Polémica por un fallo judicial que cuestionaba las requisas y el secuestro de armas blancas de la Policía de la Ciudad

Las detenciones y requisas de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires crecieron exponencialmente en los últimos 9 meses. En junio, una jueza había considerado nulos 126 procedimientos “por no cumplir con los estándares de legalidad, por ser arbitrarias y constituir una injerencia irrazonable en la esfera de intimidad” los afectados.

Ahora la sala IV de la Cámara de Casación Casación y Apelaciones en lo penal, penal juvenil, contravencional y de faltas revocó la decisión de la jueza Natalia Ohman, del juzgado en lo penal y contravencional N°17. Además ordenó apartarla de las causas y que se sortee un nuevo juzgado que intervenga para resolver un centenar de hechos.

La resolución de la cámara fue celebrada por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolf; y su secretario, Diego Kravetz.

“Desde que llegamos a la gestión, incautamos la mayor cantidad de armas impropias en la historia de la Ciudad. Si, un 1.700% más que en el mismo período del 2023”, escribió Kravetz para celebrar la decisión de la Cámara.

En el mismo sentido se expresó Waldo Wolf que posteó en X (ex Twitter): “La cámara revocó el fallo en el que una jueza cuestionaba la incautación de armas blancas en calle y ordenaba su restitución. Desde la Ciudad celebramos el fallo y su contenido, dando un mensaje de cordura para con el accionar policial y la provisión de seguridad ciudadana” .

Para fines de abril el jefe de Gobierno Jorge Macri había anunciado en sus redes sociales el plan “Operativo Especial Orden y Limpieza” junto a una serie de fotos de personas en situación de calle y su posterior desalojo.

Un mes después, la jueza Natalia Ohman detectó durante su turno, entre el 16 y el 30 de junio, 126 procedimientos realizados por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en las que se habían incautado cuchillos tipo tramontina, tijeras y distintos elementos considerados por las autoridades como “armas no convencionales”.

Ante el gran caudal de detenciones estaban basados en el artículo 103 del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires y sanciona a quienes porten “armas no convencionales”.

“Quien porta en la vía pública, sin causa que lo justifique, cualquier tipo de arma no convencional, de aire o gas comprimido, arma blanca u objetos cortantes o contundentes inequívocamente destinados a ejercer violencia o agredir, es sancionado/a con multa de $ 1.000 a $ 3.000 o 5 a 15 días de arresto”, según dice el artículo.

El 19 de junio Ohman le solicitó Federico Tropea, Fiscal Coordinador de Unidad de Flagrancia, “la remisión a la mayor brevedad posible y en un plazo no mayor a las 48 horas corridas, de la totalidad de las actuaciones labradas y especialmente las actas circunstanciadas de los hechos y de secuestro sobre los efectos aludidos, a fin de realizar el debido control jurisdiccional ” respecto de 53 casos.

El fiscal se negó a remitir los sumarios policiales y la jueza falló sumando un total de 126 hechos y los declaró nulos.

“Habiendo repasado las descripciones con las que cuento para realizar el debido control jurisdiccional de las detenciones y requisas las actividades policiales se llevaron adelante sin que el oficial actuante brinde explicaciones precisas que arrojen mayores detalles o indicios que lo llevaran a concluir que debía proceder de tal modo”, había cuestionado la jueza y advierte que sólo se manifestaron situaciones ‘sospechosas’, ‘de merodeo’ o ‘personas merodeando’.

Es por eso que falló: “Todas las detenciones expuestas deben ser declaradas nulas por no cumplir con el estándar de legalidad, por ser arbitrarias y constituir una injerencia irrazonable en la esfera de intimidad de los sujetos afectados.”

Ese fallo provocó una serie de críticas de parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que acusó a la jueza de no permitirles realizar requisas y hasta de pretender que se les devuelvan las armas blancas a las personas detenidas.

Los jueces Luisa María Escrich, Javier Bujan y Gonzalo Viña respondieron a la apelación presentada por el fiscal Tropea y revocaron la decisión de la jueza Ohman.

“Nada de lo dicho aquí, ni una sola palabra, convalida la actuación de los funcionarios policiales en cada uno de los procedimientos comprometidos ni avala, impulsa o consiente política de seguridad alguna”, se ocupó de aclarar el juez Viña en su voto.

