Encuentran un muerto dentro de un hotel de los Kirchner ocupado ilegalmente y la Justicia ordena su desalojo

Uno de los hoteles de la familia Kirchner que podría incluirse entre los bienes a decomisar en el marco del caso Vialidad, permanece hace tres años, en una particular situación: está usurpado. La ocupación ilegal comenzó con dos familias, pero hoy utilizando las instalaciones del lugar cuya obra de ampliación quedó inconclusa, se encuentran más de cien personas. A ese escenario se sumó un hecho que encendió las alarmas, una persona apareció sin vida. La defensa de la ex presidenta, constituida en parte querellante reclamó que se desalojen las instalaciones. El juez que interviene en el caso intimó al desalojo de las instalaciones en un plazo de 60 días.

Uno de los tantos vínculos comerciales entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez, fue el hotel La Aldea de El Chaltén, ubicado a los pies de la montaña en la capital nacional del trekking.

Las instalaciones sólo devuelven la imagen de abandono. Una obra de ampliación sin concluir, un cartel en la puerta que recuerda su cierre hace años, da cuenta de la decadencia del establecimiento que supo ser parte de la oferta turística de El Chaltén. Esta pequeña ciudad se encuentra a una hora de El Calafate y se trata del municipio más joven del país, fundado durante la gobernación de Arturo Puricelli.

Ese pequeño hotel de montaña no se comercializó más y sólo sumó deudas con la empresa que trabajaba en su refacción. El complejo turístico podría incluirse dentro del listado de bienes que la fiscalía en Comodoro Py exige ejecutar como parte del decomiso del caso Vialidad.

A La Aldea de El Chaltén que pertenece a la inmobiliaria Los Sauces -investigada por lavado de dinero-, se le asignó un valor de 108.413.000 pesos. Sus puertas no volvieron a abrir desde comienzos de 2016 cuando se inició una refacción que quedó inconclusa: se pretendía duplicar la superficie del pequeño hotel. Hubo negociaciones para alquilarlo, pero ninguna empresa logró hacer una oferta que convenciera, siendo que debe terminarse la ampliación y después refaccionarlo por completo para su reapertura.

La situación se agravó cuando hace tres años dos familias ingresaron de forma ilegal para vivir dentro del hotel cerrado. Lo que podía establecerse como una medida transitoria, siempre ilegal, perduró en el tiempo hasta convertirse en un escenario “riesgoso, complejo y difícil de regularizar”, como explicó una fuente judicial a Clarín.

En la actualidad según el último relevamiento -al que accedió este medio- y que fue ordenado por el juez de instrucción, Carlos Albarracín, son 34 los grupos familiares que representan 130 personas relevadas utilizando las instalaciones del hotel de la familia Kirchner. De ese universo, estiman que 30 se tratan de niños, niñas y adolescentes, “que no se encuentran en su totalidad escolarizados”, explicaron fuentes oficiales a Clarín.

El documento fue entregado al juzgado por la Secretaría de Políticas Sociales del municipio de El Chaltén y da cuenta “de la gravedad de la situación”, como indicaron fuentes allegadas al caso.

Las autoridades locales consignaron en la nota: “No somos ajenos a la situación y pese a todos los esfuerzos que se pudieran hacer desde el Municipio, sería imposible reubicar a todos los grupos familiares (en su mayoría con NNyA a cargo, también pacientes oncológicos, docentes y vecinos con discapacidad), ya que no se cuenta con el espacio físico necesario para ello. Además y no menos importante destacar que es de público conocimiento la emergencia habitacional que atraviesa el Chaltén desde hace varios años, misma emergencia declarada por el HCD de El Chaltén en abril de 2022 y posteriormente por Cámara de Diputados de la Provincia en agosto de 2024 y que se mantiene a la fecha actual”.

Al delicado escenario se sumó un dato que alarmó a la justicia: una persona se quitó la vida recientemente en las instalaciones usurpadas.

“Esa particular situación no guarda relación con el problema que expone la cantidad de familias que viven allí pero sí demuestra lo delicada de la situación y el riesgo que supone”, explicó una fuente judicial a Clarín.

