La CIDH cita al Gobierno a una audiencia por el “deterioro acelerado” de la libertad de expresión en la Argentina

El Gobierno de Javier Milei fue citado a una audiencia por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, sobre la “Situación de la libertad de expresión en la Argentina”. El encuentro fue solicitado por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), Amnistía Internacional Argentina y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre otras entidades, “para actualizar la información sobre el deterioro veloz de la libertad de expresión y del ejercicio del periodismo en Argentina”, según planteó FOPEA.

“En su petición, FOPEA alertó que, lejos de mejorar las condiciones se han agravado, con un ‘empeoramiento progresivo’ del hostigamiento hacia la prensa”, sostuvo la entidad.

También Amnistía Internacional destacó que “Argentina deberá dar explicaciones ante la CIDH”, por los ataques y estigmatización contra periodistas, así como “la judicialización abusiva contra periodistas”.

“El objetivo es propiciar un espacio de diálogo para que el Estado adopte medidas que detengan los ataques a trabajadores de prensa y a las voces críticas”, sostuvo Amnistía Internacional.

La Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA ya alertó en mayo pasado, en su informe anual 2024, sobre el “deterioro acelerado” de la libertad de expresión durante el primer año de gobierno de Milei.

Allí el relator Especial de la OEA, Pedro Vaca Villarreal, advirtió sobre “la baja tolerancia” del gobierno libertario a “las críticas y los procesos deliberativos”, en un ambiente hostil para los periodistas, así como “discursos estigmatizantes desde altas autoridades del Estado contra periodistas y medios de comunicación, y particularmente contra mujeres”.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) registró un aumento de las agresiones contra la prensa en la cobertura periodística de protestas sociales, así como restricciones a la prensa en Casa Rosada, al acceso a la información pública y al funcionamiento de los medios públicos, en una tendencia que tiene a profundizarse.

El relator Vaca Villarreal estuvo en mayo pasado en la Argentina, en una visita informal, por cuestiones académicas, pero aprovechó la ocasión para interiorizarse sobre la evolución en la situación de la libertad de expresión en el país, ya que este año se profundizaron las restricciones a las libertades de expresión y de prensa, luego de que el presidente Milei convocara a sus seguidores a “odiar más a los periodistas” y las fuerzas de seguridad agredieran con mayor violencia a periodistas, fotógrafos y camarógrafos que cubren las protestas sociales.

Uno de los pedidos de audiencia con la CIDH fue solicitada por FOPEA, con el acompañamiento de Poder Ciudadano, Amnistía Internacional, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE) y Fundación Transparencia Activa, entre otras entidades.

Esa presentación contó con el aval de Marcela Basterra, Eduardo Bertoni, Enrique Bianchi, Alejandro Carrió, Alberto Dalla Vía, Gustavo Ferreyra, Carmen Fontán, Alberto Garay, Roberto Gargarella, María Angélica Gelli, Ricardo Gil Lavedra, Osvaldo Pérez Sammartino, Mónica Pinto, Roberto Saba, Daniel Sabsay y Hugo Wortman Jofré, entre otros.

Ademas, hubo otra solicitud de audiencia presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional, Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa), Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPren), Asociación de Reporteros Gráficos (ARGRA), Carrera de Ciencias de la Comunicación (UBA), Red de Carreras de Comunicación y Periodismo (REDCOM), Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), Revista Crisis y Fundación Heinrich Böll.

En su informe anual, que fue aprobado en marzo pasado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el relator Vaca Villarreal planteó la situación crítica de la libertad de expresión en toda la región y le dedicó 11 páginas a la Argentina.

Allí planteo que el presidente Milei “ha sostenido un discurso recurrente y constante de estigmatización hacia periodistas y medios de comunicación, acusándolos de ser ‘corruptos’, ‘delincuentes con micrófono’, ‘mentirosos’, ‘ladrones’, ‘difamadores’ y ‘extorsionadores’, entre otros calificativos lesivos a la labor informativa, en contextos donde la prensa hacía publicaciones sobre asuntos o debates de interés público”.

El informe de la Relatoría de la OEA agregó: “Además, ha manifestado públicamente que ‘el 85% de los medios miente todo el tiempo’. Estas expresiones están frecuentemente dirigidas a periodistas y medios que han publicado información crítica o cuestionamientos a políticas gubernamentales. La RELE advierte que estos hechos no constituyen hechos aislados, sino que forman parte de lo que el gobierno ha denominado una ‘batalla cultural’, que incluiría el señalamiento de determinados comunicadores y medios como opositores y enemigos”.

El informe destacó que FOPEA registró un aumento del 24% en las agresiones a periodistas, entre abril y julio del año pasado. El 71% de los casos implicaron algún tipo de violencia estatal, “siendo el 27% de los ataques atribuidos directamente al Presidente de la Nación”.

La relatoría de Libertad de Expresión también mencionó la preocupación de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) “por lo que caracterizó como un clima ‘hostil’ para el trabajo de la prensa, alertando que ‘hay una clara asimetría entre un Presidente y un periodista. Las acusaciones y los denuestos presidenciales motorizan a un ejército de troles, con el amparo del anonimato y de un financiamiento opaco, que multiplican agresiones verbales y abren así rendijas a la violencia física'”.

En simultáneo, la Relatoría recibió informes sobre “un incremento significativo de la violencia digital contra mujeres periodistas en Argentina, caracterizado por ataques coordinados en redes sociales con componentes de violencia basada en género, señalamientos estigmatizantes por parte de altas autoridades del Estado, y el uso de canales oficiales para amplificar narrativas discriminatorias”.

“La Relatoría señaló de manera consistente que las declaraciones estigmatizantes de altos funcionarios públicos contra periodistas pueden contribuir a exacerbar el clima de hostilidad e intolerancia por parte de distintos sectores de la población, y en consecuencia pueden colocar a periodistas y comunicadores en una posición de mayor vulnerabilidad y riesgo de sufrir ataques”, concluyó el informe del relator de Libertad de Expresión, Vaca Villarreal, sobre la situación en Argentina.