Reforma Laboral: el peronismo y la CGT no suman votos nuevos y ya piensan en judicializar la ley si consigue aprobarse

La CGT y el peronismo mueven fichas para presionar contra la reforma laboral pero en el Senado no consiguen sumar nuevos votos en contra. Más allá de las tensiones por el capítulo fiscal -que si no hay acuerdo podría caerse- el grueso de las bancadas aliadas y federales avalan la ley en general. Por eso ya adelantan que si la norma consigue aprobarse van a judicializarla.

El interbloque “Popular” reúne ahora al bloque Justicialista que conduce José Mayans, los dos legisladores del Frente Cívico de Santiago y a los cinco de Convicción Federal. Si todos se mantuvieran unidos (cosa que no ocurrió, por ejemplo, en la votación del Presupuesto) alcanzarían 28 votos en contra. Lejos de los 37 necesarios para bloquear la norma.

Frente a este panorama, parte de la expectativa está puesta en cómo decante la relación entre los gobernadores y la Casa Rosada. Si la discusión por los fondos, que como contó Clarín viene tensa, se termina de pudrir, podrían llegar a conseguir algún poroto más. Esperan directivas de los mandatarios tras la reunión que están organizando para el miércoles en el CFI.

Sin embargo, saben que es muy poco probable que el desenlace sea tan drástico como para hacer caer la ley, con lo cual ya le advierten al oficialismo que si se aprueba tal como está, van a recurrir a la Justicia para que la frene.

Eso hicieron con el mega DNU 70 y tuvieron éxito: el capítulo laboral fue suspendido y declarado inconstitucional por la justicia, aunque el Ejecutivo tiene una apelación abierta frente a la Corte Suprema.

Sin embargo, en ese caso la Justicia consideró que era inconstitucional no por su contenido en sí, sino porque el decreto no cumplía con el requisito de “necesidad y urgencia” y porque el Presidente no puede emitir DNUs sobre materia laboral.

Pero en este caso el camino es el correcto: giraron una ley para que apruebe el Congreso. Por eso ahora el peronismo apunta a que su contenido es “inconstitucional” y que afecta el “principio de no regresividad” de los derechos laborales.

En el peronismo sentencian que la reforma es un “destrucción del artículo 14 bis” de la Constitución, el que consagra derechos del trabajador, los gremios y la seguridad social. Apuntan que el texto del Ejecutivo “facilita despidos, afecta las indemnizaciones y debilita los convenios colectivos”.

Por otro lado, sentencian que es regresiva: que empeora condiciones existentes, reduce protecciones y traslada más riesgos al trabajador. Y que eso va contra el principio de no regresividad.

Para el bloque es la destrucción de los derechos brindados a los trabajadores por Perón y afecta el corazón de su doctrina.

“La reforma laboral de Milei no tiene nada que ver con esa libertad que tanto pregona. Si los trabajadores y las familias argentinas se quedan sin su derecho a descansar y a tomarse las vacaciones que les corresponden, esa libertad no es más que un discurso”, lanzó este fin de semana el gobernador Axel Kicillof.

El ministro de Interior, Diego Santilli, le contestó: “Kicillof y el kirchnerismo se oponen a bajar Ganancias en la reforma laboral porque quieren que las empresas paguen cada vez más impuestos y se fundan. Para ellos recaudar siempre es más importante que generar trabajo”. Un mensaje que pareció un tiro por elevación al resto de los mandatarios que están reclamando por la baja del impuesto a las ganancias a las sociedades que les significará una caída en la recaudación del 0,15 % del PBI.

En paralelo, el peronismo debe enfrentar sus propias grietas. La diputada y ex ministra de Trabajo, la albertista Kelly Olmos, presentó un proyecto propio de reforma laboral que entre otros puntos, establece una reducción gradual de la jornada de trabajo (de las 48 horas semanales ahora hacia 40 horas en hasta seis años); crea un marco específico para trabajadores de plataformas; y amplia las licencias parentales.

Eso no cayó bien en el ala kirchnerista que tiene un proyecto propio también presentado por la diputada gremialista Vanesa Siley.

En el Senado sentencian que todas las opiniones son válidas, pero que no están promoviendo ningún proyecto propio, sino trabajando codo a codo con la CGT.