Amenazas a un juez en San Martín: irrumpen con armas blancas en su despacho para reclamar por detenidos

Unas 20 personas irrumpieron en un Juzgado de San Martín donde fueron a reclamar por la detención de ocho personas, entre ellas dos menores, en el marco de una causa por la usurpación de un edificio y venta de droga, y amenazaron a los funcionarios que se encontraba allí.

El hecho ocurrió este miércoles por la mañana en la sede del Juzgado de Garantías N° 5 de San Martín, a cargo del magistrado Nicolás Schiavo, quien no estaba presente en ese momento. Hubo amenazas con armas blancas y daños, y la Justicia inició una causa penal para tratar de identificar a los agresores.

Todo comenzó cuando unas 20 personas irrumpieron en la sede judicial de manera violenta. “Llevaban armas blancas”, contó a Clarín una fuente de la investigación.

El ataque duró varios minutos y terminó con una empleada de mesa de entradas atendida con un ataque de pánico.

De acuerdo a las fuentes, estas oficinas, ubicadas en la calle Pueyrredón al 3500 de San Martín, no cuentan con cámaras de vigilancia ni seguridad.

“Es un hecho grave, pero no responde a una banda organizada porque una banda organizada no amenaza mandando una patota porque sabe que después de eso tenés muy poca probabilidad de zafar”, indicó el investigador consultado.

En tanto, fuentes policiales dijeron la situación fue controlada rápido y que no daños materiales significativos.

El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires expresó este miércoles por la tarde su “profunda preocupación ante el ataque perpetrado contra un juzgado del Departamento Judicial San Martín por un grupo de aproximadamente veinte personas que portaban armas blancas, en represalia por la detención de integrantes de una organización dedicada al narcotráfico!.

Mientras que la Asociación de Magistrados y Funcionarios de San Martín (AMFSM ) también emitió un comunicado en sus redes sociales en el que consideraron que “han puesto en riesgo la seguridad e integridad tanto de los agentes judiciales como del público en general”.

“Asimismo, exhortamos a garantizar, con carácter urgente, las condiciones de seguridad indispensables en todas las dependencias de la Suprema Corte y del Ministerio Público Departamentales, a fin de resguardar a los trabajadores y usuarios del servicio de justicia y asegurar el normal y adecuado funcionamiento de las tareas judiciales”, agregaron.

Un funcionario judicial consultado por este medio señaló que este tipo de situaciones se dan reiteradas veces en las sedes de las fiscalías y juzgados, y culpó a los abogados defensores de prometerles a los familiares del detenido la liberación cuando, según la causa, no existen pruebas para ello.

“Los defensores particulares transmitieron la garantía de que en la causa no había pruebas y que iban a salir. Esta reacción violenta vino luego de que les dijeron que se quedaban presos. Es bastante común en los conflictos con los abogados particulares, porque están cobrando y les dicen que salen”, describió.

La semana pasada, a pedido de una fiscalía de Menores de San Martín ocho personas fueran detenidas en el marco de una investigación por la usurpación de varias familias en un edificio donde funcionaba una fábrica de San Martín. De acuerdo a las fuentes judiciales, allí también se vendían drogas.

Tras la detenciones de estos sospechosos, tres de ellos menores de edad, varias personas irrumpieron en la sede de la fiscalía a los gritos, pero la rápida intervención policial hizo que no pasara a mayores.

En los allanamientos, la Policía se encontró con armas, entre ellas una escopeta calibre 12/70. Y si bien en un primer momento fueron detenidas 14 personas, finalmente quedaron acusadas 8, incluyendo dos de los menores, mientras que el restante es ininmputable.

Por su parte, el juez Schiavo, que también es docente universitario, estuvo años atrás en el centro de la polémica cuando fue denunciado por presunto mal desempeño de sus funciones porque a principios 2007 le otorgó la libertad con tobillera electrónica a Andrés Fernández, quien se convertiría luego en uno de los autores de la denominada “Masacre de Campana”, cometida en julio de 2008 y en la que asesinaron a un matrimonio y sus dos hijos.