La discusión ya la había librado el juez Albarracín cuando decidió avanzar con el desalojo de las instalaciones tras el pedido del administrador del hotel designado por la familia Kirchner quienes fueron aceptados como parte querellante.

Sin embargo, la decisión del magistrado fue apelada por quien representa a los grupos familiares que se encuentran usurpando el hotel. Fue el juez de Recursos de Río Gallegos, Nelson Sánchez quien dirimió la discusión y avaló el criterio de su par de instrucción.

El fallo al que accedió Clarín avala lo resuelto por Albarracín quien ordenó, “procédase en un plazo de 60 días desde su notificación, al desalojo de todas las personas que se encuentren habitando el inmueble denominado “H.L.A.” de la localidad de El Chaltén”. Sostuvo el juez de Recursos, “hemos de concordar con el Sr. Instructor en cuanto a la decisión de denegar el recurso de apelación interpuesto, por no vislumbrar el perjuicio irreparable que la diligencia le ocasiona”.

Con el respaldo de la instancia superior, el juez de instrucción hizo correr los plazos de la intimación para que de forma voluntaria las personas desalojen las instalaciones de La Aldea de El Chaltén. Según confirmaron fuentes judiciales a Clarín, los 60 días impuestos vencerán dentro de la primera quincena de noviembre.

Si bien el juzgado está habilitado a proceder al inmediato desalojo con la intervención de la fuerza pública, bajo la compresión de que se está ante una situación delicada en la que, además, hay niños, niñas y adolescentes involucrados se dio un plazo para que las familias dejen el lugar.

La semana próxima habrá una audiencia con el administrador de los bienes de la familia Kirchner, las autoridades judiciales, integrantes de los organismos provinciales y municipales intervinientes ante la crisis habitacional que vive El Chaltén por tratarse de un poblado dentro de un parque nacional lo que restringe cualquier posibilidad de ampliar el ejido urbano, y quienes defienden a las familias que usurparon el hotel.

El juez Albarracín no descarta prorrogar los plazos del desalojo voluntario siempre y cuando haya “voluntad de acatar la orden y de llegar a un acuerdo con las partes”.

En su momento el administrador Sebastian Sánchez informó respecto a la Hostería La Aldea que la misma sen encontraba “deteriorada y no operativa, con imposibilidad de realizar mejoras por falta de fondos en la sociedad, por lo cual se pretende tercerizarlo para su reparación y posterior explotación sin avances a la fecha.”

Este complejo que hasta 2013 administró Lázaro Báez, quedó cerrado hace más de siete años y pertenece a la inmobiliaria Los Sauces SA que en su cuenta bancaria admite tener sólo 300.000 pesos y varias propiedades intrusadas y otras sin poder alquilar.

El valor que la justicia atribuyó a este hotel de montaña es de 108.413.000 pesos. Su obra de ampliación quedó inconclusa y permanece en ese estado hace años. El último administrador fue IDEA SA, propiedad de Osvaldo Sanfelice, un hombre clave en los negocios de la familia Kirchner. Todos comparecen en un juicio oral acusados de lavado de dinero.

El 7 de abril de 2009,Los Sauces compró una parcela de 1961 metros cuadrados sobre la avenida principal de la localidad de El Chaltén. Allí se levantó con 25 habitaciones, la hostería de montaña La Aldea y, según reveló Clarín, hace pocas horas comenzó a demolerse parte del edificio.

Ese terreno pertenecía a Martín Báez, el hijo del empresario preso por lavado de dinero, en un 50% siendo el porcentaje restante, propiedad de Lázaro Báez.

El hotel fue administrado con Valle Mitre SRL propiedad del dueño de Austral Construcciones. Esa compañía fue la gerenciadora, también de Hotesur -dueña del Alto Calafate- y del hotel Las Dunas, todos propiedad de la familia Kirchner.

La justicia dijo que todos los hoteles fueron utilizados para operaciones de blanqueo. Por esa causa el año que viene Cristina y Máximo Kirchner, junto a la hija de Alicia Kirchner -Romina Mercado-, el ex socio del diputado, Osvaldo Sanfelice, Lázaro Báez, Víctor Manzanares, entre otros, comparecerán ante el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) acusados de lavado de dinero.