Odebrecht: “Corcho” Rodríguez pidió que las pruebas declaradas “inutilizables” se devuelvan a Brasil

La defensa del empresario Jorge “Corcho” Rodríguez, ante la justicia brasileña solicitó que se exija a Comodoro Py la devolución de las pruebas remitidas desde Brasil, vinculadas al caso Odebrecht. Se trata de las declaraciones de los arrepentidos y la prueba producida posteriormente, que el Superior Tribunal brasileño dijo que “son impugnables en cualquier grado o nivel jurisdiccional” y que documentación e información “fue cuestionada y declarada nula”.

Mientras el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) lleva adelante el juicio sobre la construcción de las plantas potabilizadoras de AySA, obras que tuvo a cargo el gigante brasileño Odebrecht, la defensa de Jorge Rodríguez realizó una presentación clave ante la Corte de Brasil. La petición de carácter administrativo requiere que “en función de lo que decidió el Superior Tribunal se requiera la devolución de todos los elementos que mandó la justicia brasileña”.

La justicia de Brasil el año pasado tomó otra decisión determinante en la causa Odebrecht que tiene sus correlato en los Tribunales federales argentinos. Se dispuso “con carácter definitivo” que las declaraciones de los arrepentidos y la prueba producida posteriormente, “son inimpugnables en cualquier grado o nivel jurisdiccional”. De esta manera, tras un pedido de envío de pruebas por parte del Tribunal de juicio de Comodoro Py, las autoridades brasileñas respondieron que es “inviable” ya que esa documentación e información fue cuestionada y declarada nula.

Sin embargo, hay otro conjunto de pruebas que fueron compartidas a través de los convenios de colaboración de los respectivos Ministerio Públicos Fiscales. Sobre esa documentación se interpuso el planteo para que la justicia de Brasil exija el reenvío para que no sean utilizadas en el juicio que se encuentra en desarrollo.

Ante la consulta de Clarín, el abogado del empresario, Eugenio Blanco, señaló que “siendo consecuentes con la decisión del Superior Tribunal de Justicia de Brasil de extender los efectos de la invalidez de las declaraciones de los arrepentidos, de las pruebas obtenidas de los sistemas de Odebrecht, la derivada de los acuerdos de colaboración celebrados con Estados Unidos y la Confederación Suiza, entre otros, se solicitó a las autoridades judiciales y del Ministerio Público Fiscal Brasileño que requieran a las autoridades argentinas la devolución de los elementos de prueba que se declararon inválidos, que fueran remitidos a través de los mecanismos de colaboración”.

La mención de la defensa refiere al criterio adoptado por el Superior Tribunal, de anular una gran cantidad de pruebas, vinculadas al Lava Jato, la causa por blanqueo de activos que comenzó con las confesiones de los directivos de Odebrecht, quienes admitieron haber pagado sobornos en 12 países para obtener obra pública, la mega investigación que tuvo su capítulo en la justicia argentina, empieza a peligrar.

En ese sentido, sostiene el abogado que las pruebas utilizadas en contra del empresario “no fueron corroboradas con prueba fáctica, sino con dichos en confesiones que fueron anuladas”.

En nuestro país la justicia federal había utilizado para sostener las acusaciones contra Jorge “Corcho” Rodríguez información obtenida de esas confesiones de arrepentidos. El empresario acudió al Superior Tribunal de Brasil donde obtuvo dicha declaración a su favor, junto a la determinación de “prohibición de la práctica, en territorio nacional, de cualquier actuación, instrucciones o cooperación de estos elementos”.

Las dos resoluciones están rubricadas bajo los números 43.007 y 61.387, que según explica el exhorto “declararon la inutilidad, respecto de los denunciantes originales, de las pruebas obtenidas de los sistemas DrousysEsMi Web Día B, utilizado en el Acuerdo de Clemencia firmado por Odebrecht”. Se trata de las declaraciones obtenidas bajo el sistema de delación premiada que es la figura que en la justicia argentina tiene el imputado colaborador.

Cuando el empresario Jorge Rodríguez se presentó ante la justicia de Brasil, sostuvo en su planteo que las acusaciones penales, se encuentran “basadas en elementos indicativos y probatorios considerados inútiles”, en función de las resoluciones que discutieron esas medidas de prueba, entre otras cosas su posible manipulación y falta de cadena de custodia.

