Martín Menem, peregrino en terreno enemigo, la furia de Macri y el peligro del Senado

El recuento de daños por el desastre legislativo de la semana anterior en las dos cámaras forzó un giro en el oficialismo tras la derrota en la batalla del Presupuesto y la reforma laboral en el Senado. El proyecto laboral fue congelado hasta febrero, es decir sine die, y el Presupuesto con déficit va al Senado el viernes 26 con destino incierto.

La oposición derribó el eje cultural y monetario del proyecto -volteó emergencias para universidades y discapacidad- pero ahora va por más. El peronismo en todas sus variantes, el radicalismo y otras fuerzas objetan el artículo 30 del dictamen que va al recinto. Deroga los incentivos docentes y reduce el porcentaje del PBI que debe dedicarse a la educación del 6% al 1%. Si el Gobierno no encuentra algún acuerdo que le impida sortear esta objeción, el Presupuesto puede volver con cambios a Diputados y en ese caso, se redoblará el rechazo de la oposición al recorte de fondos para la educación.

Si el Gobierno no logra evitar que le deroguen en el Senado el artículo 30 seguramente levantará esa sesión que ya está pedida por Victoria Villarruel. Este estado de cosas queda representado en la síntesis de lo que ocurrió en el Congreso: un Gobierno que promete y no cumple fue víctima de la represalia de los gobernadores, que cobraron antes y después le quitaron el voto para voltear el famoso capítulo 11 del proyecto.

¿Quiso el Gobierno endurecer las relaciones con la oposición para que al final no haya Presupuesto y así volver a una administración cesarista por DNU? ¿O fue otro festival de improvisaciones? En el primer caso, habría una contradicción con el discurso oficial, que ruega que haya Presupuesto como hoja de ruta, lo que le exigen los organismos de créditos y los inversores. Aunque salió de Diputados un presupuesto con déficit fiscal, el mercado ha reaccionado con mansedumbre y no desarmó posiciones con papeles argentinos.

Es plausible también que este gobierno débil haya vuelto a incurrir en una improvisación al intentar monetizar la buena elección que hizo el 26 de octubre. Eso es lo que argumentó Martín Menem ante Cristian Ritondo cuando le enrostró la falta de cumplimiento de acuerdos. “Lo nuestro tenía nombre y apellido -tronó Cristian en el living de su departamento de Palermo, adonde Diego Santilli llevó a Martín a escuchar la filípica. Pero ustedes nunca cumplen; el cargo de la auditoría era para Jorge Triaca y no cumplen, como tampoco cumplieron con Maquieyra para ser director de YPF. No cumplen nada de lo acordado y encima hacen un acuerdo con los K para cagarnos en la AGN“.

Cerrar con el peronismo que se lleven dos auditores y La Libertad Avanza el tercero, en desmedro del acuerdo con el PRO, es un movimiento de Menem para formalizar de alguna manera los resultados electorales. Si tengo más votos, me quedo con el auditor. Si no lo hago, ¿para qué ganamos las elecciones? Menem había consentido trasladarse a lo de Cristian y jugar de visitante apurado por Olivos, que le pide que recomponga lo antes posible la relación con el PRO. “Podemos compensar esto”, argumentó Martín.

Necesita que el Senado no acuse recibo de estas peleas en Diputados, aunque ya hirió al Gobierno al mandar al año que viene la reforma laboral. El Gobierno también necesita que el PRO recupere el perfil oficialista si se deroga en el Senado el art. 30 del Presupuesto. Menem no tiene palabras para justificar la puñalada trapera de hacer jurar a los auditores a las 3 de la mañana sin previo aviso.

Ritondo, después de esa reunión del viernes en su casa, presentó un pedido de amparo que cuestiona la legalidad del trámite. Menem sonrió. Sabe que la justicia le va a hacer una verónica al reclamo. Siempre el Poder Judicial ha eludido meterse en decisiones que son propias del Poder Legislativo. La sonrisa de Martín se justifica: el secreto para la jura por sorpresa de los auditores obedeció a que, si avisaban, alguien podía meter un amparo para evitar la jura, y ahí había alguna esperanza de abortar el ardid.

Tampoco puede explicar Martín la sutileza de la elección de la abogada Mónica Almada como auditora en representación del Gobierno. Se la presenta como libertaria pero su alma mater es el radicalismo, partido en el que milita desde siempre. Experta en finanzas y compliance, estuvo cerca de leyendas del radicalismo, como asesora de “Pacheco” Berhongaray en el Senado y de Fernando de la Rúa en CABA y en la presidencia de la Nación. Durante el gobierno de Macri fue directora de Nación Seguros y al terminar el gobierno actuó en el Senado.