Al mismo tiempo consideró que si “se comprobara que las requisas practicadas no estuvieron fundadas en motivos urgentes o situaciones de flagrancia, sino en el ‘merodeo’, la ‘portación de cara’ u otras razones constitucionalmente prohibidas, la actuación policial habrá sido ilícita“.

Los jueces también cuestionaron el procedimiento del fiscal Tropea por negarse a remitir las actuaciones solicitadas por la jueza para controlar las detenciones.

“…Por un lado una magistrada que pretende dirigir la política criminal del Gobierno, transformar casos individuales en resoluciones colectivas y asignarse ese conocimiento tal como si se tratare de procesos colectivos con clara y manifiesta arbitrariedad en su accionar”, criticó Bujan a la jueza Ohman.

Además se refirió a una “violación manifiesta de las formas del proceso en varios actores judiciales” apuntando contra el Ministerio Público Fiscal por negar “las actuaciones y no apelar la resolución que lo ordena sin cumplirla” y también al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que “realiza consideraciones sobre la causa abierta y sobre la magistrada”.

Respecto de la intervención en primera instancia remarcaron que se dio en el “marco de cierta y verificable gravedad institucional con franca violación de reglas constitucionales”.

Los jueces resolvieron anular el fallo de la jueza Ohman, apartarla de las causas y notificar al fiscal y al gobierno de la Ciudad sobre su resolución.

El Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS) presentó un recurso de Amicus Curiae (Amigos del tribunal) para argumentar su opinión respecto del fallo de la jueza.

“Nos presentamos como amicus curiae para acercar argumentos de hechos y de derecho vinculados a este proceso contravencional, en el marco del cual se produjeron numerosas detenciones, identificaciones y requisas sin orden judicial a personas en situación de calle o bajo situación de extrema pobreza”, justificó el organismo en la presentación.

“A estas personas se les secuestraron cuchillos, tijeras y varillas de hierro, entre otras cosas, y se les labraron (…) sin perjuicio que los motivos de su portación eran para desarrollar tareas de subsistencia”, insistieron.

La solicitud del CELS no fue tenida en cuenta por la cámara que no los convocó a participar de la audiencia en la que resolvieron.

Agustina Lloret, Coordinadora de Litigio y defensa legal del CELS, opinó: “Se ve claro dentro que lo que hay detrás de esta política criminal es una disputa por el espacio público”.

Además, consideró “malo” el fallo de la cámara porque “termina consolidando una práctica policial y del Ministerio Público Fiscal”: “Es curioso que en vez de establecer controles judiciales serios, ante una problemática de detenciones arbitrarias donde el rol de la justicia es de control, la acusen a Ohman de haber colectivizado casos. Ellos hacen lo mismo: están más preocupados por el debido proceso que por determinar si se están persiguiendo a personas en situación de calle y negándoles el acceso a un control judicial efectivo”, afirmó en diálogo con Clarín.

Y agregó: “Se van a un análisis puramente burocrático cuando está en juego los derechos de personas en situación vulnerable”.

Para Lloret hay una especie de encerrona entre las consideraciones de la Cámara y el proceso real ante estas detenciones. Para que la Policía de la Ciudad de Buenos Aires requise a una persona ante una situación que considere de riesgo debe haber, necesariamente, una detención convalidada por el fiscal de turno.

Aunque el procedimiento se realice en la vía pública, sin traslado a una comisaría o sin que se concrete una aprehensión, el fiscal debe convalidar el procedimiento y se debe labrar un acta contravencional. Pero, excepto que derive en una actuación penal, no dan intervención al juez ni a los defensores oficiales.

Lo que ocurre en muchos de estos casos es que no pasan del secuestro y una especie de advertencia. Casi ninguna de estas causas llegan a un juicio, ni siquiera a una sanción real más allá del secuestro de las pertenencias.

“Queda en la nada. El ministerio público fiscal actúa con la policía, convalida las detenciones y estos secuestros, labran un acta y queda en la nada. Nunca lo analiza un juez, no hay control judicial. Se está creando un estado de excepción policial que termina interviniendo en los derechos de personas en situaciones particularmente vulnerables, ni siquiera llega a un defensor oficial”, cierra Lloret.