Procesaron al ex titular de la ANDIS Diego Spagnuolo por fraude al Estado y coimas

El juez federal Sebastián Casanello procesó a Diego Spagnuolo, el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) por las irregularidades detectadas en la compra de medicamentos en el marco del organismo, durante la actual gestión. Sin prisión preventiva, se le atribuyó al ex funcionario los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública nacional, y cohecho pasivo.

Todas las acusaciones concurren con otro delito mayor: haber sido jefe de una asociación ilícita. El embargo trabado es de $ 202.828.725.464. La cifra guarda relación con el perjuicio ocasionado a través del direccionamiento de las compras de medicamentos, el beneficio a favor de unas pocas empresas, el sobreprecios aplicado. La maniobra representó un daño al Estado de $30.337.220.919,77.

Luego de una exhaustiva investigación, explicó el juez Casanello, se dio por corroborado aquello que expuso el fiscal federal Franco Picardi: “ciertas personas (funcionarios/as de la ANDIS y del sector privado vinculado al rubro de la salud), de manera coordinada y bajo acuerdos espurios, “integraron una organización delictiva a los fines de cometer ilícitos que les permitió obtener amplias sumas de dinero de manera indebida, en perjuicio de la administración pública”.

Se ponderó que el perjuicio ocasionado, tuvo un sector particular afectado: la poblacional con discapacidad, y especialmente vulnerable que goza pensiones no contributivas y no posee otra cobertura de salud (lo que abarca a madres con 7 hijos, mayores de 70 años en situación de pobreza, entre otros”)”.

En palabras del fiscal, la agencia habría funcionado, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, como “el centro de operaciones” de diversas actividades ilícitas; esto es, “como una ventanilla de pagos millonarios, permanentes y direccionados, adjudicados en procedimientos fuera del marco legal que no garantizaban los principios de concurrencia, publicidad ni transparencia; como una ventanilla de pagos con sobreprecios en beneficio de proveedores con vínculos con los/as funcionarios/as al mando; y, además, como una ventanilla administrada y/o co-gestionada por agentes externos/as con fuerte influencia en el sector de salud, especialmente droguerías y firmas de insumos de alto costo”.

Al avanzar con la investigación que derivó en el procesamiento de 18 personas donde se incluye a Miguel Ángel Calvete, a Daniel Garbellini y al propio Spagnuolo, el fiscal también identificó, como parte de aquellas actividades delictivas, la existencia de “pagos indebidos a funcionarios/as de la agencia “a cambio de asegurar, gestionar y garantizar la ejecución” de las maniobras expuestas”.

En ese sentido, el juez Casanello llamó a indagatoria a todos los involucrados en la estructura de corrupción. Después del tiempo transcurrido, evaluó los elementos de prueba que sustentan la imputación del Ministerio Público Fiscal y convalidó la estructura jurídica expuesto por Franco Picardi.

El juez concluyó que todos los indagados integraron una asociación ilícita –según el rol atribuido en cada caso- que desplegó sus actividades delictivas, al menos, diciembre de 2023 hasta octubre de 2025, y que estuvo destinada a cometer ilícitos contra la administración pública, puntualmente dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad, y obtener ganancias indebidas en desmedro del erario público a través de maniobras fraudulentas ejecutadas en el marco de contrataciones direccionadas y con sobreprecios, lo que incluyó la promesa y entrega de dádivas a funcionarios públicos”.

Las contrataciones amañadas -explica la resolución de 703 páginas-, se vincularon con procesos de compra o adquisición de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia, conocidos como PACBI, las que se caracterizan por tener un “costo económico elevado o un tratamiento prolongado, como las prácticas quirúrgicas de alta complejidad que se realizan una vez, así como también medicamentos biológicos para enfermedades “raras” y/o graves y otros nuevos medicamentos de administración crónica”.

La provisión de estas prestaciones para aquellos beneficiarios de pensiones no contributivas que no cuentan con otra cobertura de salud se encuentra a cargo del Programa Incluir Salud de la ANDIS, y tiene como principal destinatario al sector poblacional con discapacidad o especialmente vulnerable (lo que abarca a madres con 7 hijos, mayores de 70 años en situación de pobreza, entre otros).

La organización, remarcó el juez Casanello, “estuvo abocada a generar millonarias sumas de dinero para sus integrantes de manera ilegal, en detrimento del erario público y en particular de la población con discapacidad y especialmente vulnerable.

