$LIBRA: la Justicia de EE.UU. rechazó un pedido de fondos de inversión de embargar al estado argentino

La jueza del Distrito Sur de Nueva York Jennifer Rochon, denegó la solicitud de cuatro fondos de inversión que pedían autorización para obtener pruebas en Estados Unidos con el fin de vincular al Estado argentino con las ganancias que generó la criptomoneda $LIBRA y embargar sus bienes.

Al rechazar el pedido, la jueza escribió la hipótesis según la cual “las pruebas podría sugerir” que los ingresos que generó $LIBRA podrían ser del presidente Javier Milei, su hermana Karina y algunos impulsores como Hayden Davis “con el eventual propósito de invertirlos en la economía argentina” y no del estado argentino. Su argumento no se refiere a ninguna prueba existente en la causa sino al rechazo del pedido del Discovery.

Rochon rechazó así el pedido de los fondos Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International Limited porque sus argumentos resultan insuficientes para probar que el dinero que generó $LIBRA sea del Estado argentino.

Pero Rochon en una resolución que publicó La Nación dice en que “las pruebas no permiten sostener que la República Argentina sea actualmente titular de los activos”.

Para la magistrada, los fondos demandantes incurrieron en una “excursión de pesca” al solicitar documentación y testimonios de un alcance enorme.

En declaraciones periodísticas, el abogado Jorge Monastersky explicó que la razón de la negativa a la solicitud del Discovery “no fue la existencia de vínculos patrimoniales con autoridades argentinas, sino la falta de precisión y proporcionalidad del pedido, que fue considerado una ‘fishing expedition’, es decir, una búsqueda especulativa y carente de base fáctica”.

La jueza “no investigó a funcionarios, no declaró la existencia de fondos ocultos y no avaló pretensiones infundadas. Se limitó a rechazar un pedido vago y desproporcionado, carente de base fáctica”, explicó el letrado.

Rochon “fue categórica al señalar que Ben Chow, técnico de la firma Meteora, “no tiene posesión, custodia ni control de documentos” que vinculen a la República Argentina con los tokens $LIBRA. En términos simples: no sabe, no tiene y no puede entregar información que no posee”, agregó el abogado especialista en estas cuestiones.

“Los peticionantes, por su parte, aportaron más de 400 páginas de supuestas pruebas, de las cuales la gran mayoría se refería a otras personas o a publicaciones en redes sociales, pero ninguna demostraba una relación concreta con Chow. Por eso, la magistrada calificó ese intento como “tenuous at best”, es decir, jurídicamente débil”, dijo Monastersky.

La decisión también “toma en cuenta la opinión de la Oficina Anticorrupción argentina, que interpretó las publicaciones presidenciales sobre $LIBRA como actos personales y no oficiales. Esa interpretación es relevante porque descarta la hipótesis de que los fondos sean activos estatales”.

En consecuencia, el tribunal “concluyó que los documentos solicitados podían obtenerse de fuentes más adecuadas, como la propia República Argentina o el señor Davis, y que el material requerido no resultaba pertinente para demostrar control estatal alguno”.

El fallo recuerda que el artículo 1782 “tiene una finalidad específica: asistir a procesos judiciales extranjeros, no habilitar investigaciones especulativas o mediáticas sin sustento probatorio. Los tribunales federales no son cazadores de hipótesis ni intérpretes de publicaciones de redes sociales”.

El pronunciamiento “reafirma un principio esencial: el proceso judicial exige pruebas, no conjeturas. Y cuando un planteo se apoya más en sospechas que en documentos, el derecho tiene la obligación de ponerle un límite”, comentó.

En este caso, “el límite lo marcó la jueza Rochon, al cerrar una solicitud que no aportaba fundamentos suficientes. En definitiva, la jueza no vio lavado, ni triangulación, ni irregularidades, sino una red de pesca mal armada, y la cortó”, finalizó.