Un “hijo del poder” y el ex de Paulina Lebbos van a juicio por el crimen de la joven, 20 años después

“Cuánto sufrimiento me hubiesen evitado si el lunes 27 de febrero de 2006, cuando lleve a César Soto a la Brigada de Investigaciones, y les dije que era el principal sospechoso del homicidio de Paulina, habrían hecho lo que tenían que hacer, ya estaba toda la maniobra de encubrimiento orquestada”, escribe Alberto Lebbos (71) junto a la noticia que esperó 20 años.

El 2 de marzo, según confirmaron, empezará el juicio contra Víctor César Soto (44), ex pareja de Paulina y padre de su hija, y Sergio Kaleñuk (46), hijo del ex secretario de José Alperovich (70). Alperovich fue tres veces gobernador de la provincia de Tucumán (entre 2003 y 2015) y se convirtió en una de las personas más poderosas de la provincia. En 2024 fue condenado a 16 años de cárcel por abuso sexual agravado y cumple prisión domiciliaria en Puerto Madero.

El femicidio de Paulina Lebbos es uno de los más emblemáticos de Tucumán. Dejó al descubierto, después de años de impunidad, una trama de encubrimiento que terminó con toda la cúpula de la Policía de Tucumán y el entonces ministro de Seguridad, condenados por encubrimiento luego de su actuación durante la investigación.

Este será el cuarto juicio vinculado a la desaparición y el crimen de Paulina y la primera vez que acusarán a los principales sospechosos.

Paulina Lebbos tenía 23 años, estudiaba Comunicación Social y tenía una hija de entonces cinco años. El 26 de febrero de 2006 salió a bailar al boliche “Gitana” en San Miguel de Tucumán y tomó un remis junto a su amiga Virginia Mercado alrededor de las seis de la mañana.

El auto se detuvo, Mercado le alcanzó una mochila que había dejado en su casa y la joven siguió rumbo con destino a lo de Soto, el padre de la hija que tenían en común y ex pareja de Paulina. Pero, según la primera versión, la joven nunca llegó. Ahora la Justicia determinó que sí bajó en lo de Soto y que fue allí que la asesinaron.

Pasaron 11 días de búsqueda desesperada hasta que el cuerpo de Paulina fue hallado en la Ruta 341, a la altura del kilómetro 3, en Tapia, a unos 30 kilómetros del centro de la ciudad.

La persona que la encontró dijo que lo descubrió por el reflejo del sol en una pulsera que tenía en su mano. Por eso, quienes pasan por allí, le suelen dejar ofrendas de pulseras colgadas en un monolito que colocaron para recordarla.

Este será el cuarto juicio vinculado al crimen de Paulina Lebbos. El primero fue en 2013 y condenaron por encubrimiento a Enrique García, Manuel Yapura y Roberto Lencina (comisario y policías de Raco en 2006) por fraguar actas y la testimonial del baqueano que halló el cuerpo.

En 2018 empezó el segundo juicio que duró un año y tuvo más de 200 testigos, 32 careos y 30 imputados por falso testimonio. Al menos 12 personas se fueron esposadas de la sala de audiencias por mentir en sus declaraciones.

En ese momento los jueces Rafael Macorito, Carlos Caramuti y Dante Ibáñez condenaron por encubrimiento a 6 años de cárcel a Eduardo di Lella, ex secretario de Seguridad de la provincia, y a Hugo Sánchez, ex jefe de la Policía de Tucumán. Además, los inhabilitaron por 10 años para ocupar cargos públicos.

Además condenaron a 5 años de prisión, también por encubrimiento, a Nicolás Barrera, ex subjefe de la Fuerza, y a Héctor Brito, ex jefe de la Unidad Regional Norte. Al primero lo inhabilitaron por nueve años para ocupar cargos públicos y, al segundo, por ocho.

Waldino Rodríguez, ex policía de Raco, recibió la condena de 3 años de cárcel condicional.

El fallo, además, ordenó que se investigue a 30 personas por falso testimonio, una docena había salido arrestado de la sala de audiencia por contradicciones en sus declaraciones y por incumplir la promesa de decir verdad. Esas causas nunca prosperaron.

En diciembre de 2021 la Justicia de Tucumán condenó a seis años de prisión al ex fiscal de Instrucción de la II Nominación, Carlos Albaca, por encubrimiento agravado en la investigación del crimen de Paulina Alejandra Lebbos.

Albaca se negó a investigar la hipótesis que apuntaba contra la ex pareja de Paulina e incluso le permitió ser querellante en el expediente excluyendo a su padre de la causa.

El tribunal resolvió la sentencia por unanimidad tras el juicio oral y, como no se dispuso su prisión preventiva, el ex funcionario judicial –que ya cumplió 70 años– podrá recurrir el fallo en libertad.

En el fallo de 2018 -que quedó firme- el tribunal había pedido que se invetigue por “privación ilegal de la libertad y homicidio agravado” a César Soto, la ex pareja de Paulina y el padre de su hija Victoria. La familia de la joven siempre lo señaló como el principal sospechoso y, en medio de varias irregularidades, nunca lo habían imputado.

También pidieron que se analice la participación de Sergio Kaleñuk, el hijo del secretario de Gobierno de Alperovich al momento del crimen, y el responsable de que se señalara a los “hijos del poder” por el caso.

El fiscal Carlos Sale finalmente llevará a juicio a Soto y Kaleñuk y el 2 de marzo deberán sentarse en el banquillo de los acusados por primera vez.

Los imputaron al borde de la prescripción y el juicio comenzará a poco de cumplirse 20 años del crimen.

Según el requerimiento de elevación a juicio, “el domingo 26 de febrero de 2006, entre las 6:30 y las 7:00, Paulina ingresó al domicilio de calle Estados Unidos 1250, propiedad de su entonces pareja Soto. Allí, tras una discusión por motivos desconocidos, Soto habría aprovechado su preeminencia física para tomarla del cuello y estrangularla hasta causarle la muerte por asfixia, actuando con la clara intención de quitarle la vida. Paulina había estado con un grupo de amigos en un bar de El Abasto y luego, en un remise, se había dirigido a la casa de Soto. Pero nadie la vio llegar y estuvo desaparecida varios días hasta que se encontró su cuerpo a la vera de la ruta 341, en la zona de Tapia”, publicó La Gaceta.

De acuerdo a la acusación fiscal, Kaleñuk, que era parte de la dirigencia del club Atlético Tucumán, donde Soto integraba la barra brava.

La participación de Kaleñuk, para la investigación, es lo que explicaría el entramado de encubrimiento que involucró tanto a la Policía como a funcionarios de la gobernación y del Poder Judicial.