Llamaron a indagatoria a Diego Spagnuolo por las presuntos direccionamientos de contratos en la agencia de discapacidad ANDIS

Después de pedir la nulidad de la causa que lo tiene como principal sospechoso de un presunto entramado de corrupción, el juez federal Sebastián Casanello, citó a indagatoria a Diego Spagnuolo ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad en el marco de la causa ANDIS que derivó en su despido tras el escándalo público. El 19 de noviembre, a las 13, deberá presentarse en Comodoro Py. Hubo una indagatoria y detención este viernes.

Tres meses desde el inicio de la causa penal, la justicia avanza con la instancia de las indagatorias para que los acusados puedan explicar ante el juzgado y el fiscal, los hechos atribuidos en el marco de un posible circuito de sobornos alrededor de la compra de medicamentos por parte de la ANDIS.

El fiscal Franco Picardi solicitó las indagatorias -que fueron avaladas por el juzgado- al determinar que la ANDIS se “constituyó como una agencia en la cual existió un esquema estructurado y sostenido de direccionamientos de contrataciones públicas y, en consecuencia, por las características, de defraudación al erario nacional, instrumentado mediante el uso del sistema informático SIIPFIS como herramienta de aparente transparencia”.

La investigación de la fiscalía, reveló que “parte de los beneficios dinerarios obtenidos en forma espúrea de la agencia de discapacidad, serían ubicados en terceras firmas que no guardan -en principio- vinculación con el sector de las droguerías y firmas proveedoras de insumos de alto costo y baja incidencia”.

En concreto, se han identificado “operaciones -remisión de efectivo, transferencias bancarias, emisión de cheques- (…) que reflejan diversas transacciones dinerarias que se dan entre droguerías y firmas del sector bajo estudio, hacia Alan Pocoví y Sergio Mastropietro y las firmas vinculadas a este último -Baires Jets S.A. y Baires Fly S.A.-”, las que tendrían por objeto una acción de movilización de los fondos “tendientes a su blanqueo”.

La citación incluye a otros ex funcionarios y personas del sector privado vinculado a las droguerías y prestadoras de medicamentos e insumos de alto costo. En total son 15 personas las que deberán declarar ante la justicia federal.

La acusación por la que deberán responder sostiene: “Los hechos habrían sido ejecutados -al menos entre diciembre de 2023 y octubre de 2025- por un grupo organizado de personas, integrado por: Diego Orlando Spagnuolo; Daniel María Garbellini; Pablo Atchabahian; Miguel Ángel Calvete; Eduardo Nelio González; Lorena Di Giorno; Roger Edgar Grant; Luciana Ferrari; Federico Maximiliano Santich; Guadalupe Ariana Muñoz; Patricio Gustavo Rama; Ruth Noemí Lozano; Andrés Horacio Arnaudo; Silvana Vanina Escudero; Alejandro Gastón Fuentes Acosta y otras personas.

Se sospecha que su finalidad fue la comisión de “delitos contra la administración pública y obtener ganancias indebidas a través de maniobras fraudulentas y la promesa y entrega de dádivas a funcionarios públicos”.

Según supo Clarín de fuentes judiciales, “se detectó una organización delictiva, direccionamiento en la compra de medicamentos e insumos de alto consto y sobreprecios”. También “el pago de sobornos a los funcionarios públicos”.

Todas las acciones determinadas por el Ministerio Público Fiscal, fueron en “perjuicio de la administración pública y en particular del sector poblacional con discapacidad, y especialmente vulnerable, adherido al Programa Incluir Salud, destinado a personas que gozan de pensiones no contributivas y no poseen otra cobertura de salud (lo que abarca a madres con 7 hijos, mayores de 70 años en situación de pobreza, entre otros)”.

Diego Spagnuolo -ex titular de la ANDIS- dejó el cargo cuanto tomó estado público un conjunto de conversaciones en las que hacía mención a supuestos sobornos que habían subido “del 5% al 8%”.

Dejando de lado el grado de sospecha inicial, el fiscal Franco Picardi determinó que esta investigación se “circunscribe a la investigación de posibles maniobras de corrupción pública desplegadas en el seno de la Agencia Nacional de Discapacidad desde diciembre del 2023 a agosto del 2025”.

Bajo este mapa de sospechas, deberán también declarar Daniel Garbellini que se desempeñaba como subalterno de Spagnuolo, entre otros ex funcionarios.

En este tramo no fueron citados los hermanos Kovalivker dueños de la droguería Suizo Argentina SA. Tampoco, dentro de los posibles funcionarios involucrados en la maniobra delictiva, es mencionada la hermana del presidente de la Nación, Karina Milei.

