Juicio por el caso Cuadernos: 17 empresas que pagaban coimas a Cristina recibieron 355 obras públicas por $ 37.000 millones

“Se recibieron pagos ilegales en 175 oportunidades”, cuya beneficiaria final fue Cristina Kirchner. El dinero ilegal representó más de 171 millones de pesos. Del otro lado del mostrador, lo que la justicia federal definió como “pactos venales”, estaban los empresarios que se vieron beneficiados con la adjudicación de obras públicas: sólo a 17 compañías les adjudicaron 355 contratos por más de 37.000 millones de pesos mientras pagaban los sobornos.

Durante la audiencia del juicio de los Cuadernos de las coimas, se concluyó con la lectura de las acusaciones formuladas alrededor de la llamada “La Camarita”, el tramo de la investigación que se concentró en la cartelización de la obra pública.

En todo el expediente, junto a las causas relacionadas, a la ex Presidenta se le atribuye haber recibido 204 coimas. La mayor cantidad, según la acusación, fue receptada en este caso, que cuenta con 51 imputados vinculados a 191 hechos investigados.

Así, al momento de avanzar en la lectura del requerimiento de elevación a juicio del Ministerio Público Fiscal, se escuchó el número central: Cristina Kirchner recibió 175 sobornos en el marco de este tramo del caso, por 171.224.710 pesos según las cifras leídas a lo largo de la audiencia.

A esos valores la querella a cargo de la Unidad de Información Financiera (UIF) le aplicó el siguiente concepto: “Existía un aceitado circuito de recaudación, que funcionaba en forma piramidal, siendo los destinatarios finales de los pagos los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner”.

Todo se desarrolló en una estructura que el fiscal federal Carlos Stornelli definió de la siguiente manera: “se desarrolló un plan global en el cual implementaron una logística específica y concreta de recaudación de dinero que empresarios de la construcción, de energía y del transporte, entre otros, entregaban a modo de contraprestación, a cambio de beneficios que le eran otorgados a las compañías que representaban”.

La acusación leída a lo largo de estas audiencias en el marco de “La Camarita” detalla que se investigó a “aquella parte de la organización criminal y a aquellos pagos ilegales vinculados a contratos de obra pública civil, coordinados desde la Dirección Nacional de Vialidad que fueron canalizados a través del financista Ernesto Clarens, encargado principal de la faz recaudatoria, junto con José Francisco López”.

Se comprobó “que los acuerdos venales entre los funcionarios y los privados fueron creciendo a lo largo del tiempo, como así también la cantidad de empresarios que decidían realizar las erogaciones bajo la promesa o expectativa de algún beneficio particular para las empresas que representaban”.

Los empresarios fueron una pieza clave del circuito ilegal. Por eso la fiscalía señaló que, con diversos roles, todos los integrantes de la asociación ilícita “convinieron unirse para lograr un fin: recaudar la mayor cantidad de dinero ilícito posible por parte de los empresarios que tenían vínculos comerciales con el Estado Nacional”.

Todos “asintieron y reconocieron” dice el dictamen acusador, “la existencia de una estructura de decisiones, liderada por Cristina Kirchner, quien resultó ser la destinataria final”.

Así, se explicó que “los privados y los representantes de la organización paraestatal realizaron un claro pacto, en el cual los primeros entregaban dinero a los segundos para que éstos, ejerciendo sus capacidades, hicieran algo específico y determinado con relación a los procedimientos administrativos o contratos en los cuales estaban involucrados”.

En ese momento la acusación brindó otro concepto: “Ambos bandos negociaron, espontánea y voluntariamente, y acordaron un pacto respecto del cual sabían que les iba a generar beneficios económicos recíprocos”.

El listado de empresas involucradas en los sobornos arroja algunos valores. Si se tiene en cuenta el detalle del dictamen acusador de la UIF, 17 empresas señaladas de haber pagado sobornos fueron adjudicatarias de 355 obras durante los doce años de gestión kirchnerista. Todo representó una erogación de 37.171.270.998,64 pesos.

Hay otra planilla en el dictamen: aquellos que más coimas pagaron. Encabeza la lista JCR SA de la familia Relats, que en simultáneo explotó el hotel boutique Casa Patagónica Los Sauces, propiedad de Cristina Kirchner. El alquiler fue durante 11 años, a 90 mil dólares mensuales: “este contrato significó una suma de entre 10 y 11 millones de dólares de ingreso en blanco a la economía de los Kirchner”, dijo el contador Víctor Manzanares en su confesión de arrepentido.

El grupo Relats pagó 40 sobornos por 85.493.691 pesos. ¿La contraparte? El gobierno kirchnerista, dice la acusación de la UIF, le otorgó 44 obras por $ 5.294.597.026,18.

Cartellone fue el segundo grupo que más pagos ilegales realizó: 10 en total, por 23.630.000 pesos y 300 mil dólares. La misma cantidad de coimas abonadas es la de obras otorgadas: 10, por 2.998.676.514,74 pesos.

Por ejemplo, Rovella Carranza realizó 21 pagos ilegales por 3.558.074 pesos, y el resultado por parte del Gobierno kirchnerista fue la adjudicación de obras por valores superiores.

Paolini Hermanos que pagó ocho coimas por 6.512.610 pesos, recibió 19 contratos por 2.646.491.584,72 pesos.

El listado continúa. Al Grupo IECSA que entonces pertenecía a Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, se le adjudican cuatro sobornos por 3.508.362 pesos. El otro dato es que recibió 23 obras por 2.899.552.917,97 pesos.

Al Grupo que lideró Juan Chediack se le contabilizaron cinco pagos ilegales por 2.832.717 pesos, ¿la respuesta? 22 obras por 3.530.081.115,71 pesos.

Juan José Luciani está señalado como responsable de doce coimas por un total de 1.750.139 pesos, y en la misma acusación se consignó el otorgamiento de 28 obras por 1.432.593.532,78 pesos.

El Grupo Losi, responsable de haber abonado siete pagos ilegales por 6.451.735 pesos, recibió de la administración kirchnerista 19 obras por 1.709.871.291,41 pesos.

Dragonetti, que abonó coimas por más 4 millones de pesos, fue beneficiado con 25 obras por 1.732.907.947,67 pesos.

Otro de los responsables de haber pagado coimas, Rodolfo Perales, recibió 11 obras por 1.582.079.823,53 pesos.

El Grupo Marconi, que pagó coimas en diversas ocasiones, recibió 28 obras por $ 2.142.150.263,2 pesos.

Por su lado, Aldo Roggio a quien se le imputan once pagos por 5.936.194 pesos, fue adjudicatario de 22 obras por 3.319.941.386 pesos.

La lista la integran Adrián y Mauricio Pascucci, también acusados de haber pagado sobornos. Recibieron 20 obras por 1.833.957.073,49 pesos.

Hay otros números. Gerardo Ferreyra, entonces presidente de Electroingeniería, recibió ocho obras por 471.363.53896 pesos; Arroyo, 26 contratos por 1.860.247.811,85 pesos. Luis Armani, 18 obras por 2.062.027.819,73 pesos; Roberto Ortiz 19 obras por 1.270.396.349,19 pesos, entre otros adjudicatarios.

Así, se llega a un total de más de $ 37.172 millones pagados por el gobierno kirchnerista a empresas que en simultáneo, pagaban sobornos.

El dato: la justicia determinó que en “La Camarita” hubo cartelización, no se respetó el debido proceso licitatorio, las obras fueron direccionadas y con presupuestos inflados, en algunos casos el mismo incluía la coima que se pagaba.