El complejo frente judicial que enfrenta José Luis Espert en Argentina y EE.UU.

El diputado de LLA José Luis Espert enfrenta un escenario judicial complicado: tiene tres causas abiertas en la Argentina y en una fue imputado ayer.

Una la tiene en la Justicia electoral por las irregularidades en la rendición de gastos del partido UNITE que lo llevó como candidato a presidente en el 2019. Otra por supuesto lavado de dinero por los 36 vuelos que le pagó Fred Machado en esa campaña ante el juez federal Marcelo Martínez Di Giorgi, incluyendo el préstamo de una camioneta blindada. Y una tercera por el aporte de “200 mil dólares” o más que tiene el juez federal de San Isidro Luis Mirabelli por una denuncia de Juan Grabois.

Mientras que en EE.UU., Espert -hasta ahora- no está imputado. Seguramente, el tribunal de Texas definirá primero la suerte procesal de Machado y luego se metería con eventuales conexiones de los acusados.

En la primera causa, la justicia electoral no puede sancionar a Espert por los préstamos ilegales de los aviones de Fred Machado porque la ley responsabiliza unicamente a los responsables políticos y financieros del partido UNITE como pasó con Néstor Kirchner en 2003 que declaró cero pesos y la responsabilidad recayó en su entonces responsable político Alberto Fernández. Los préstamos de aviones, autos o estadios se consideran “aportes en especie” que deben ser declarados por los partidos.

Varios especialistas consultados por Clarín opinan que a la luz de este y otros casos habría que modificar la ley de financiamiento de partidos políticos e incluir también una sanción a los candidatos.

En el contexto de la actual ley, el fiscal electoral Ramiro Gonzalez tiene en la mira a la legisladora porteña de La Libertad Avanza Lucía Montenegro y su padre Antonio Montenegro, pues ambos eran responsables financieros del partido UNITE. Mientas José Bonacci era el responsable político de la rendición de gastos de campaña de UNITE de 2019. Ese último es padre de la diputada nacional de LLA Rocío Bonacci.

Pero detrás hay también una trama política. Según el diputado de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, el ex apoderado del PJ Jorge Landau en 2019 “presentó a Bonacci y Espert con la intención de restarle votos a Mauricio Macri en su intento de ser reelecto”. Y a su criterio fue una de las operaciones K para restarle votos al entonces presidente.

En concreto, el fiscal electoral ahora espera el descargo de los Montenegro y Bonacci, luego pedirá algunas medidas de prueba y finalmente formulará una acusación para que la jueza Servini en un juicio oral decida si los condena. Las penas van desde inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta multas. Luego los imputados puede apelar ante la Cámara Nacional Electoral integrada por los jueces Santiago Corcuera, Alberto Dalla Via y Daniel Bejas.

En el caso de UNITE, los auditores identificaron “gastos significativos” que nunca fueron incluidos en las rendiciones presentadas por el partido. Entre ellos, los vuelos de Espert a diferentes provincias y demás gastos de los viajes que se detectaron, publicidad en vía pública en Rosario, el Gran Buenos Aires y la Capital Federal, diversos eventos de campaña y el propio acto de cierre denominado “EspertFest” en Palermo, que no constaban en la documentación oficial. La publicidad digital tampoco escapó al escrutinio. Se encontraron gastos en redes sociales —Facebook y Twitter— por más de 900.000 pesos y en otros medios web por 512.702 pesos, que no fueron declarados ni documentados. Para una campaña que buscaba proyectar una imagen de transparencia y racionalidad económica, las omisiones “resultaban particularmente significativas”, opinaron los expertos.

Pero quizás lo más llamativo surgió al revisar las operaciones con proveedores. La empresa “Amazonas Gráfica y Publicidad” emitió facturas por más de 52 millones de pesos para las elecciones generales de 2019 y más de 18 millones para las PASO. Sin embargo, según los registros de AFIP, la titular de la firma figuraba inscripta en el régimen de trabajador autónomo con ingresos declarados de hasta 15.000 pesos mensuales.

El caso de UNITE que dejó a la luz los aportes de Machado a Espert no es el único y es cada vez más frecuente en las campañas electorales. En el 2024 el Cuerpo de Auditores Contadores de la CNE hizo aproximadamente 3200 informes de auditoría vinculados con balances anuales de partidos políticos y rendiciones de gastos de campañas electorales.

