Baja de imputabilidad: cómo es el proyecto del Gobierno y cuáles son los tiempos para aprobarlo en el Congreso

El oficialismo apuesta a que el proyecto de Régimen Penal Juvenil recientemente incorporado al temario de extraordinarias de febrero tenga un tratamiento rápido en Diputados -donde el año pasado ya se había discutido y logrado un texto de consenso- aunque estiman que el debate en el Senado se extenderá a marzo.

Por los vaivenes de la política el proyecto dictaminado en mayo del año pasado en la Cámara Baja nunca llegó a votarse en el recinto y tras el recambio de legisladores perdió vigencia con lo cual debe iniciar el camino parlamentario de cero.

A su vez, las comisiones tienen que volver a armarse. De las cuatro que intervienen en la discusión hay dos que ya se integraron en diciembre: Legislación Penal, presidida por la cordobesa bullrichista Laura Rodríguez Machado; y Presupuesto, comandada el también libertario, “Bertie” Benegas Lynch.

Falta que se constituyan las de Familia, Niñez y Juventudes y Justicia. Esta semana habrá reuniones clave para avanzar y Machado, que comanda la comisión cabecera, está dispuesta a convocar cuanto antes.

Con el crecimiento de representación que tuvieron tras la elección en La Libertad Avanza confían que esta vez habrá número para que el texto avance, pero como las bancadas cambiaron su composición deben encarar un nuevo poroteo.

En 2025, con los cambios aceptados por el oficialismo, el texto obtuvo acompañamiento de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID, los radicales “peluca”, e Innovación Federal (el bloque de gobernadores). Mientras que la Coalición Cívica los cordobeses de Martín Llaryora y los radicales disidentes -tres sectores que hoy integran Provincias Unidas- habían firmado en disidencia.

Otros como Nicolás Massot y Natalia de la Sota presentaron su propio dictamen, que mantiene la imputabilidad a partir de los 16 años.

El proyecto que se somete a discusión es el del Ejecutivo, pero también se ponen a consideración la decena de iniciativas presentadas por otros legisladores que tienen estado parlamentario.

El proyecto enviado por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par de Justicia Mariano Cúneo Libarona baja la edad de imputabilidad de los 16 años actuales a los 13.

Establece que son juzgados por el Régimen Penal Juvenil desde los 13 hasta “las cero horas del día en que cumplan los 18 años”.

En el dictamen de mayoría que se había logrado acordar la edad de imputabilidad había quedado impuesta a partir de los 14 años.

La pena de prisión se reserva para delitos graves. Se estipula que “cuando la pena prevista para el delito o concurso de delitos imputados” no supere los seis años de prisión y “ninguno de los hechos reprochados haya implicado la muerte de la víctima, una grave violencia física o psíquica sobre las personas” y “el adolescente imputado no registrare condenas u otros procesos en trámite” el tribunal podrá reemplazar la pena de prisión por amonestaciones, prohibiciones, trabajos comunitarios o monitoreo electrónico.

En el caso de prisión efectiva, no se les puede imponer cadena perpetua: el tiempo máximo de privación de la libertad está planteado en los 20 años.

En el dictamen de consenso el plazo máximo de detención para adolescentes se había bajado a 15 años.

El menor puede ser privado de la libertad en su domicilio, en un instituto abierto o en un instituto especializado de detención, o bien en una sección separada de un establecimiento penitenciario. No pueden estar detenidos en los mismo espacios que los adultos.

Los puntos señalados por la oposición dialoguista apuntan a que no hay infraestructura para poner en práctica ña ley y en las provincias exigen que se garanticen los recursos.

La Ley establece que el nuevo régimen se llevará adelanta con las erogaciones planteadas en el Presupuesto y que “el Jefe de Gabinete de Ministros deberá disponer la reasignación de las partidas correspondientes para el cumplimiento de sus disposiciones”. Se trata de la misma fórmula por la que el Ejecutivo se negaba a cumplir con las leyes de Financiamiento Universitario y Discapacidad aprobadas por la oposición.

Por otra parte, si se aprueba, las provincias después deberán adherir, adecuando sus regímenes procesales.

“Cada provincia tiene su ley de ejecución penal, como tiene su propio servicio penitenciario, su propio ministerio de Justicia y de Seguridad. Son ellos los que reglan cómo se va a aplicar en cada jurisdicción. Nosotros le damos el fondo y el marco lo regla cada provincia”, explica a Clarín Fernando Soto, ex funcionario de Seguridad y actual asesor parlamentario del Senado.

Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, con la ley nacional de tránsito. Hay provincias que adhirieron totalmente, otras parcialmente. Como es una modificación procesal cada provincia debe legislar para adaptar a sus códigos.

En los últimos veinte años, hubo más de 100 proyectos frustrados para establecer un nuevo cuerpo normativo referido a los delitos cometidos por adolescentes y niños.

En el oficialismo plantean que hay regímenes especiales o sistemas de infracciones a partir de los 14 en Chile, Colombia y Perú; de 13 en Guatemala, Nicaragua y Uruguay; de 12 en Brasil y México; y de 7 en Granada y Trinidad y Tobago.