Más poder para la SIDE: el kirchnerismo rechaza la reforma de la Ley de Inteligencia

Sin pausa ni tregua, el Gobierno volvió a tensionar las relaciones con el Congreso al apelar a la mecánica del DNU para avanzar y modificar el espíritu de la Ley de Inteligencia Nacional (25.520), otorgándole mayor poder a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), lo que vuelve a alentar la posibilidad de un intento de “persecución y represión” de los sectores de la oposición.

La decisión de Javier Milei de apurar una nueva reforma en el área de inteligencia despertó las alarmas en los sectores de la oposición que comienzan a pedir la constitución de las comisiones bicamerales de Trámite Legislativo, que deberá dictaminar sobre el DNU, como así también la de Seguimiento de los Organismos y Actividades de Inteligencia.

Por lo pronto, el misionero Martín Goerling (PRO) quedó como presidente de la bicameral de Inteligencia, luego de que se le vencieran los mandatos a Martín Lousteau, que estaba a cargo de la comisión y asumió como diputado; a Leopoldo Moreau, que ocupaba la vicepresidencia; y Oscar Parrilli, que estaba como secretario. Hay que tener en cuenta que se trata de una comisión de carácter permanente, es decir, que puede reunirse por fuera del período ordinario de sesiones.

Por eso, Goerling, que era el primer vocal quedó al frente de la comisión, y analiza solicitar un pedido de informes para ver en detalle los términos del DNU, mientras que otros legisladores empiezan a pedir que se convoque a la bicameral para estudiar el alcance de la reforma. Aunque hay que tener en cuenta que la comisión tiene que conformarse y eso recién se concretara dentro del período ordinario de sesiones.

La bicameral de DNU también será clave en este tema ya que deberá emitir despacho sobre el decreto presidencial para que llegue al recinto. Vale recordar, que el decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y quedará ratificado con el apoyo de una de las dos cámaras, ya que no avanzó en el Senado la reforma de la Ley de DNU que limitaba el uso de los decretos y obligaba a contar con la aprobación de ambas.

Desde la oposición coincidieron en que el Gobierno apura esta reforma envalentonado por el triunfo en las elecciones de octubre pasado y porque sabe que tiene los votos para sostener el decreto que para ser rechazado se necesitan los dos tercios del Senado y de Diputados. Sólo en la Cámara baja, La Libertad Avanza es la primera minoría con 95 legisladores y supera el cuarto necesario (87 votos) para ratificar el DNU en el recinto.

Uno de los primeros en salir al cruce del reforma anunciada por el Gobierno fue el ex diputado Leopoldo Moreau, quien alertó que “el DNU, con su contenido y alcance, implica el dictado de una nueva Ley de Inteligencia, violando expresamente la Constitución Nacional“. Asimismo alerta sobre la creación de una “policía secreta” ya que le otorga a la SIDE funciones policiales como la detención en fragancia. Además protestó porque “clausura la posibilidad de la conducción civil de la inteligencia militar”.

Por su parte, Agustín Rossi, actual diputado de Unión por la Patria, coincidió con Moreau y alertó que la SIDE se convertirá en “una fuerza parapolicial”. además cuestiona que el decreto permite que la Secretaría de Inteligencia “disponga de personal militar y de fuerzas de seguridad para cumplir tareas de inteligencia”.

Rossi señaló, en un análisis que difundió a través de su cuenta en X, que creación de la Agencia Nacional de Contrainteligencia tendrá “tareas represivas o facultades posesivas”.

La oposición también alertó sobre la eliminación de la conducción civil de la inteligencia militar, ya que queda bajó el control del Estado Mayor Conjunto. Al respecto, Jorge Taiana, diputado de UP, indicó que a cambio de ganar esa autonomía en Defensa, “subordinan la inteligencia militar al área de seguridad, dando un paso más en convertir a las FFAA en un auxiliar de las fuerzas de seguridad”.

En tanto, el santafesino Esteban Paulón también salió al cruce del controvertido anuncio del Gobierno en el comienzo del año y alertó sobre la vuelta del espionaje porque el decreto define como “riesgos” a activistas, opositores y periodistas.

Asimismo indicó que al declarar “encubiertas” todas las actividades de inteligencia no se garantiza el control de los fondos reservados. “Están construyendo una caja negra gigante”, denunció.

También destacan desde la oposición que todas las estructuras del Estado, tanto nacionales como provinciales, estarán obligadas a responder a las exigencias de los servicios de inteligencia. “Todos podemos ser vigilados, perfilados y observados, ahora, gran parte de la información personal pasa a ser insumo de inteligencia”, avisó Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica.

Dentro de los sectores aliados al Gobierno hubo cierta cautela y optaron por esperar la publicación del decreto aunque reconocieron que se le otorga un mayor poder a la SIDE, se amplía la contrainteligencia y se “relajan” los límites operativos históricos, especialmente en aprehensión y acciones preventivas.

Desde el PRO, advirtieron que es un tema “central” para la seguridad y la defensa del país y, por eso, se mostraron prudentes a la espera del dictado de los protocolos de aplicación y normativa complementaria, antes de fijar una posición definitiva.