Crece la tensión por la reunión de Casación con el Tribunal del juicio Cuadernos, para que las audiencias sean presenciales

El martes próximo al mediodía, la Superintendencia de la Cámara de Casación se reunirá con los jueces del Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), responsable de realizar el debate público sobre la estructura de sobornos que condujo a Cristina Kirchner al banquillo de los acusados señalada como jefa de la asociación ilícita en el famoso caso de los Cuaderno de las Coimas. Su defensa -como la de Julio De Vido y Roberto Baratta- pidió participar del encuentro que, busca imprimir celeridad al mayor juicio en materia de corrupción del país.

¿Podrá la virtualidad ser reemplazada por audiencias presenciales en el juicio por los Cuadernos? Es una de las preguntas centrales en las que se sustentará la reunión que los integrantes de la Superintendencia del máximo tribunal penal tendrán con el TOF 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli.

La finalidad del encuentro es “brindar las herramientas posibles para que el juicio se desarrolle con la mayor celeridad posible”, señaló una fuente judicial a Clarín. Ello podrá incluir un planteo para que se aumente la cantidad de audiencias semanales y discutir la posibilidad de que se utilice la Sala AMIA -la más grande con la cuenta Comodoro Py-, para realizar el juicio de forma presencial.

El caso de los Cuadernos de las Coimas tiene a 86 de las 126 personas investigadas en juicio oral y público. Hay un tramo por lavado de activos cuyo debate oral se espera que inicie en 2026. La causa cuenta además con 25 imputados colaboradores que admitieron haber recaudado pagos ilegales, otros que reconocieron haber realizado los mismos y algunos ex funcionarios y secretarios privados que proporcionaron a la justicia detalles de cómo algunos bolsos con plata ilegal viajaban a Santa Cruz.

El juicio comenzó después de seis años desde su elevación por parte del juez instructor, Claudio Bonadio.

La semana pasada, la primera audiencia donde se leyeron las coimas atribuidas a la ex Presidenta de la Nación quedó envuelta en el debate respecto a la modalidad adoptada por el TOF 7 para llevar adelante las audiencias, que se realizan en forma virtual y se transmiten por YouTube.

A eso se sumó la discusión del calendario, que hasta marzo de 2026 contemplaba sólo una audiencia semanal.

Esos criterios se revisaron después de la citación de la Casación a los jueces del TOF 7. Este jueves, antes del inicio de la segunda audiencia, se informó que a partir del 25 de noviembre el juicio se realizará martes y jueves. Junto con ello, se determinó que las indagatorias serán presenciales para quienes declaren y el resto de las partes podrán seguir virtualmente la audiencia.

Con críticas de algunos abogados que consideran que sumar una audiencia más es “ceder ante las presiones de los medios”, pero sobre todo expusieron que la decisión altera un cronograma ya estipulado, la resolución fue firmada por unanimidad y fueron notificadas todas las partes.

El otro debate abierto tiene que ver con la reunión en la que estarán presentes el presidente de la Cámara de Casación, Daniel Petrone, su vicepresidente, Diego Barroetaveña y los presidentes de las Sala, Ángela Ledesma, Carlos Mahiques y Mariano Borisnky. Todos ellos integran la superintendencia que tiene jurisdicción administrativa sobre los tribunales orales, no judicial.

La defensa de Cristina Kirchner, a cargo de Carlos Beraldi, y los abogados de Julio De Vido y Roberto Baratta -principales acusados en este caso- pidieron presenciar el encuentro.

”Es una audiencia de superintendencia y no hay antecedentes de que las partes participen”, señalaron esta mañana fuentes judiciales a Clarín.

De todos modos, el TOF 7 remitió el planteo al máximo tribunal penal haciendo saber la pretensión de varios abogados más de participar del encuentro. Se espera una respuesta por parte de la Casación.

¿Puede la Superintendencia modificar el cronograma de trabajo? En la resolución leída el jueves, desde el Tribunal de juicio se recordó que es jurisdicción de los TOF determinar cuál es la mejor manera de llevar adelante el juicio. Lo que no implica que la Casación Federal pueda sugerir una revisión de la metodología aplicada.

La mirada no es unánime y en Comodoro Py están quienes consideran que el martes se puede firmar una resolución por superintendencia que le solicite al TOF 7 que sume más audiencias, que deje la virtualidad para casos excepcionales y el resto sea en forma presencial.

Con mayor prudencia, algunos magistrados en los Tribunales de Retiro indicaron a Clarín que “aún falta bastante para el martes” y que será entonces cuando se sepa si la modalidad del debate sobre la asociación ilícita que comandó Cristina Kirchner sufrirá modificaciones o no.

Después de enumerar una serie de planteos de la Corte Suprema, al Consejo de la Magistratura y a la Casación desde hace seis años, cuando el expediente de los Cuadernos quedó radicado en el Tribunal, los jueces del TOF 7 señalaron que la Sala AMIA sugerida por el máximo tribunal penal estaba en obras de remodelación.

El planteo continuó: “Tampoco se ha ofrecido por parte de los tribunales superiores, sobre todo desde la fijación de la fecha de audiencia, ni sugerido ninguna propuesta vinculada con la optimización del juicio oral y público iniciado la semana pasada. Al respecto, cabe recordar que, la anunciada mudanza de este Tribunal, al edificio de Comodoro Py, allá por 2020, ha sido hasta aquí -a lo largo de los años- una iniciativa sin principio de ejecución.

Ante todo ese derrotero, el Tribunal ha decidido “en el marco de las atribuciones oportunamente informadas, que las declaraciones indagatorias se celebren bajo la modalidad mixta; es decir, con sus integrantes, las personas imputadas que corresponda convocadas con sus defensores, partes acusadoras y público, de manera presencial, mientras que el resto de las partes y público general lo hará de modo telemático”.

Se informó que se requerirá nuevamente a la Corte, por intermedio de la Cámara Federal de Casación Penal, que autorice la utilización de la Sala de Derechos Humanos -ubicada en la planta baja del palacio- “para llevar a cabo en forma híbrida la etapa prevista en el artículo 378 del Código Procesal Penal de la Nación”.