La Justicia abrió la feria judicial y todas las causas que indagan sobre la corrupción en la AFA se investigarán durante enero

La justicia comenzó este viernes su feria judicial de enero, el receso de verano donde solo se analizan las causas que requieren decisiones urgentes. Salvo que específicamente los jueces la habiliten para seguir trabajando. Y eso fue lo que ocurrió en las causas penales en las que se investiga a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y sus principales dirigentes.

Los tres expedientes seguirán con sus medidas de prueba y su investigación durante enero, informaron a Clarín fuentes judiciales. Se trata de las causas por presunto lavado de dinero y desvío de fondos de la AFA a través de la empresa Sur Finanzas y de TourProdEnter, la compañía de Javier Faroni; la compra de la mansión en Pilar que se le atribuye al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino; y la evasión de aportes previsionales y de impuestos por parte de la asociación en la que, entre otros, fue imputado su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia.

Los jueces de esas investigaciones decidieron en los últimos días que las causas no tenían que frenarse durante enero y por lo tanto decidieron habilitar la feria judicial para seguir trabajando. Los expedientes tienen medidas en marcha y se esperan definiciones durante el mes.

Luis Armella, juez federal de Lomas de Zamora, está a cargo de la causa en la que investiga a Sur Finanzas, de Ariel Vallejo, y sus vínculos con el fútbol a través de sponsoreos y financiamiento en el que cuál la AFA actuó como un intermediario para que dinero, fundamentalmente de la televisión de los partidos, fuera a esa estructura financiera.

En ese expediente su sumó esta semana otra maniobra: el presunto desvió de millonarios fondos de la AFA en el exterior de parte de Faroni, cuya empresa tenía un contrato como agente de cobro. El empresario fue allanado, lo mismo que las dos sedes de la asociación y el juez Armella aceptó el pedido de la fiscal federal Cecilia Incardona y del titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo de Diego Velasco, y ordenó una serie de medidas de prueba como el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil y se pidió información internacional.

Este mes Faroni se tiene que presentar en el juzgado. El magistrado lo convocó para el 19 de enero para que esté a derecho. En la causa también se espera el análisis de toda la documentación y celulares que se secuestraron en los muchos allanamientos que se realizaron durante diciembre en la AFA, Sur Finanzas y clubes de fútbol. En enero, la causa también cambiará de juez.

El juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky investiga la mansión de Pilar y también habilitó la feria judicial. Una de las medidas que se esperan para enero es la declaración de los dos pilotos del helicóptero que aterrizó en el helipuerto de la propiedad. El objetivo de la medida es tener más detalle sobre los verdaderos dueños de la vivienda que fue tasada en 17 millones dólares.

Quienes figuran como sus dueños son Luciano Pantano y su madre jubilada Ana Lucía Conte. Pero ninguno de los dos tiene la capacidad económica para ser los propiedades de esa mansión, de los 54 autos de lujo y colección que se encontraron en el lugar y de otra casa en un country en Pilar.

Cuando se allanó la mansión se encontró un bolso de la AFA y una plaqueta de Barracas Central -el club que preside Matías Tapia, uno de los hijos del titular de la AFA-, con los nombres de Toviggino. Pero además varios autos secuestrados en la casa tenían cédulas azules -que autorizan a manejarlos- a nombre de familiares del dirigente. Por eso todo apunta a que es el verdadero dueño.

La causa está bajo disputa. La semana pasada el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, pidió el expediente para que quede a su cargo y se la reclamó a Aguinsky, quien deberá resolver. Si no hay acuerdo, la decisión final será de la Cámara Federal de San Martín.

El tercer expediente está a cargo del juez en lo Penal Económico Diego Amarante por una denuncia de ARCA contra la AFA por la retención ilegal de 17 mil millones de pesos de aportes previsionales. El fiscal federal Claudio Navas Rial imputó a Tapia, a Toviggino, al secretario general de la AFA Cristian Malaspina y al director general, Gustavo Lorenzo, y solicitó medidas de prueba que ordenó el juez, entre ellas levantar el secreto bancario, financiero, bursátil y fiscal de la AFA.