“Sesgada” y “arbitraria”: la durísima réplica de los fiscales al sobreseimiento de la viuda de Pablo Escobar, su hijo y Chicho Serna

“Errónea”, “arbitraria”, sesgada”, “superficial”, “parcial”, “forzada”. Esos fueron los calificativos más suaves que los fiscales federales Franco Picardi, Diego Iglesias y Diego Velasco usaron para describir la resolución del juez Marcelo Martínez de Giorgi que dinamitó, a base de sobreseimientos masivos, uno de los casos de lavado narco más impactantes de los últimos años. Por eso apelaron la resolución y, además, pidieron a la Cámara que el juez sea apartado de la causa.

A contrapelo de ocho fiscales y diez jueces que intervinieron en la causa con anterioridad, el pasado 26 de abril Martínez de Giorgi hizo lugar a una serie de reiterados planteos de las defensas y anuló una investigación que había demandado casi 10 años y permitido recuperar para el Estado Argentino tres millones y medio de dólares.

El caso, iniciado en septiembre de 2017 por un reporte de la DEA norteamericana, expuso una trama llena de figurones nacionales e internacionales.

De lo que habla el expediente (que ahora los fiscales intentan salvar apelando a la Cámara Federal) es de cómo en el año 2007 el número tres del Cartel de Cali, el colombiano José Bairon Piedrahita Cevallos (68), se asoció con el empresario argentino Mateo Corvo Dolcet (65) para lavar dinero en inversiones inmobiliarias y negocios gastronómicos. Uno de ellos fue el famoso Café de los Angelitos.

Según contó el mismo Piedrahita, conoció a Corvo por intermedio de María Isabel Santos Caballero (66), viuda de Pablo Escobar Gaviria y de su hijo, Juan Sebastián Marroquín Santos (47). Estos cobraron una comisión de unos 100 mil dólares por hacer de intermediarios. En las maniobras también fue involucrado, y en su momento procesado como el resto, el ex jugador de Boca Mauricio “Chicho” Serna.

Los otros cuatro procesados, ahora sobreseídos por De Giorgi son la esposa de Corvo Dolcet, María de los Ángeles Verta, la contadora María Gabriela Sánchez, Antonio Pedro Ruiz, administrador del Café de los Angelitos, y el testaferro Esteban Adrián del Río.

El argumento del juez: que los fiscales de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y el fiscal Sebastián Basso (que viajaron a Estados Unidos) no podían indagar a Piedrahita, por entonces preso, sino sólo entrevistarlo.

De Giorgi anuló todo de un plumazo, aunque ahora se analizarán las apelaciones que también incluyen la de la Unidad de Información Financiera (UIF), como querellante.

José Bairon Piedrahita Ceballos siempre fue un personaje central en la investigación: un hombre con un pasado en las filas del Cartel de Cali que se habían reconvertido en su país detrás de la fachada de empresario ganadero.

Piedrahita explicó al ser detenido en Colombia -y luego extraditado a Estados Unidos- que Serna era el testaferro de otro gran capo colombiano, Carlos Mario Aguilar (alias “Rogelio”), heredero de la Oficina de Envigado, la organización de cobro creada por el propio Pablo Escobar que sus enemigos comenzaron a manejar tras su muerte.

Según Piedrahita, fue él quien pagó los abogados de Rogelio cuando años antes éste decidió entregarse a la DEA ​(las negociaciones se hicieron en Buenos Aires). Y luego, cuando Piedrahita necesitó dinero para invertir en las sociedades argentinas usó el capital de esa esa deuda: Aguilar se la pagó con propiedades que Serna tenía a su nombre en Argentina pero que, en realidad, pertenecían a “Rogelio”.

Todo esto consta en la elevación a juicio firmada en su momento por el juez Barral y que había sido requerida por los fiscales Santiago Marquevich, de Morón, y Diego Iglesias, de la Procunar. Luego el abogado de Corvo Dolcet, Mariano Cúneo Libarona, logró que el expediente pasara a Comodoro Py.

