios, se ha identificado -por el momento-, que cuatro empresas fueron las principales receptoras de “amplias sumas de dinero de manera indebida”.

Se trata de Droguería Profarma S.A , Drogueria Génesis S.A., Droguería New Farma S.A. y Droguería Floresta S.A.

Estas cuatro droguerías, en acuerdo con las autoridades de ANDIS, “alternaron ganancias y recibieron sumas millonarias de manera permanente, durante el periodo investigado”.