La CIDH exhortó al Gobierno a crear mecanismos de diálogo con los periodistas

El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, remarcó que la libertad de expresión en Argentina merece una atención especial y exhortó a “generar mecanismos” que tiendan a mejorar la situación de la relación entre los periodistas y el gobierno de Javier Milei. Lo hizo tras escuchar las exposiciones de FOPEA y Poder Ciudadano, entre otras entidades de la sociedad civil, que hablaron en una audiencia.

Ante la exhortación de Caballero, el subsecretario de Derechos Humanos del gobierno de Milei, el ex juez Alberto Baños, contestó que “nos prestamos al diálogo al que nos invitan. Pero hay que diseñar una hoja de ruta previa para que no se convierta en un contencioso contradictorio”.

A su vez, la comisionada de la CIDH Gloria De Mees reflexionó y apuntó a que para poder dialogar “hay que reconocer que hay un problema” con el contexto de la Libertad de Expresión en la Argentina. La CIDH, que depende de la OEA, hizo una histórica visita a la Argentina en 1979 para hacer el primer registro de desaparecidos de la dictadura.

Por su parte, el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca, se solidarizó con los periodistas argentinos atacados. Consignó que en ningún país democrático un periodista debería sentir desconfianza al cumplir con su labor.

Añadió que, más allá de la censura previa y de las doctrinas constitucionales, “hay estándares de libertad de Expresión que deben cumplirse” en una democracia. Por su parte, la secretaria ejecutiva Tania Reneaum consideró que la pluralidad de la mesa marca una tendencia. “Preocupa, porque no hay una restricción normativa, pero pareciera que en la vía de los hechos hay restricciones y afectaciones. Si una mesa plural dice que hay una tendencia hay que mirar hacia allí con el afán de corregir” recomendó.

Previamente, la presidenta de FOPEA Paula Moreno consignó que el discurso gubernamental está signado por el uso de “narrativas de odio y desinformación” como estrategia de confrontación contra periodistas. “Todo se resume en la elocuencia de la frase del propio Presidente Milei, replicada por funcionarios y seguidores: ‘No odiamos lo suficiente a los periodistas’”, agregó

Moreno enumeró tres hechos: el aumento inédito de agresiones -principalmente violencia digital y hostigamiento protagonizado por las máximas autoridades-; el uso de acciones judiciales para intimidar a periodistas y la violencia física contra la prensa durante manifestaciones.

Al exponer los datos del Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA, citó cifras preocupantes: en 2024 se registraron 179 casos de ataques, lo que representa un aumento del 53% respecto a 2023 y del 103% frente a 2022. Además, en lo que va del 2025 ya hay un récord de 257 casos, superando incluso las cifras del año 2013 durante la presidencia de Cristina Kirchner, que tenía hasta ahora registrado el mayor número de ataques contra periodistas en un año.

En su intervención, el ex presidente de Poder Ciudadano Wortman Jofré se refirió a las restricciones institucionales, haciendo hincapié en el uso de la Justicia como “arma política” y citando como punto crítico las modificaciones del Gobierno de Javier Milei a la Ley de Acceso a la Información Pública. “El uso de la justicia crea un ambiente de miedo y desconcierto, forzando a los periodistas a evaluar muy detenidamente si profundizan o abandonan sus líneas de investigación“, advirtió.

Por su parte, Claudio Jacquelin, vicepresidente de FOPEA, citó al ex editor de The Washington Post, Marty Baron: “La descalificación busca deshumanizar a los periodistas, convertirlos en objetos desechables”. Jacquelin advirtió que estas agresiones lesionan el derecho de la ciudadanía a estar informada y denunció la inactividad institucional, recordando que la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados no funciona desde hace más de un año.

Los pedidos concretos ante la CIDH

En el cierre de la audiencia, FOPEA y Poder Ciudadano reafirmaron su compromiso con la defensa de la libertad de Expresión y formalizaron ante la Comisión una serie de solicitudes concretas para frenar el deterioro del ejercicio periodístico en el país:

1. Se adhirió al pedido de una misión oficial del Relator Especial para la Libertad de Expresión (RELE) y la elaboración de un exhaustivo informe de país.

2. Se solicitó instar al Poder Ejecutivo Nacional a derogar el Decreto 780/2024, por restringir los alcances de la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública.

3. Se requirió la creación de un Observatorio Permanente que monitoree la situación de la libertad de Expresión en Argentina.

4. Se pidió el apoyo de la Comisión para activar el acuerdo vigente entre la Corte Interamericana y la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), así como el estudio de herramientas judiciales efectivas para proteger la labor periodística.

5. Se solicitó a la Relatoría de Libertad de Expresión la elaboración de un protocolo que garantice el litigio sin costos económicos en casos de reclamos por acceso a la información pública.

En otro tramo de la audiencia, las demás organizaciones denunciaron un “patrón sistemático” de ataques a periodistas. Desde SiPreBA, FATPREN y ARGRA alertaron sobre la “normalización” del uso de máscaras de gas y los ataques directos de las fuerzas de seguridad, citando las graves heridas del fotógrafo Pablo Grillo y el “desguace” de la agencia de noticias estatal Télam.

Por su parte, Alberto Julio Baños, subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, intervino en representación del Estado nacional. Primero, cuestionó las expresiones de las organizaciones al entender que “excedían el objeto de la audiencia porque criticaban las políticas públicas del Gobierno y la legitimidad de un pedido de informes de la Relatoría Especial”. Y dijo que “nos prestamos al diálogo al que nos invitan. Pero hay que diseñar una hoja de ruta previa para que no se convierta en un contencioso contradictorio”.

Consideró que en la Argentina no existen restricciones para el trabajo de la prensa y aseveró que no se tomaron “medidas regresivas”. Además, sostuvo que se celebran conferencias de prensa y que se responden a los pedidos de acceso a la información pública. Sobre las denuncias de agresiones en marchas dijo que fueron “hechos aislados” y no una persecución deliberada. “El uso de la fuerza está regulado y la actividad periodística está protegida”, agregó Baños.