La UBA va a la Justicia contra el Gobierno para que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario

El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió iniciar acciones judiciales contra el Gobierno del presidente Javier Milei, para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La norma 27.795, que establece un nuevo régimen de financiamiento para las universidades públicas y la recomposición salarial del personal docente y no docente, fue sancionada por el Congreso y promulgada por decreto.

Sin embargo, el Gobierno dejó su implementación en suspenso hasta que el Poder Legislativo defina las fuentes de financiamiento.

En el recinto, la UBA argumentó que el decreto que promulga y que a la vez suspende su ejecución “altera el sistema republicano de frenos y contrapesos” y “quebranta la voluntad soberana del Congreso”.

La resolución del Consejo instruyó al rector a llevar adelante las acciones judiciales necesarias para exigir la inmediata implementación de la ley.

Además, se ordenó comunicar esta medida a todas las unidades académicas, colegios secundarios y hospitales universitarios vinculados a la institución.

El Consejo Superior fundamentó su decisión en la grave situación económica que enfrenta el sistema, manifestando su preocupación por el estado presupuestario que afecta a las Universidades Nacionales y el deterioro salarial de los trabajadores.

En este contexto, la UBA ha declarado la emergencia tanto en materia salarial como presupuestaria.

El documento destaca que la ley en cuestión responde a la crítica situación de funcionamiento de las universidades y a la precariedad salarial de sus trabajadores.

Según el consejo, la no aplicación de la norma “profundiza esta crisis” y constituye un “ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la Universidad Pública Argentina”.

La UBA exigió al Ejecutivo que cumpla de manera inmediata con la ejecución efectiva, asignando los recursos necesarios en cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales vigentes.

La situación se da en un contexto donde el Gobierno también suspendió la aplicación de la ley, que declara la emergencia sanitaria en salud pediátrica y residencias nacionales en salud, hasta que también desde el Congreso que impulsa esas normas se determinen las fuentes de financiamiento en el Presupuesto Nacional.