En los tribunales de Retiro estuvo tres años parada, resolviendo principalmente nulidades que los abogados defensores, las mismas que ya habían perdido en dos instancia anteriores ante la Justicia Federal de Morón y se las habían rechazado. La sorpresiva y polémica novedad fueron los sobreseimientos. Y, sobre todo, los fundamentos del juez.

Para los fiscales, Martínez de Giorgi fue parcial en la evaluación de la prueba. Los sobreseimientos deben ser revocados y el juez, apartado.

“La resolución evidencia un adelantamiento de opinión incompatible con la posición de imparcialidad que debe caracterizar al juez de la causa, pues exterioriza un juicio definitivo sobre el fondo del asunto antes de la instancia procesal prevista para ello”, dicen los fiscales Picardi, Iglesias (Procunar) y Velasco (Procelac)

“El juez no explico por qué, frente a una acusación expresamente ratificada por los acusadores públicos y la querella, correspondía cerrar definitivamente el proceso con un sobreseimiento, en vez de remitir la discusión al debate oral, ámbito específico para la disputa acerca de la interpretación documental, para la determinación del valor de las explicaciones defensivas y toma de posición sobre la credibilidad y alcances de la evidencia compleja”, agregan los fiscales e incluso dicen que el juez fue tomando pequeñas decisiones en el expediente para ahora poder sobreseer.

Cada uno de los detalles, la relación de Corvo con los dólares narco, y el papel de los herederos de Escobar en el emprendimiento de una ciudad VIP en Pilar, fueron contados por Piedrahita a mediados de 2019 en Estados Unidos. Por eso, la nulidad de su indagatoria fue ir contra la base de la acusación.

Hasta allí viajaron los fiscales argentinos para tomarle una declaración que, en primer momento, ocultó la identidad del narco bajo el rótulo “imputado colaborador A”. Pero este recaudo fue levantado por propia iniciativa del colombiano, de manera que ya quedó completamente claro qué contó y cuándo lo hizo.

Su declaración fue fundamental para anclar la acusación contra los otros imputados de la causa y se convirtió en pieza fundamental de un juicio penal abreviado que se firmó a fines el 2019 de manera singular: la audiencia se hizo por videollamada entre Buenos Aires y Estados Unidos. Esta condena también quedó anulada.

Según los términos de ese juicio abreviado -al que tuvo acceso Clarín-, Piedrahita aceptó su culpa, contó detalles de su vida en el narcotráfico colombiano (llegó a producir 500 kilogramos diarios de cocaína) y brindó precisiones de sus negocios en Argentina.

Por este acuerdo judicial, entregó acciones de sus empresas en nuestro país por valor de casi cuatro millones de dólares. Esto, por ejemplo, permitió que un enorme edificio construido por la sociedad Pilar Bicentenario quedara en manos del Estado y fuera dispuesto para la contención del COVID-19 en plena pandemia. Hoy Corvo es su depositario judicial, pese a la oposición fiscal.

Las apelaciones dejaron una expresa critica sobre el sistema de nulidades repetidas y sin sentido que muchas veces los abogados defensores (sobre todo los de los estudios más caros) usan para desgastar las causas. Y en muchos casos destruirlas.

“Resulta indispensable referirse al régimen de nulidades vigente en nuestro país y a cómo las defensas han intentado la aplicación de este remedio procesal reiteradamente. Queremos decir, lo han hecho en la etapa de investigación cuando la causa tramitaba en la sede judicial federal de San Martín (Morón pertenece a esa jurisdicción): allí las nulidades planteadas tuvieron su debate arribando a su decisión por tribunal de alzada: los actos procesales carecen de vicios”, recuerdan y agregan:

“Luego, al cambiar de jurisdicción, volvieron sobre las nulidades en instancia de debate oral y ahora nuevamente en esta instancia, sin una justificación que luzca razonable más que el descontento con decisiones previas de los magistrados intervinientes. Es sorprendente la cantidad de magistrados del Ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial de la Nación que han intervenido hasta aquí en la causa sin que, en razón de la estrategia reiterativa y dilatoria de las defensas, haya sido posible aun arribar al debate oral y público para que discuta sobre hechos, derecho y prueba”.

No es la primera vez que pasa esto. Y seguramente no será la última.