Reforma laboral: el Gobierno evitó el paro general y se prepara para enfrentar a la CGT en la calle


Aunque solo faltan cinco días para que el Senado discuta la reforma laboral, en el Gobierno aguardaron con calma la reunión en el consejo directivo de la CGT. Apostaban a que, tal como ocurrió, no habría consenso entre los gremialistas para convocar al cuarto paro general de la central obrera contra la administración de Javier Milei, como reclamaban los sectores más duros del sindicalismo que sí podrían hacer huelga en sus actividades.
En el oficialismo esperan más tensión en la calle que dentro del recinto, aunque Patricia Bullrich, que controla el ministerio de Seguridad a través de Alejandra Monteoliva, descarta un escenario de conflicto como el de la movilización contra la ley de cálculo previsional en diciembre de 2017, durante la gestión de Mauricio Macri. De todos modos, funcionarios importantes del área siguen con preocupación la convocatoria.
La CGT quiere hacerse sentir en la Plaza del Congreso y autorizó movilizaciones en todo el país. Más allá de la promesa eterna del Gobierno de aplicar siempre el protocolo anti-piquetes, en la Rosada y en la Cartera de Seguridad ya reconocieron que no pueden bloquear movilizaciones multitudinarias. Sí habrá inexorablemente un despliegue de fuerzas federales para custodiar el Congreso y vallas.
Las advertencias en sentido contrario sirven nada más que para disuadir a manifestantes independientes. Los estatales de ATE ratificaron el paro general para el 11 y el Gobierno volverá a insistir con la amenaza de descontarles el día a quienes se plieguen.
La Casa Rosada ya había logrado aislar el reclamo de la central obrera de la posición mayoritaria de los gobernadores, que apoya la ley y está más concentrado en no resignar demasiados recursos. Los mandatarios provinciales del peronismo que se oponen a la reforma tuvieron que dar de baja la reunión ecuménica en el Consejo Federal de Inversiones del lunes a la que habían convocado.
Los ejecutivos provinciales del PJ más alejados de la Casa Rosada se habían reunido a solas con la central obrera el jueves. “En la reunión que tuvimos con la CGT planteé que era necesario un plan de lucha, una resistencia a través de un paro general de 24, 48, 72 o 96 horas y después por tiempo indeterminado, con movilización”, sostuvo al respecto el riojano Ricardo Quintela en declaraciones a Radio Con Vos.
El mandatario provincial, uno de los pocos que no se reunió con Diego Santilli desde que asumió el ministerio del Interior, quedó más aislado, igual que los sectores más duros del sindicalismo. Pablo Moyano, alejado de la conducción de la CGT había presionado a principios de la semana y pidió voltear la reforma.
El dirigente camionero ensaya una sociedad con la organizaciones sociales de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular que ahora conduce Alejandro Gramajo, referente del Movimiento Evita de Emilio Pérsico.
“Si hay o no paro, nos da lo mismo. No va a cambiar nada”, afirmaron antes de la previa cerca de Santiago Caputo, una de las voces más provocadoras del Gabinete, pero uno de los interlocutores preferidos de varios pesos pesado de la CGT con el Gobierno. Fue, por ejemplo, el encargado de contener a Gerardo Martínez, luego de que el jefe de la UOCRA y gremialista preferido de la CGT pegara un portazo del Consejo de Mayo en el que se discutió la reforma.
El Gobierno había logrado también que la anunciada cumbre entre la cúpula de la central obrera y dos gobernadores de centro como el santafesino Maximiliano Pullaro y el cordobés Martín Llaryora quedara desactivada. Los dos referentes de Provincias Unidas habían reclamado a viva voz una baja de impuestos para pymes.
El Gobierno cree que los mandatarios provinciales están presionados por su propia base electoral que aprueba a nivel nacional la gestión de Milei y el proyecto de reforma laboral. Sindicalistas y organizaciones sociales marcharon el jueves en Córdoba y volverán a confluir en Rosario el lunes. El secretario general de ATE Rodolfo Aguiar insultó a los mandatarios provinciales.
Antes de que Milei se cruce con Pullaro, este sábado en San Lorenzo para entregar el sable corvo de San Martín al regimiento de granaderos, la plana mayor del Gobierno atacó al gobernador radical.
Luis Caputo le exige al gobernador que liquide los US$ 800 millones de dólares que consiguió a fines de 2025 con el aval de Economía. “Perdió $ 120 mil millones en dos meses. Una lástima, y una especulación sin sentido, ya que sus gastos son en pesos y le hubiera ahorrado toda esa fortuna de plata a los santafesinos”, escribió el ministro. El mandatario radical había criticado a Caputo por decir que nunca había comprado ropa producida en la Argentina.
Fuente: www.clarin.com



