Jorge Macri lanza la licitación para que capitales privados tomen el control de los medios públicos porteños

El Gobierno porteño dictó una Resolución para dar en concesión el Canal de la Ciudad y sus dos radios, La Once Diez (AM 1110) y La 2X4 (FM 92.7).

La iniciativa es una medida para “dejar de financiar su operación con impuestos y pasar a un modelo con gestión e inversión privada”, dijo el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en redes sociales. Y agregó: “No tiene sentido usar los recursos de los porteños para financiar lo que el sector privado puede hacer mejor y sin costarle un peso a los vecinos. El Estado tiene que enfocarse en sus verdaderas prioridades”.

La Resolución Conjunta N°7 se publicó este martes en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y está firmada por el jefe de Gabinete de Ministros del gobierno porteño, Gabriel Sánchez Zinny, y el ministro de Hacienda y Finanzas, Gustavo Arengo Piragine.

Allí está el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la licitación de los medios públicos, donde se difundieron los requisitos para dar en concesión por cinco años, “a partir del acta de inicio de servicio”, con un precio base de canon mensual de $10.753.750 para el Canal de la Ciudad y $1.229.000 para las dos radios, que se irán actualizando semestralmente por la inflación y que en total serían $645.225.000 y $73.740.000, respectivamente, por todo el período de la concesión.

Los interesados podrán ofertar por las dos radios juntas (La Once Diez y La 2X4) y/o por el canal de televisión. “Deberán acreditar antecedentes empresariales en el sector de medios de comunicación y presentar planes de inversión detallados que aseguren la excelencia del servicio durante el quinquenio de concesión”, explicó una fuente oficial.

En la Resolución, que Clarín anticipó la semana pasada, se establece que “el adjudicatario tendrá a su cargo la gestión operativa conforme a los lineamientos que establezca la autoridad competente, sin que ello implique la cesión, transferencia ni delegación de la titularidad del servicio de comunicación, las cuales permanecerán en todo momento en titularidad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

El próximo paso del gobierno porteño es el llamado a licitación pública “para la concesión del gerenciamiento”, con fechas de presentación de ofertas, a partir de estos pliegos de concesión que se publicaron este martes en el Boletín Oficial; aunque habrá que ver si Jorge Macri consigue avanzar con esta licitación, ya que varios dirigentes de la oposición adelantaron que se presentarán en la Justicia para pedir la inconstitucionalidad de esta medida.

El bloque de 13 legisladores de la Libertad Avanza (LLA) está analizando la Resolución del Gobierno porteño. Pero podría plantear reparos a esta iniciativa, pese a que, “a priori, no es un mal primer paso”, destacó a Clarín un funcionario nacional de LLA. Es que otra fuente libertaria de Casa Rosada manifestó sus dudas sobre su implementación, porque la Constitución de la Ciudad establece que los medios públicos deben ser “estatales” y manejados por “un ente autárquico”.

“Acompañamos todo lo que sea reducir el peso del Estado. Pero nosotros planteamos achicar los medios públicos de la Ciudad al máximo posible, teniendo en cuenta que tienen 500 empleados. Es que sino habría que modificar la Constitución porteña, algo que todavía no está en discusión”, alertó una fuente del gobierno nacional, que teme que se empantane en la Justicia esta iniciativa de Jorge Macri.

“Es ilegal. Va contra la Constitución de la Ciudad y la normativa vigente”, dijo en redes sociales la legisladora kirchnerista Graciana Peñafort, quien remitió al artículo 47 de la Constitución porteña, donde se menciona específicamente cómo debe ser la gestión de los servicios “estatales” de radio y televisión.

En diálogo con Clarín, Peñafort anunció que todo el bloque de Unión por la Patria, que son 20 legisladores, se oponen a la medida que anunció Jorge Macri. Y adelantó que va a presentarse ante la Justicia para pedir que se bloquee la licitación, por ser “inconstitucional”.

También se oponen los dos legisladores del Frente de Izquierda. El bloque de seis legisladores de Confianza y Desarrollo, que lidera Horacio Rodríguez Larreta, todavía no fijó una posición, porque estaban a la espera de la Resolución para definir si acompañan la iniciativa del gobierno porteño; mientras tienen una posición similar los cinco legisladores del bloque UCR/Evolución, aunque allí la radical Manuela Thourte ya salió a rechazar la decisión de Jorge Macri.

“Si lo que quiere es reducir el gasto público, hay otras áreas donde puede hacerlo, sin meterse con la cultura de la Ciudad, como por ejemplo el directorio de la empresa AUSA, que tiene doce directores”, dijo Thourte. Y explicó que la ciudad de Buenos Aires es la única jurisdicción en todo el país que incluyó la gestión de los medios públicos estatales en su Constitución. “Eso debe respetarse”, planteó la legisladora radical.

El proyecto oficial cuenta con el respaldo de los 11 legisladores del bloque Vamos por Más (PRO y sus aliados). Pero al no ser una privatización ni una concesión mayor a cinco años, no necesita una ley específica de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.