Causa Cuadernos: las otras 164 coimas que le leerán a Cristina en el juicio, los empresarios que las pagaron y para qué obras

“La camarita” es uno de los expedientes conexos a la causa central sobre los Cuadernos de las coimas, donde se le atribuyen a Cristina Kirchner más de un centenar de sobornos recibidos. Los mismos fueron pagados por diversos empresarios vinculados a la Cámara de la Construcción que presidía Carlos Wagner. La obra pública, una vez más, se convirtió en uno de los pilares de la acusación contra la expresidenta por hechos de corrupción.

Con 51 personas procesadas de las 126 que en su totalidad fueron investigadas en la causa de los Cuadernos, el tramo que se concentra en el circuito de sobornos que se estableció desde la Cámara de la Construcción y que la justicia federal logró desentrañar tras un conjunto de confesiones clave: la de Wagner, la del financista Ernesto Clarens, la del ex secretario de Obras Públicas -José López- y de un grupo de empresarios que eran quienes pagaban sistemáticamente las coimas.

Durante la primera audiencia del juicio oral y público que tiene bajo su responsabilidad el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) se leyeron los primeros 40 hechos de cohecho pasivo (recepción de coimas) atribuidos a Cristina Kirchner. Como contó Clarín, representan más de U$S 10.400.000. Por delante, resta la lectura de otras 164 coimas que integran la acusación de la exmandataria junto a la mayor responsabilidad penal: la de haber sido jefa de una asociación ilícita.

Es en el marco del expediente 13816/2018 donde se detallan el mayor listado de sobornos que -según se determinó en la etapa de instrucción-, percibió por interpósita persona Cristina Kirchner. El requerimiento de elevación a juicio de este tramo, consta de 420 páginas y cuenta con diez arrepentidos.

La causa se formó el 22 de agosto de 2018 como un desprendimiento del expediente principal, cuyo requerimiento de elevación a juicio comenzó a leerse el jueves pasado.

Sostiene la acusación: “tras reunirse elementos que sustentaran que la asociación ilícita también había operado en los rubros específicos de obra pública civil, energía y transporte”, para profundizar la investigación se creó este expediente centrado en la obra pública civil.

Los aportes de los imputados colaboradores permitieron reconstruir el mecanismo de corrupción que funcionaba utilizando a las empresas nucleadas en la Cámara de la Construcción y que fue “implementado principalmente por funcionarios públicos del gobierno argentino, en ese sector”.

Se determinó que se abonaron anticipos financieros a representantes estatales, a través de Ernesto Clarens, extrayendo un porcentaje del valor ofertado por la obra –generalmente, entre un 3% y un 20%– o montos más concretos y relacionados con certificados de obra.

Así lo explicaron ante el fiscal Carlos Stornelli y el fallecido juez, Claudio Bonadio, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex Presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner, y el propio Clarens.

¿Qué dijo López? Como arrepentido señaló: ,”yo me ocupé de seguir las obras de vialidad nacional (…) el anticipo financiero era normalmente del 10%, y de ese anticipo pagaban el 5% de retorno. A veces, el 3% si la obra no tenía anticipo financiero contra los certificados de obra. Él me decía (De Vido) y yo se la pasaba a la gente de Vialidad para que lo incluyan en el listado del próximo mes. El listado que me pasaba la gente de la DNV era un listado del Ministerio Público de la Nación, certificados de obra ejecutado por las empresas y que se adeudaba”.

La metodología era la siguiente: “después de la reunión con la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y Julio de Vido en Olivos en el año 2011, la Presidenta le pide a De Vido el listado de pagos mensuales de todas las obras del Ministerio de Planificación discriminado por empresas. Y me piden los dos a mí, que haga lo mismo para la Dirección Nacional de Vialidad, que dependía de mi Secretaría de Obras Públicas”.

Todos los meses con la información de los certificados de obra que los directivos de Vialidad Nacional entregaban a José López, que a su vez vez incluía el cupo presupuestario o monto disponible para pagar ese mes a las empresas, el ex secretario de obras públicas “desarrollaba en forma proporcional el listado que le correspondía cobrar a cada empresa”. Explicó que los cupos los fijaban Julio De Vido y Roberto Baratta.