El trabajo de auditoría sobre UNITE cruzó información con organismos oficiales, analizó movimientos bancarios, rastreó publicidad digital y confrontó facturas con registros impositivos. Y en ese proceso sistemático, las inconsistencias comenzaron a emerger y la omisión de los vuelos pagados por Machado fueron la “frutilla del postre”.

Claro que las sanciones —la pérdida de aportes públicos— pueden resultar insuficientes para partidos o candidatos con acceso a financiamiento privado. Y la imposibilidad de sancionar directamente a los candidatos representa “una laguna legal” que merece debatirse en el Congreso. Pero el caso Espert muestra que la opacidad tiene costos, que las auditorías generalmente funcionan y que los mecanismos de fiscalización, “lejos de ser meramente formales, pueden producir consecuencias concretas”, opinó un experto consultado por Clarín.

Distinto es por el pago de 200 mil dólares o más que hizo Machado a Espert por lo fue imputado por el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez en la causa del juez Mirabelli por la denuncia de Grabois. La imputación está en un requerimiento de instrucción que implica la venia del fiscal para la apertura de una causa y queda claro que se esperó a que la Corte ordenara la extradición de Machado a EE.UU. para evitar que quedará anclado a la Argentina en una causa local. Esta y la causa de Martínez Di Giorgi seguramente en los próximos meses se unificará en una y como Mirabelli avisó primero a Martínez di Giorgi, en el planteo de competencia que definirá la Cámara Federal de San Martín el expediente quedaría en San Isidro.

En el fallo del tribunal de Texas la socia de Machado, Debra Mercer-Erwin, que es la dueña del 100 por ciento del fideicomiso Aircraft Garanty, fue condenada a 16 años de prisión. Desde otra empresa de Mercer-Erwin llamada Wright Brothers Aricraif con sede en Oklahoma y que comparte con Machado fue desde la que giró, a través del Bank of America, 200 mil dólares a Espert el 20-1-2020.

El contrato fue por “un millón de dólares”

El diario Newstand en su sitio www.newstad.com.ar publicó el supuesto contrato donde dice que por el asesoramiento a Espert Machado le pagará “un millón de dólares” en cuotas de 100 mil dólares. No se sabe, cuántas cuotas terminó pagando Machado porque la pandemia interrumpió el trabajo.

El pago fue por un contrato de asesoramiento de la empresa “Minas del Pueblo” de Guatemala y solo fue un adelanto y no se conoce su monto exacto. “Minas del Pueblo” tiene un pista de aterrizaje propia cerca de la frontera con México y un fiscal de ese primer país investiga si se usó para aviones con drogas del cartel de Sinaloa del Chapo Guzmán.

En su descargo en X, Espert contó que el pago “fue en una cuenta a mi nombre radicada en Estados Unidos y que estaba declarada en la Argentina. Nada que esconder”.

“Es más, una de las condiciones que puse es que el pago de los 200.000 se hiciera exclusivamente por transferencia desde otro banco que también estuviera en Estados Unidos, de manera que la operación fuera totalmente transparente, porque cuando uno recibe un pago en Estados Unidos, lo hace dentro de uno de los sistemas más controlados y estrictos del mundo”, agregó.

Y dijo que dará las “explicaciones que hagan falta serán dadas a su debido momento y en donde corresponde” en alusión a la Justicia.

Sin embargo, en su declaración jurada de bienes del 2021 presentada ante la Oficina Anticorrupción sobre su patrimonio del año anterior en el rubro “Depósitos de dinero en el exterior”, Espert afirmó tener cero dólares y no tener cuentas en el exterior.

De todos modos, puede ser que el diputado haya omitido declararla en ese formulario que se presenta ante la Oficina Anticorrupción en violación con la ley de Etica Pública, pero que sí la haya declarado en su declaración jurada de Ganancias ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) y que está amparada por el secreto fiscal.

En caso de que tampoco haya declarado la cuenta y el transferencia de Machado a ARCA, la justicia lo acusará de evasión fiscal y lavado de dinero.

En el plano político, como dijo la senadora de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli y Máximo Kirchner -por ahora- no corresponde pedir la renuncia a Espert a su banca de diputados, quien termina su mandato el 10 de diciembre y se quedará sin fueros. Y en todo casos, usaron la misma vara ética para todos empezando, dijo, por “Máximo Kirchner quien está con procesamiento firme por lavado de dinero en la causa Hotesur-Los Sauces”, entre otros dirigentes K.