El oficialismo tiene el control en el Senado para avanzar con la designación de jueces y fiscales

Tras la asunción de Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia, en el Senado se retomó la discusión interna sobre los más de 300 cargos que faltan cubrir en el Poder Judicial y se espera que en las próximas semanas ingrese una tanda de pliegos de jueces y fiscales para cubrir las vacantes más urgentes.

Para dar ingreso a los pliegos, el oficialismo deberá apurar una sesión y así podrá habilitar el giro del pedido del Ejecutivo a la comisión de Acuerdos, un espacio que Patricia Bullrich, jefa de los libertarios, blindó en la Cámara alta para que no haya sobresaltos.

La dificultad con la que se enfrenta el Gobierno es que aún no hay proyectos para llevar al recinto y sin sesión no hay forma de avanzar con los pliegos y designaciones. Es que tras el apabullante ritmo de las extraordinarias, que cerraron con tres sesiones en una semana, parecía que se iba a enfriar la actividad en la Cámara.

Sin embargo, este martes, el oficialismo acordó con las fuerzas aliadas una sesión para el próximo miércoles con el fin de darle ingreso formal a un conjunto de pliegos diplomáticos, militares y judiciales, entre los que está el de Carlos Mahiques, padre del nuevo ministro de Justicia y quien esperaba la aprobación del Senado para seguir 5 años más como miembro de la Cámara Federal de Casación Penal ya que llegará a la edad de jubilarse.

Pero respecto a los cargos que restan cubrir en el Poder Judicial, la intención de Mahiques -tal como informó Clarín– sería revisar la primera nómina que incluiría entre 30 y 50 nombres para definir después los pliegos que se enviarán al Congreso.

Siempre como anticipó este diario, la intención del nuevo ministro sería cubrir en una primera instancia los puestos que están vacantes en las cámaras civiles, de familia y obviamente en los tribunales de Comodoro Py.

Los últimos datos del Consejo de la Magistratura revelan que hay en trámite 78 concursos para cubrir distintos cargos judiciales. En el Consejo, hay 157 vacantes que están siendo tramitadas mientras que en el Ejecutivo la cifra asciende a 203 cargos. En el Senado no hay pliegos pendientes de tratamiento.

Las cifras no se distancia demasiado de los números que la ex senadora y actual legisladora porteña Guadalupe Tagliaferri dio en una de las últimas sesiones del año pasado cuando presidía la comisión de Acuerdos. En aquel momento planteó que había 337 vacantes distribuidas entre el Poder Ejecutivo y el Consejo de la Magistratura.

Sin duda uno de los focos de atención estará puesto en los juzgados electorales. Hasta el momento están vacantes los tribunales de Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Corrientes, Tucumán, Río Negro y San Juan. La nominación de los candidatos será parte de la rosca política que se abrirá entre el Gobierno, los gobernadores y los senadores.

Lo cierto es que el tema judicial podría pasar a ser una prioridad para el Gobierno dada la proximidad de las elecciones de 2027. En rigor, Karina Milei como Santiago Caputo buscaron desde el primer día de gestión meterse en la discusión por la designación de jueces y fiscales.

Incluso llegaron a tener conversaciones con el kirchnerismo pero lo cierto es que el Gobierno tenía problemas de coordinación interna. En rigor no llegaban a definir quién era el interlocutor que definía los nombres para cubrir las vacantes.

Tampoco tuvieron virtudes para buscar los consensos con la oposición dialoguista y el panorama se hizo aún más complejo con la nominación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema de Justicia, cuyos pliegos fueron rechazados por el Senado en un gesto histórico luego de que Javier Milei los quisiera imponer por decreto.

Tras la caída de los pliegos de Lijo y García-Mansilla, el Gobierno se vio obligado a enfriar, primero, la discusión por los dos cargos que aún están pendientes en el máximo tribunal, y luego evitar que la polémica tenga efecto sobre la nominación de jueces y fiscales.

Frente a ese escenario, el oficialismo, que estaba en minoría y venía siendo golpeado con votaciones adversas en el Congreso durante todo el año pasado, decidió postergar todo hasta después de las elecciones legislativas.

Con un resultado favorable en octubre, La Libertad Avanza pudo aumentar su poder en el Senado y ahora cuenta con una mayoría que le permite hasta acariciar los dos tercios que exige el reglamento para la designación de los ministros de la Corte.

Pero, en principio, la Casa Rosada tiene previsto cubrir los puestos más urgentes de la estructura judicial. Incluso Sebastián Amerio, el nuevo procurador del Tesoro y ex segundo de Mariano Cúneo Libarona en el Ministerio de Justicia, le había prometido a la Corte que a partir de marzo el Gobierno iba a comenzar a mandar al Senado los pliegos de jueces y fiscales.

El oficialismo tiene viento a favor para avanzar con las nominaciones porque controla la comisión de Acuerdos. La presidencia quedó en manos del riojano Juan Carlos Pagotto, y Bullrich se encargó de rodearlo de oficialistas y aliados dejando sólo 3 de las 17 sillas para el peronismo K.

Además de Pagotto y Bullrich, la comisión tiene a dos fieles de Karina Milei como Nadia Márquez y Agustín Coto, quienes fueron los candidatos de la hermana del Presidente en la fallida operación para reemplazar a Bartolomé Abdala en la presidencia provisional del Senado.

A ellos se suman otros tres firmes aliados al Gobierno como el correntino Carlos “Camau” Espínola, el misionero Carlos Arce y la salteña Flavia Royón, mientras que el PRO marca presencia con Martín Goerling.

En tanto, el radicalismo tendrá tres lugares que serán ocupados por Maximiliano Abad, Mariana Juri y Carolina Losada. Y para completar la estrategia del oficialismo se incorporó a la comisión la tucumana Sandra Mendoza, quien responde al gobernador Osvaldo Jaldo tras abandonar el bloque Justicialista comandado por José Mayans para integrar Convicción Federal, el espacio liderado por la peronista anti K Carolina Moisés.

Para el recinto, los libertarios, que cuentan con 21 bancas propias, no tendrán problema para reunir los 37 legisladores que se exigen para el quórum y la mayoría simple que se necesita para aprobar los pliegos de jueces y fiscales.