Para ello utilizó un sistema irregular de contratación de insumos y medicamentos, PACBI, que contravino la normativa vigente y que permitió el direccionamiento de los procesos de compra, la cartelización, la discrecionalidad en la distribución de pagos y la violación de los principios legales que deben guiar toda contratación pública (publicidad, transparencia y concurrencia de oferentes), con la inclusión de personas ajenas a la agencia en la toma y ejecución de decisiones”.

Al detallar la maniobra delictiva, se explicó que mediante el uso direccionado del aplicativo SIIPFIS (Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones), implementado en la ANDIS en junio de 2024, se canalizaban las compulsas de precios de medicamentos e insumos PACBI), se “manipularon las contrataciones en beneficio de determinadas droguerías y firmas proveedoras de insumos vinculadas a los miembros de la organización delictiva”.

El resultado de ese circuito, se tradujo en la “obtención indebida de millonarias sumas de dinero. Se implementó un sistema de compulsas de precios “especial” -paralelo al general- al que sólo eran invitadas a participar este grupo reducido de firmas, en el que se distribuían de antemano las asignaciones, simulando una competencia que no era tal (con oferentes ‘pantalla’ que, en ocasiones, siquiera cotizaban los tickets) y elevando sustancialmente los precios”.

La maniobra se completó con pagos indebidos -dijo Casanello-, a determinados funcionarios públicos de ANDIS, como contraprestación a que se digitaran -en favor de intereses particulares ajenos a los de la administración- las contrataciones y se garantizaran agilidad y prioridad en el cobro”.

Para poner en práctica esa operatoria ilícita, se posibilitó que personas ajenas a la ANDIS tuvieran intervención directa en el Programa Incluir Salud, en las contrataciones PACBI del organismo e intervinieran en la administración de los recursos dinerarios de la agencia para obtener beneficios económicos.

Entre otras maniobras detectadas, se habilitó el acceso de actores privados al sistema SIIPFIS por medio de la entrega de permisos de usuarios pertenecientes a funcionarios públicos: esos actores privados, de ese modo, realizaron directamente las gestiones que necesitaban para consumar sus ilícitos en el sistema de compulsas de precios.

Fue en ese momento en el juez el magistrado, señaló que por el rol de los ex funcionarios que incumplieron con sus deberes, personas como Pablo Atchabahian y Miguel Angel Calvete -junto a otros integrantes de esta organización- pudieron intervenir en las decisiones del organismo, influenciando indebidamente y haciendo valer sus vínculos estrechos con las droguerías beneficiarias y laboratorios.

Así, la ANDIS, bajo la conducción de Spagnuolo benefició de forma irregular a un grupo de empresarios vinculado a las droguerías ue “operó directamente y participó de la dirección de la voluntad de la administración a través de los funcionarios infieles quienes se presume resultaron beneficiarios de contraprestaciones indebidas por las acciones ilícitas que desplegaron a través de sus cargos”.

En consecuencia, se direccionaron las compulsas de precios y la asignación de pagos; habilitando que se adquieran medicamentos de alto costo “con elevados sobreprecios”.

A partir del mencionado esquema de direccionamiento indebido de contratos en favor de determinadas empresas, detalló en su resolución el juez Casanello, se produjeron importantes sobreprecios en determinados medicamentos, tales como ´Burosumab 20 mg.´, ´Burosumab 30 mg.´, ´Guselkumag 100 mg.´, ´Daratumumab 400 mg.´, ´Selexipag 0.2 mg.´, ´Epoprostenol 1,5 mg.´, ´Macitentan 10 mg.´ y ´Abemaciclib 150 mg.´.

En particular, a través del sistema de compulsas “especiales” se invitaba a cotizar a cuatro oferentes -droguerías Profarma SA, Génesis SA, Floresta SA y New Farma SA-, dos de los cuales cumplían un rol de competencia aparente.

De esta forma se logró el direccionamiento y la cartelización, obteniendo en dicho marco 21 licitaciones “acotadas”, en las que se confeccionaron órdenes de compra por un total de $30.337.220.919,77 en el período referido principalmente hacia las Droguerías Profarma S.A. y Génesis S.A.

Esas dos droguerías, resultaron adjudicatarias del 93,11% de este tipo de procesos. Dichos direccionamientos tuvieron por resultado la adjudicación de compras por $28.247.022.880 en el caso de las compulsas acotadas de medicamentos para las empresas Profarma y Génesis -período julio 2024/agosto 2025-.

Por su lado New Farma S.A. y Floresta S.A., resultaron adjudicatarias del 51,67% de los $13.328.004.541 adjudicados en 2025 (hasta el mes de agosto), y del 50,36% de los $5.117.817.946, adjudicados entre septiembre de 2024 a fin de ese año, en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados, lo que arrojaría un total de $9.514.743.020.