fuerte operativo de seguridad ante la marcha al Congreso

En la antesala del tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, el Gobierno nacional decidió endurecer las medidas de seguridad para la movilización prevista este jueves 19 de febrero frente al Congreso.

El Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por Alejandra Monteoliva, anunció que intensificará los controles en la protesta impulsada por sectores sindicales y organizaciones piqueteras, en una jornada atravesada además por el paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT).

Mientras la central obrera confirmó la huelga pero aclaró que no movilizará al Congreso, distintos gremios y espacios sindicales enrolados en el Frente de Sindicatos Unidos sí anticiparon su presencia en la calle. Entre ellos se encuentran la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Federación Aceitera (FTCIODyARA) y la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), además de las dos CTA.

También confirmaron movilización organizaciones sociales como la Corriente Clasista y Combativa (CCC), liderada por Juan Carlos Alderete, junto a sectores de izquierda y agrupaciones piqueteras.

La decisión oficial llega luego de los disturbios registrados la semana pasada en una manifestación contra la reforma laboral, donde se arrojaron bombas molotov contra efectivos policiales y fueron judicializadas 26 personas.

Según trascendió, entre las medidas que analiza la cartera de Seguridad figuran:

Revisión de mochilas.

Regulación del uso de banderas.

Control de camionetas y micros que transporten manifestantes

Vallado preventivo en las inmediaciones del Congreso y la Casa Rosada.

Desde el Ministerio aseguraron que el objetivo es “prevenir riesgos y mantener la seguridad” sin afectar la integridad de manifestantes ni fuerzas de seguridad. También recordaron que las requisas sin orden judicial solo pueden realizarse ante presunción razonable de delito y deben quedar formalizadas mediante acta, con comunicación inmediata al Ministerio Público Fiscal.

Desde la Casa Rosada relativizan el alcance de la convocatoria, al considerar que el paro de transporte limitará la afluencia de manifestantes.

Además, los gremios más numerosos y organizaciones como el Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) adelantaron que participarán con delegaciones reducidas o mediante actividades locales, como cortes y ollas populares.

La decisión de la CGT de no movilizar generó críticas desde la izquierda. Los diputados Myriam Bregman y Nicolás del Caño, del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS–Frente de Izquierda), cuestionaron que la conducción sindical haya convocado a un paro “sin movilización”, y llamaron a una concentración masiva en el Congreso para frenar la reforma.

Bregman advirtió que existe “una bronca bárbara” y planteó que el proyecto debe ser “enfrentado y derrotado en las calles”, mientras que Del Caño sostuvo que la medida de fuerza debería transformarse en un paro activo para tener mayor impacto político.

El Congreso debatirá la reforma laboral en un clima de fuerte tensión política y social. Con negociaciones abiertas y un escenario parlamentario ajustado, el oficialismo buscará aprobar la iniciativa mientras en las calles se desarrollará una pulseada entre el endurecimiento de los controles oficiales y la capacidad de movilización de los sectores que rechazan el proyecto.

El resultado de la sesión y el desarrollo de la protesta marcarán un nuevo capítulo en la disputa por una reforma que divide al arco político y sindical del país.