Venezuela aprueba ley de amnistía, pero con amplias exclusiones
El gobierno de Venezuela aprobó una esperada ley de amnistía que podría liberar a cientos de presos políticos, tras incorporar excepciones que obligarán a muchos a enfrentar un sistema judicial ampliamente cuestionado y probablemente excluirán a numerosos líderes opositores del beneficio.
La medida —aprobada por unanimidad y promulgada de inmediato por la presidenta interina, Delcy Rodríguez— no se aplica a quienes hayan promovido, apoyado o participado en “acciones coercitivas” contra el país y su pueblo por parte de gobiernos extranjeros. Esas son acusaciones que el régimen, durante casi tres décadas, ha utilizado contra dirigentes opositores para inhabilitarlos o enviarlos a prisión.
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Rodríguez dijo desde el palacio presidencial tras firmar la ley que este es un episodio profundo de reflexión y aseguró que muestra a Venezuela y al mundo de lo que son capaces y de la generosidad que están ofreciendo como actores políticos con esta ley.
La norma también establece que quienes soliciten la amnistía deberán obtener aprobación judicial, ya sea en persona o, si se encuentran en el extranjero, a través de un abogado. Eso implica que muchos tendrían que comparecer ante jueces que los acusaron o encarcelaron, dentro de un sistema que observadores democráticos han calificado de corrupto bajo el dominio de un solo partido.
Aunque el gobierno interino presenta la medida como histórica, ambas disposiciones la alejan de la legislación amplia que muchos esperaban. La oposición cuestionó el requisito judicial, pero finalmente votó a favor.
Quienes se beneficien de la amnistía no deberían someterse a procedimientos restrictivos, sino recibir un trato preferencial, dijo la diputada opositora moderada Nora Bracho durante el debate.
Aun así, la oposición no cuenta con suficientes escaños en la Asamblea para inclinar la votación en ningún sentido. Finalmente respaldaron la propuesta por su compromiso con la libertad de los presos políticos y de quienes han sido perseguidos, señaló Bracho.
Desde que Estados Unidos capturó al presidente Nicolás Maduro, el gobierno interino de Venezuela ha dicho que ha liberado a casi 900 personas como gesto de paz. Sin embargo, los venezolanos se han mostrado cautelosos ante la posibilidad de que los cambios no sean duraderos y de que el partido gobernante esté más enfocado en la imagen para convencer a la administración Trump de su cooperación.
Organizaciones independientes han verificado cerca de la mitad de las liberaciones anunciadas por las autoridades y han criticado las condiciones impuestas. Muchos de los excarcelados permanecen bajo arresto domiciliario u otras restricciones.
La ley de amnistía no elimina automáticamente esas condiciones. Las inhabilitaciones que pesan sobre ciertos miembros de la oposición para ejercer cargos públicos continúan vigentes.
No está claro si Estados Unidos aceptará los términos de la amnistía. El Departamento de Estado no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
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La oposición logró algunas concesiones: la propuesta original solo se aplicaba a personas detenidas en torno a nueve hechos políticos, incluida la elección presidencial de 2024. La versión más reciente abarca 12 eventos, entre ellos el levantamiento de 2019 durante el gobierno interino del líder opositor Juan Guaidó. Aunque ese episodio incluyó a miembros de las Fuerzas Armadas, estos fueron excluidos explícitamente de la amnistía.
Incluso cuando no está explícito en la ley, una comisión de legisladores “corregirá” lo que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, reconoce como errores en el uso indebido de la ley contra el odio, atendiendo parcialmente otra demanda de familiares, disidentes y activistas.
Los tribunales deberán revisar las solicitudes de amnistía en un plazo de 15 días y se permitirán apelaciones. Si son aprobadas, las autoridades policiales y militares deberán cesar cualquier acción penal, civil y disciplinaria contra los beneficiarios, detener solicitudes de extradición y eliminar los registros relacionados.
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La ley no se aplicará a quienes estén acusados de violaciones graves de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, narcotráfico a gran escala y delitos contra el patrimonio público.
Los legisladores también añadieron un artículo final que establece que quienes se beneficien de la ley y cometan delitos después de su entrada en vigor serán procesados.
GZ
Fuente: www.perfil.com