Entre el 2021 y 2023 fue asesora de José Torello en la banca que asumió este como reemplazante de Esteban Bullrich. Torello, que fue jefe de asesores de Macri en la presidencia, fue además apoderado histórico del PRO. Como asesora de Torello, Almada produjo dos instrumentos notables. Primero, inspiró, si no es que escribió, el libro que firmó Torello con el título de “El mito de la fuga”. Es un relato técnico del destino de los fondos que capturó el gobierno de Macri, bajo la gestión de Toto Caputo. Rechaza la hipótesis de que se benefició la fuga de capitales. El libro fue elaborado principalmente por Almada con el asesoramiento de ex funcionarios de Macri como Federico Sturzenegger, Luis Caputo y Santiago Bausili. Almada es seguramente el mejor seguro que tiene Macri de ahora en adelante en la AGN.

Como asesora de Torello, Almada redactó un proyecto de ley de reglamentación de la Auditoría General de la Nación, una tarea pendiente desde la sanción de la constitución de 1994. En ese momento, el proyecto se lo llevó Torello a Miguel Pichetto, que había sido designado auditor por moción de Macri en representación del PRO. No avanzó más. Pero cuando asumió Milei, Almada se incorporó al Ministerio de Economía, en donde ha tenido varias funciones, entre otras la secretaría Legal y Técnica de la Secretaría de Producción. En ese rol acercó el proyecto de reforma de la AGN a Martín Menem, quien lo hizo suyo y lo agitó durante el último año como una iniciativa que debería analizarse antes que designar a los auditores. Con ese antecedente Martín le ofreció el cargo a Almada, que juró en la madrugada del jueves pasado.

La sutileza es que Almada puede cuidar a Macri tanto como lo haría Triaca. Los primos Menem rechazan la demografía del PRO que se vincula estrechamente con Mauricio. Le han rechazado todas las propuestas de acercar funcionarios que puedan desarrollar políticas, como los que ofreció para Justicia, SIDE, Transporte y obras públicas (Iguacel, Dietrich, Garavano) o en el Congreso, adonde quiso llevar a Ritondo a la presidencia de la cámara. En síntesis, quieren un macrismo sin Macri. Y en este punto Triaca es más Macri que el propio Macri.

Entre hoy y el viernes 26, día de la sesión por el Presupuesto en el Senado, se sabrá si los esfuerzos del oficialismo, que mandó a peregrinar a Martín a territorio enemigo (la casa de Cristian, un santuario del PRO entre cuyas paredes se hicieron grandes conspiraciones políticas) han dado resultado. El mandato de Olivos es tratar de recomponer todo lo que pueda la relación con el PRO y los radicales. Habrá propuesta de compensaciones y puede ser que rearmen las relaciones. Cristian ya puso condiciones. “Tengo 6 diputados afuera -de viaje- y me va a ser difícil que vengan a sesionar si el Presupuesto vuelve a Diputados“, fue el mensaje del cacique PRO.

El ardid de la AGN puede reflotarse en el Senado. En la sesión del viernes puede repetirse el acuerdo con el peronismo para poner auditores en representación de esa cámara. El no pejotismo alardea de tener 44 adhesiones, 5 más que los 39 que logró reunir Juan Carlos Romero en 2023. Ese número sirve para integrar comisiones, pero no para sancionar leyes. De hecho, hubo en la legislatura anterior votaciones de 2/3 contra el Gobierno pese a que existía el “grupo de los 39”. Hoy esos 44 de los que alardea Patricia Bullrich (en realidad 43 porque renunció la rionegrina Lorena Villaverde y debe asumir su suplente) sirven para integrar las comisiones, de cuya integración se queja el peronismo. Piden 7 en lugar de 5 representantes del bloque mayoritario.

