Desarrolladores inmobiliarios denuncian que el municipio de Tandil les trabó un proyecto con maniobras ilegales

El escándalo en torno a la habilitación de un desarrollo inmobiliario en unos campos de Tandil llegó a la Justicia. Tres desarrolladores presentaron una denuncia penal contra el intendente radical Miguel Ángel Lunghi, el secretario de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Luciano Lafosse; y el empresario turístico Luis Cerone a quien consideran cercano al jefe comunal, por el “bloqueo ilegal” al emprendimiento.

En duros términos, los desarrolladores Juan Pedro Martín Burs, Roberto Gastón Giove y Jorge Heter, denuncian los presuntos delitos de “defraudación a la administración pública, abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias, estafa procesal, falsedad ideológica y supresión de documento público”. Aseguran que existe “un plan criminal organizado y sistemático ejecutado desde la cúpula del Ejecutivo Municipal de Tandil”.

El conflicto se centra en 250 parcelas de un campo bajo el nombre de “Chacra 274”. El plano de ese campo fue subdividido en 1947, algo que remarcan los desarrolladores. Ponen énfasis en ese dato porque la Ley provincial de ordenamiento territorial se aprobó en 1977 y el Plan de Desarrollo Territorial (PDT) de Tandil en 2007.

Pero la polémica estalló cuando los inversores quisieron avanzar con el desarrollo “Miradores de Monte Cristo”. Afirman que desde ahí el expediente fue paralizado en la Municipalidad de Tandil. Aparecieron objeciones, se denegaron autorizaciones técnicas, e incluso denunciaron la presunta desaparición de fojas del expediente.

Los abogados Juan Pedro Martín Burs y Jorge Heter sostienen ser los “legítimos cesionarios de los derechos hereditarios emergentes de la sucesión de Ángel María Valiente Noailles” pero destacan que al entrar en la propiedad encontraron una precaria vivienda ocupada por Juan Miguel Ramírez. Ante la consulta sobre qué hacía ahí, este hombre repetía que debían dirigirse al empresario local Luis Cerone.

Lo buscaron y el empresario dijo ser el representante de Ramírez. “Exigió la suma de quinientos mil dólares para desinteresar a Ramírez y otros cien mil para los abogados designados” para un futuro juicio del casero para “recobrar la posesión” a su favor.

En la demanda en la que está acusado el intendente radical Lunghi, los inversores se refirieron a la conexión entre Cerone y el Municipio. “El Secretario de Obras Públicas, Luciano Lafosse, ejecuta el bloqueo administrativo no por razones técnicas, sino por obediencia a un tercero particular: Luis Cerone”, dice el escrito al que accedió Clarín.

El secretario de Obras Públicas, Luciano Lafosse, fue consultado por la prensa de Tandil y respondió que el proyecto inmobiliario está frenado porque el predio se encuentra por encima de la cota de 220 metros sobre el nivel del mar y se encuentra ubicado en una zona considerada “área rural no urbanizable” según el Plan de Desarrollo Territorial vigente.

Además, el funcionario acusado se refirió a complicaciones legales vinculadas a una antigua sucesión familiar e insistió que “no está objetado un proceso administrativo sino personas”.

En diálogo con Tandil Despierta, Lafosse remarcó que el Plan de Desarrollo Territorial (PDT) establece que ese sector está catalogado como Zona Rural, por lo que no admite la urbanización. “Y eso no lo plantea ni el Intendente ni el secretario de Obras Públicas; es una legislación municipal con validación provincial”, sentenció.

Por otro lado, defendió el PDT y sostuvo: “Es la creación de 240 lotes que estarían en la naciente de un arroyo que atraviesa la ciudad y en un ambiente de bastante fragilidad por las cuestiones geomorfológicas”.

A su vez, el intendente Lunghi habló en radio LU22 Tandil, y reveló haber solicitado una “cautelar” para frenar el avance del proyecto en curso. Pero para los denunciantes, esa declaración resultó particularmente grave. “El mismo intendente, cuya investigación solicitamos hoy, entre otros delitos por abuso de autoridad, afirmó haber ‘solicitado una medida cautelar’ que, hasta la fecha, no ha presentado ni nos ha sido notificada”, destacaron.