el Gobierno lanza un paquete que sacude propiedad, tierras y seguridad

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció un ambicioso paquete de reformas que el Ejecutivo enviará al Congreso. Las iniciativas apuntan a reforzar el derecho de propiedad, atraer inversiones y modificar el acceso a beneficios sociales, en medio de fuertes cuestionamientos políticos y expectativas del mercado.

El Gobierno nacional avanzó este miércoles con el anuncio de un nuevo paquete de reformas estructurales que promete abrir un intenso debate en el Congreso. Las medidas, comunicadas por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, forman parte de la estrategia de la administración de Javier

Entre los puntos más relevantes, se destaca una reforma a la ley de expropiaciones, que busca limitar su aplicación a situaciones “estrictamente excepcionales” y elevar las compensaciones económicas a los propietarios afectados. Desde el oficialismo sostienen que la medida apunta a brindar mayor seguridad jurídica.

En la misma línea, el Ejecutivo impulsa una modificación del régimen de desalojos, con el objetivo de acelerar los procesos frente a ocupaciones ilegales. El proyecto propone que los propietarios puedan recuperar sus inmuebles en un plazo menor a cinco días, mediante un trámite judicial abreviado.

Otro de los ejes centrales es la reforma de la ley de tierras rurales, que eliminaría las restricciones actuales para la compra de campos por parte de extranjeros. Según el Gobierno, esta decisión permitiría potenciar sectores estratégicos como el energético, minero y agroindustrial.

Además, el paquete incluye una iniciativa para destinar el 10% de los ingresos provenientes de privatizaciones a la compra de armamento y bienes de defensa, así como una revisión del sistema de pensiones por discapacidad, con controles más estrictos para su otorgamiento.

Por otra parte, el Ejecutivo confirmó su intención de avanzar con la concesión por 30 años del complejo turístico de Chapadmalal, con el fin de atraer inversión privada y reducir los costos de mantenimiento estatal.

El anuncio también estuvo acompañado por críticas a gestiones anteriores, a las que el oficialismo responsabiliza por la “inseguridad jurídica” y el uso indebido de recursos públicos.

Con este paquete, el Gobierno busca acelerar su agenda de reformas, aunque se anticipa un escenario de fuerte discusión política y social en el Congreso, donde cada iniciativa deberá reunir consensos para su aprobación.