La ex Presidenta, según la confesión clave para este expediente, “se fijaba los montos que debían cobrar básicamente Austral (Lázaro Báez), CPC (Cristóbal López), Electroingeniería (Gerardo Ferreyra) y JCR (Relats) y lo que sobraba se repartía en forma proporcional con el resto de las empresas. Si había que ajustar de acuerdo a lo que debían cobrar esas cuatro empresas, se hacía y lo que sobraba se repartía en forma proporcional con el resto”.

En función de esa estructura detallada también por Carlos Wagner, es que se escucharán 164 coimas más que recibió la ex mandataria.

De los 51 imputados en este tramo con Cristina Kirchner a la cabeza de la organización señalada como jefa de la asociación ilícita que se dedicada al cobro de fondos ilegales, sólo seis son ex funcionarios, los restantes 45 son empresarios.

Entre los más relevantes apuntados como responsables de haber pagado sobornos que terminaron direccionados a la ex mandataria, se encuentran Gerardo Ferreyra (2 coimas), Cristóbal López (6), Fabián y Osvaldo De Sousa (6), Carlos Wagner (7), José, Gerardo y María Rosa Cartellone (10), Hugo Alberto Dragonetti (22), Juan Chediack (5), Aldo Benito Roggio (11), Mario Rovella (12), Ángelo Calcaterra (4), Javier Sánchez Caballero (4).

El listado sigue: Gabriel Losi, Patricio Gerbi, Ricardo Scuncia, Santiago Altieri, Miguel Ángel Marconi, Osvaldo Acosta, Marcela Sztenberg, Silvio Mion, Daniel Piton, Roberto Orazi, Julio Paolini, Juan Luciano, Pablo Gutiérrez, Jorge Benolol, Adrián Pascucci, Oscar Sansiñena, Luis Armani, Guillermo Escolar, Juan Bautista Pacella, Carlos Román, Carlos Arroyo,Tito Biagini, Hugo Kot, Rodolfo Perales, Eduardo Kennel, Juan Manuel Collazo, Ricardo Repetti, Mauricio Pascucci, Luis Losi.

Un dato no menor: diez de los empresarios se convirtieron en imputados colaboradores, entre ellos el primo de Mauricio Macri, Juan Chediack, Roggio, Wagner, entre otros.

Todos ellos, según determinó la justicia federal, fueron responsables de pagar las coimas alrededor de la obra pública civil. Al describir cómo funcionaba el sistema, Carlos Wagner afirmó que “la obra pública iba a ser uno de los métodos de recaudación de dinero para los gastos políticos. A modo de ejemplo, llamada una licitación los interesados compraban los pliegos y se reunían en distintos lugares para determinar al ganador de la licitación”.

El financista vinculado al kirchnerismo Ernesto Clarens precisó detalles en relación a la “camarita” y dijo que consistía en un “sistema de cartelización de obras donde se acordaba con los empresarios los proyectos a adjudicar y el monto y porcentaje que debía abonarse al respecto”.

De hecho en una de las ocasiones en la que declaró sostuvo que “la camarita, es decir la Cámara Argentina de Empresas Viales, mensualmente me entregaba un listado en el que constaban las obras licitadas, en cada renglón consta una obra, de allí surge la fecha, el número de licitación, la obra licitada, el presupuesto oficial, la empresa adjudicataria y el monto ofertado, en la columna siguiente el porcentaje de sobreprecio, los renglones que tienen un símbolo azul es porque esas obras se adjudicaron competentemente”.

El segundo listado corresponde al ranking de las empresas cartelizadas. “Los funcionarios no controlaban mucho salvo que hubiera un adelanto financiero. Si la licitación preveía que el adelanto financiero fuera del 20% del total de la obra, se le pedía a la empresa la entrega de la mitad del anticipo en una única entrega, si en cambio el anticipo representaba el 10% del total de obra, se le pedía a la empresa ese porcentaje en cuotas”, dijo el financista K.

Fue justamente Clarens quien aportó a la causa, distintos listados vinculados a las empresas que realizaron pagos -en base a obras públicas adjudicadas a través de un sistema de selección ilegal preacordado-, los cuales sentaron las bases y principios de esta investigación.