La discusión se centró específicamente a los datos obtenidos por intermedio del sistema DrousysEsMi día web, así como las declaraciones de Luis Antonio Mameri, un ex directivo de Odebrecht que se había acogido al instituto del arrepentido.

Lo que se discutió en la justicia brasilera respecto a esas pruebas fue la contaminación,” de cualesquiera actos de investigación realizados en Brasil” en relación a los arrepentidos en la caus Odebrecht que en Brasil fue conocida como Lavajato.

Los sistemas Drousys y MyWebDay de Odebrecht que constituyeron parte de la prueba utilizada en expedientes penales en más de un país de la región, responden al almacenamiento de datos en los Estados Unidos, “todo ello al margen de la legislación. El sistema MyWebDay consistiría en una versión del sistema informático contable de Odebrecht a través del cual se generaban y alimentaban hojas de cálculo para, supuestamente, controlar y organizar la operacionalización del pago de ventajas indebidas”, explicó el funcionario del Superior Tribunal de Justicia.

Por su lado, el sistema Drousys, consistiría en un “entorno virtual confidencial destinado al almacenamiento de archivos y a la comunicación entre los miembros del equipo del ‘Departamento de Operaciones Estructuradas’ y entre estos y los operadores financieros (cambistas y controladores de cuentas en el extranjero, por supuesto). para supuestamente permitirles intercambiar mensajes instantáneos y correos electrónicos sobre los hechos ilícitos. (…)”.

Al analizar el caso puntual de Rodríguez, investigado en el caso que instruyó Casanello, como en la causa por la licitación del Soterramiento del Tren Sarmiento que fue adjudicada a IECSA, propiedad en ese momento de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, IECSA, el criterio del Superior Tribunal de Justicia brasileño, expresado a través del ministro Dias Toffoli, fue el siguiente: “puedo observar que la parte solicitante responde a la acción penal que utiliza pruebas consideradas inútiles por esta Corte Suprema en las sentencias dictadas en Rcl 61.387 y Rcl 43.007, por lo que debe ser admitida, al menos en parte, la reclamación”.

Explicó en la resolución judicial ingresó al TOF 7, que las pruebas utilizadas en los casos argentinos y que involucran puntualmente al empresario Rodríguez, se trata de elementos considerados “de inutilidad”, explica el texto judicial, ya que así “fue declarada inicialmente por el entonces Eminente Ministro Relator, Dr. Ricardo Lewandowski, debido a una grave violación de la cadena de custodia”.

Bajo estos criterios también respondió la Procuración General de Brasil a la justicia argentina y le dijo a finales del año pasado, que la prueba requerida no cuenta con validez y no puede utilizarse como tal en otra sede judicial.

Sucede que en la causa sobre la Planta Potabilizadora de AySa se utilizaron “declaraciones aportadas por Luiz Mameri, en su Convenio de Colaboración” como también en el expediente sobre el Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. El nuevo escrito remitido oor Brasil recuerda que las declaraciones de Mameri “se basan en los sistemas informáticos antes mencionados”, es decir los sistemas que fueron cuestionados.

Al respecto de todo eso, se calificó de “ilegítimas” las pruebas que se desprenden del acuerdo de la confesión como arrepentido del ex directivo de Odebrecht. Por ese motivo se resolvió no enviar nada a la justicia argentina.

“La falta de confiabilidad de la prueba ahora reconocida corresponde al juez natural del caso, y, además, se dicta esta decisión de conformidad con el ordenamiento jurídico brasileño. En vista de lo anterior, yo concedo, en parte,el pedido constante en estos documentos y extiendo los efectos de la decisión dictada en Rcl 61.387 y Rcl 43.007, de declarar la inutilidad, según el ordenamiento jurídico brasileño, respecto del demandante, de las pruebas obtenidas de los sistemas DrousysEsMi Web Día B, utilizado en el Acuerdo de Clemencia firmado por Odebrecht”, había explicado el integrante del Superior Tribunal de Justicia brasileño.

Entre las decisiones adoptadas y comunicadas a los jueces que tramitan los casos en Comodoro Py, se ordenó la notificación de la “referida inservibilidad, respecto del solicitante, de las citadas pruebas, destacando, en adelante, la prohibición de la práctica, en territorio nacional, de cualquier actúa instrucciones o cooperación de estos elementos para que puedan ser transmitidas al Gobierno de la Argentina”.