Los 44 pueden estar en condiciones de poner dos auditores. Uno puede representar al radicalismo, otro a los mileístas más el PRO, y el tercero para el peronismo, que seguramente será Javier Fernández, el auditor con más experiencia. Los radicales tienen dos postulantes. Uno es Luis Naidenoff, propuesto por la UCR cuando era presidida por Martín Lousteau. El otro es el chaqueño Víctor Zimmermann, con experiencia en el organismo en donde secundó al radical Leandro Despouy cuando era presidente. El actual titular del organismo es el peronista Juan Manuel Olmos, que adelantó antes de ahora que podría irse del cargo si se completaba la integración. Lo consulté en estas horas y me respondió: “La designación de acuerdo con el artículo 85 de la Constitución corresponde al Partido, no a la persona. Por lo tanto, no es una decisión solamente personal. Voy a continuar mientras el PJ me necesite ahí”.

La intención de recomponer con el PRO no tiene límites en Olivos, que está dispuesto a promover una charla entre Milei y Macri, que ya está de vacaciones. Macri conversa permanentemente con Toto Caputo, pero está furioso por el desdén a su persona que fue incumplir el compromiso de una silla de la auditoría para Jorge Triaca, su principal consejero y estratega político. Triaca, de paso, tiene alto predicamento en el mundo sindical y empresarial en el tema de la reforma laboral. Apareció en los medios apoyando la iniciativa del Gobierno, pero seguramente está llamado a ser quien dibuje los términos de un acuerdo para que haya reforma sin que salten los bulones y estalle la guerra con los sindicatos.

En este punto el Gobierno toma nota de que el jueves hubo manifestaciones en varias provincias. Sabe también que fueron por pedido de los gobernadores que no quieren perder en la reforma laboral – su justificación para votar en contra del gobierno en el Congreso. Los gobernadores viven con un pie en el barco y otro en el muelle y hacen equilibrio. Para eso llamaron a los sindicalistas, para que hicieran manifestaciones en sus provincias y así justificar su alejamiento táctico del Gobierno. El voto que volteó el Capítulo 11 del Presupuesto y consagró la aprobación con déficit, y la postergación del proyecto de reforma laboral, fue el resultado de una acción concertada de empresarios, banqueros y sindicalistas sobre los gobernadores, que no quieren ser arrastrados a conflictos en sus provincias que no pueden enfrentar. Por ejemplo, el que plantean los bancos contra las billeteras virtuales ante la posibilidad de manejar cuentas sueldo. O los empresarios que tienen compañías con comisiones internas copadas por el activismo de izquierda y que quieren negociaciones por actividad y no por empresa, para no ser víctimas del maximalismo asambleísta que puede incendiar la pradera por un reclamo salarial.

Este mecanismo de relojería para impedir el quórum para sesionar el 29 de diciembre y congelar así el proyecto, fue un proceso de negociación entre sindicalistas y gobernadores que recreó el frente que el año pasado hizo caer el llamado proyecto Tetaz, que avanzaba sobre temas laborales (jornada laboral, cuota solidaria, etc.) El exdiputado Martín Tetaz intentó alzar una bandera antisindical, siguiendo la épica de los radicales en tiempos de Alfonsín y de De la Rúa, con el argumento de que sus votantes les pedían gorilismo. Un frente compacto de empresarios, sindicalistas y gobernadores mandó al archivo aquel intento. El mismo mecanismo funcionó ahora.

Todo lo que roza lo partidario es crítico hoy. El PJ nacional está acosado por varios pedidos de afiliados para que intervenga la justicia. Reprochan que lo siga presidiendo Cristina Kirchner cuando el código electoral impide que un condenado ejerza cargos partidarios. Los abogados del partido esperan en la trinchera con los argumentos en protección del sello ante una eventual intervención, algo que ya ocurrió en el pasado bajo las presidencias de Carlos Menem y de Alberto Fernández.

El mismo riesgo corre el PJ de Buenos Aires, que sesionó a nivel del consejo partidario el viernes para llamar a elecciones para el 15 de marzo porque venció el mandato de Máximo Kirchner. También había prevenciones para evitar que la conducción de Cristina intervenga el partido del distrito por sí o a través de la justicia electoral. Es parte del debate entre cristinismo y peronismo Axel. Kicillof consiguió el viernes que se designe fecha de elecciones a la conducción y que pudiera incorporar apoderados de su ala en compensación de la mayoría del cristinismo. Lo que no logró Axel es que se reúna el congreso del partido y se modifique la carta orgánica para que puedan votar nuevos afiliados. La actual norma es que pueden votar afiliados con por lo menos 1080 días de afiliación. Querían bajarlo a 90 días. Pero la música sonó a acuerdo. La conducción saliente de Máximo pareció ceder ante Axel con el lema: lo que querés te lo damos.