DNU y reforma de la SIDE: qué cambios dispuso el decreto del 2 de enero y cuál es el punto que generó más polémica

El 2 de enero, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo dispuso una reforma integral del sistema de inteligencia. La norma introdujo cambios estructurales en la organización, competencias y funcionamiento de la histórica Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), modificando puntos centrales de la Ley de Inteligencia Nacional.

El argumento oficial fue que se trataba de una modernización destinada a “ordenar”, “profesionalizar” y “hacer más eficiente” el esquema de inteligencia, en un contexto de nuevas amenazas vinculadas al crimen organizado transnacional, el terrorismo y los delitos informáticos. Sin embargo, varios artículos encendieron alarmas en la oposición y en organismos de derechos civiles, que cuestionaron el contenido y el instrumento elegido.

Ahora con la nueva ley que prepara el Ejecutivo y que, según fuentes libertarias, el Presidente pretende enviar durante marzo al Congreso, la apuesta oficial es que la iniciativa complemente al polémico DNU con la posibilidad, también, de incorporar parte de su articulado.

Uno de los ejes del DNU fue la reorganización de la SIDE, dándole mayores atribuciones para coordinar y centralizar la producción de inteligencia estratégica.

El decreto dispuso la creación y redefinición de áreas específicas, entre ellas: una Agencia Nacional de Contrainteligencia, una Agencia Federal de Ciberinteligencia, un Centro Nacional de Ciberseguridad y una Comunidad de Inteligencia Nacional.

Según el texto oficial, la intención fue delimitar con mayor claridad las funciones y evitar superposiciones entre dependencias. También se estableció que las actividades de inteligencia tendrían carácter encubierto, reforzando el principio de confidencialidad.

El artículo que generó mayor controversia fue el que habilitó al personal de inteligencia a “aprehender” personas en determinadas circunstancias, como en casos de flagrancia o en el marco de tareas específicas vinculadas a la seguridad nacional, con posterior comunicación a las autoridades competentes.

Desde el Gobierno se sostuvo que esa disposición no implicaba convertir a la SIDE en una fuerza de seguridad, sino que contemplaba situaciones excepcionales y operativas, similares a las que pueden ejercer otros funcionarios del Estado ante un delito en curso.

Para críticos y especialistas, en cambio, el punto abrió una zona gris delicada: la posibilidad de que agentes de inteligencia -que no son policías ni fuerzas federales- ejerzan una atribución típicamente asociada a la coerción penal. La discusión se centró en si esa facultad invade competencias reservadas a las fuerzas de seguridad y al Poder Judicial.

El DNU también redefinió mecanismos de coordinación interna y de intercambio de información entre organismos del Estado. La SIDE quedó con mayor capacidad de centralización y planificación estratégica.

Si bien el sistema mantiene controles parlamentarios a través de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso de la Nación Argentina, sectores opositores señalaron que la ampliación de facultades exigía un debate legislativo previo y no una decisión por decreto.

La oposición cuestionó que no existiera una situación de urgencia que justificara reformar por decreto una materia tan sensible como la inteligencia estatal. Desde el oficialismo respondieron que la reorganización era impostergable y que el Congreso conserva la potestad de revisar o rechazar el DNU.