piden la nulidad de la condena a Lucas Pertossi

La Defensoría del Pueblo de Casación de la provincia de Buenos Aires solicitó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación la nulidad de la condena contra Lucas Pertossi, uno de los ocho jóvenes sentenciados por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero de 2020 a la salida de un boliche en la ciudad balnearia de Villa Gesell.

Pertossi fue condenado a 15 años de prisión como partícipe necesario del homicidio, pena que también recayó sobre Blas Cinalli y Ayrton Viollaz.

En tanto, Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Luciano Pertossi y Ciro Pertossi recibieron reclusión perpetua como coautores del delito de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía.

El planteo ante la Corte
La presentación fue realizada in pauperis por el abogado Ignacio Nolfi, luego de que la Suprema Corte de Justicia bonaerense rechazara el recurso extraordinario federal impulsado por el defensor Hugo Tomei.

En el escrito, la defensa solicita que se disponga un nuevo juicio oral y público con “garantía de defensa técnica independiente y diferenciada”.

Según el planteo, durante el proceso llevado adelante en el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores se habría vulnerado el derecho de defensa de Lucas Pertossi debido a presuntos “intereses contrapuestos entre los acusados” que, no obstante, compartieron el mismo patrocinio legal.

Entre los argumentos expuestos, el abogado señala supuestas imprecisiones en la determinación del hecho atribuido a Pertossi, eventuales irregularidades desde la etapa de instrucción y una presunta construcción de un relato que —según la defensa— no coincidiría plenamente con las pruebas incorporadas al expediente.

Asimismo, se cuestionan testimonios iniciales, aspectos de las audiencias y el razonamiento jurídico de los magistrados que intervinieron en el caso.

La defensa sostiene que la participación de Lucas Pertossi en el ataque habría sido distinta a la del resto de los condenados y que esa diferencia no fue debidamente considerada al momento de fijar la responsabilidad penal.

Ahora será la Corte Suprema la que deberá analizar si admite el planteo y revisa la resolución, en un caso que conmocionó al país y generó un fuerte debate social sobre la violencia grupal.