Esto se debe a que esta línea de investigación se inició con la apertura del teléfono de Garbellini que “ratifica el modus operandi, el tipo de comportamiento denunciado” pero no figura de forma explícita el rol de los Kovalivker, pero “hay prueba bajo estudio que se acerca a los dueños de la droguería”, explicaron fuentes judiciales a Clarín.

La fiscalía continúa profundizando la investigación sobre los dueños de la Suizo Argentina SA. De hecho, en las últimas 24 horas se produjeron más de 30 allanamientos, algunos de ellos que responden a la pesquisa sobre la familia Kovalivker.

En tanto, el juez Casanello tomó indagatoria a Pablo Atachabahian, ex funcionarios de la ANDIS. Ocupó el mismo cargo de Garbellini hace años. El magistrado le dictó el arresto domiciliario.

En la resolución a la que accedió Clarín, se consignó lo investigado por el fiscal federal Franco Picardi, quien escribió: “puede concluirse que la ANDIS se constituyó como una agencia en la cual existió un esquema estructurado y sostenido de direccionamientos de contrataciones públicas y, en consecuencia, por las características, de defraudación al erario nacional, instrumentado mediante el uso del sistema informático SIIPFIS como herramienta de aparente transparencia”.

La maniobra de presunta corrupción según determinó Picardi, se estructuró en etapas.

En un primer estadio, explicó el Ministerio Público Fiscal, se verificó la “manipulación del mecanismo de compulsa de precios a fin de restringir artificialmente la competencia, conformando un circuito de proveedores predeterminados -principalmente las droguerías Profarma S.A., Génesis S.A., New Farma S.A. y Floresta S.A.- vinculados de manera directa o indirecta con funcionarios y operadores del organismo. Este direccionamiento permitió consolidar un grupo cerrado de oferentes, excluyendo a competidores regulares y. garantizando la adjudicación reiterada de procesos a las mismas empresas, en compulsas reducidas donde se invitaba sólo a tres o cuatro droguerías seleccionadas”.

En una segunda fase, al menos en cuanto respecta a medicamentos, una vez consolidado el control del circuito de compras, el grupo de empresas beneficiadas procedió a “incrementar sostenidamente los precios de los medicamentos adjudicados”.

Los casos puntuales analizados, evidenciaron un patrón sistemático: “fragmentación de compras, invitación selectiva de proveedores y escalada de precios en favor de las mismas droguerías, sin justificación técnica ni comercial.”

En definitiva, se detalló, el examen conjunto de las evidencias obtenidas hasta aquí, permite concluir que las droguerías Profarma S.A., Génesis S.A., New Farma S.A., y Floresta S.A., formaron parte de un entramado funcionalmente articulado, en el que cada una cumplió un rol específico dentro de un esquema de direccionamiento de contrataciones, alternando”.

Así, según la resolución judicial, por un lado, Profarma S.A. y Génesis S.A., operaron como los principales vehículos de adjudicación de medicamentos, mientras que New Farma S.A., Droguería Floresta S.A. lo fueron en la provisión de implantes auditivos, siendo un ejemplo concreto que representa una gran suma de dinero, emanado desde el Estado Nacional. A la inversa, Profarma S.A. y Génesis S.A. en insumos auditivos, y New Farma S.A.y Floresta S.A. en medicamentos, actuaron como oferentes de cobertura, brindando apariencia de competencia a procedimientos que, en realidad, se encontraban previamente definidos.

De este modo, sostuvo el fiscal “se distribuían ganancias de manera preacordada; y todos ganaban”.

En consecuencia, concluyó el representante del Ministerio Público Fiscal, los hechos descriptos “configuran una maniobra defraudatoria en perjuicio del Estado Nacional, que excede las meras irregularidades administrativas y revela la existencia de un acuerdo de voluntades destinado a manipular el sistema de contrataciones para insumos y medicamentos destinados a los beneficiarios del Programa Incluir Salud”.

En este sentido, no puede perderse de vista, añadió Franco Picardi, “ tal y como expliqué más arriba, que las empresas Génesis S.A. y Profarma S.A. se repartieron el 93,11 % de los $ 30.337.220.919,77 que se adjudicaron en el período verificado (julio 2024 a agosto 2025) en el marco de las licitaciones reducidas”.

Asimismo, la resolución judicial da cuenta de que New Farma S.A. y Floresta S.A., resultaron adjudicatarias del 51,67% de los $13.328.004.541 adjudicados en 2025 (hasta el mes de agosto), y del 50,36% de los $5.117.817.946 adjudicados entre septiembre de 2024 a fin de ese año, en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados.

La evidencia recolectada por el fiscal, determinó que la defraudación “no fue un hecho aislado, sino el resultado de una estructura organizada, con reparto de funciones y roles diferenciados, destinada a garantizar la permanencia del esquema, encubrir sus beneficios económicos y asegurar su continuidad operativa mediante el control del sistema SIIPFIS y de las compulsas de precios”.