Polémica por el estacionamiento medido en Quilmes: los municipios que ya lo tienen y por qué desató una pelea feroz

Detrás de la reyerta pública, ruidosa y taquillera que dejó expuestas las diferencias entre Mayra Mendoza y Juan Grabois por la sanción de una ordenanza en Quilmes, asoma un provechoso desarrollo económico extendido en más de un centenar de municipios del país: el sistema de estacionamiento medido, controlado a través de aplicaciones o de forma remota, para ocupación de espacios públicos.

Es un filón nada despreciable para cualquier administración municipal, sobre todo en épocas de recortes y envío de fondos restringidos desde Provincia y Nación.

La aprobación de una ordenanza que habilita la licitación poco más de 110 manzanas de Quilmes Centro, Quilmes Oeste y Bernal Centro aportaría a las arcas comunales un goteo incesante de dinero fresco. Las organizaciones sociales que administran de manera informal este servicio con los “trapitos” o “cuidacoches” admiten que consiguen entre $ 7.500.000 y $ 10.000.000 diarios por la tarea que realizan en calles y avenidas.

Los operadores que ofrecen el sistema regularizado, normatizado y controlado mediante softwares y aplicaciones aseguran que esa recaudación se puede multiplicar por “entre 10 y 20 veces”, de acuerdo con experiencias que ya funcionan desde hace años. También dependerá de las ofertas que hagan quienes se presenten a la licitación. En el “mercado” el costo del parking en espacios comunes está entre los $ 200 y los $ 500 la hora, según el distrito.

El mecanismo se usa desde principios de este siglo en varias ciudades del AMBA. Ituzaingo, Morón, La Matanza, Berazategui, Tres de febrero, San Martin , San Miguel, San isidro, San Fernando, La Plata, Pilar y Escobar tienen contratado uno de los sistemas que fue pionero: se llama Soluciones de Estacionamiento Medico (SEM) y lo desarrolló la facultad de Informática de la UNLP, en un laboratorio del Centro Superior para el Procesamiento de la Información (CeSPI).

Firmó convenios millonarios con intendencias y llevó el estacionamiento virtual de la UNLP a 70 ciudades de todo el país. Según informa la página del CeSPI tiene activos más de 2,5 millones de estacionamientos “no simultáneos” por mes en esas localidades.

No son los únicos que manejan este procedimiento urbano. CABA lo tiene con la app Blinkay, que también está en otras ciudades. Y en el país operan otras empresas para hacer funcionar el servicio.

Uno de los contratos tuvo una particularidad según dijeron a Clarín fuentes del negocio. En 2020 se puso en marcha en Luján y el administrador (o quien ganó la concesión) fue una cooperativa ligada a Grabois. Allí el dirigente social encontró una manera de formalizar la tarea de los trabajadores callejeros que pertenecían a sus organizaciones populares.

Al parecer ese fue el motivo que detonó la crisis en Quilmes: la comuna que ahora conduce Eva Mieri (reemplaza a Mendoza, quien pidió licencia para asumir como diputada provincial) no quería que el MTP de Grabois ingresara por acomodo al sistema de estacionamiento.

Los referentes de este espacio en el Concejo denunciaron que la municipalidad estaba armando una concesión “a medida” de una de las empresas que opera en otro terreno fértil del control vehicular: las fotomultas. Es que la ordenanza que votó el Concejo con el apoyo de casi todos los bloques (excepto los de MTP, obvio) también incluía la instalación de cinemómetros para detectar infracciones por exceso de velocidad.

La dirigente del MTE Laura Cibelli vinculó el trámite en el Concejo con la posibilidad de conceder a Secutrans el sistema de captación de infracciones por fotografías. Es la compañía que está salpicada por la causa judicial que derivó en la renuncia del ex ministro Jorge D`Onofrio, acusado de una maniobra para favorecer a un bufet de abogados que se dedicaba a “limpiar” infracciones por exceso de velocidad en rutas bonaerenses.

Los incidentes violentos registrados frente a la municipalidad determinaron duros cruces entre dos referentes cercanos a Cristina Fernández. Por eso la batahola callejera en el sur del conurbano se leyó en tonalidad política. “No tiene nada que ver con la interna”, descartó Grabois. “No se hace esto a los trabajadores y a los más vulnerables. Nunca, pero menos aún a dos días de Navidad”, sostuvo el ahora diputado nacional.

Se escucharon reacciones desde todos los costados del mapa peronista. “Hemos recibido solidaridad y adhesiones impensadas, de decenas de compañeros”, dijeron a Clarín cerca de la diputada Mendoza.

La diputada Victoria Tolosa Paz, aliada a Axel Kicillof, confrontó con el líder de la UTEP y advirtió por “el mecanismo extorsivo de los piquetes”. Ella lo padeció mientras fue ministra de Desarrollo Social de Alberto Fernández. “Ahora no cortan ni una vereda”, reprochan otros menos diplomáticos.

“La institucionalidad debe estar siempre por delante. Yo puedo tener muchas diferencias con Mayra, pero ha sido reelegida por el pueblo de Quilmes para ser intendenta. Eso no se discute”, dijo Tolosa Paz en una nota radial.

Otros dirigentes del PJ, con manejo de municipios en el Gran Buenos Aires también observan con preocupación esta escalada que tuvo una réplica este martes en Lanús. Aunque no lo protagonizan los mismos actores: en este caso la protesta fue del Movimiento Evita, contra el intendente, también de La Cámpora, Julián Alvarez.

Pero repite una lógica que consideran peligrosa: la promoción de movilizaciones violentas agitadas en el corazón del el conurbano en momentos de alta sensibilidad social como esta semana de las fiestas de fin de año.