Tráfico de oro y sicariato: cómo es la “cuna” de “Pequeño J”, el presunto capo narco buscado por el triple crimen de Florencio Varela

La Libertad es uno de los 24 departamentos de Perú y está ubicado a unos 600 kilómetros al norte de Lima. La ciudad con mayor población es Trujillo, su capital. Entre sus principales características geográficas se destacan playas, bosques y montañas. Allí, la actividad más fuerte es la minería.

En esas calles nació Tony Janzen Valverde Victoriano, de 20 años recién cumplidos, quien en la última semana se hizo conocido por su apodo: “Pequeño J”, apuntado como el ideólogo del triple crimen de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).

Valverde Victoriano (o “Pequeño J”) se crió en una zona en la que actualmente la violencia cobró un mayor protagonismo, con el aumento de los homicidios vinculados al sicariato, y el “boom del oro” desplazó al tráfico de cocaína.

“En la zona de Trujillo lo que abunda es el oro, más que la cocaína. En la actualidad es un boom del oro, su extracción y venta ilegal”, dijo a Clarín un investigador policial peruano de alto rango en la mencionada región y que conoce el terreno.

Las principales ciudades que están vinculadas a la venta ilegal de oro son Patáz, La Libertad y Trujillo, distante unos 350 kilómetros entre la primera y la última.

En el triple crimen de Brenda, Morena y Lara se cree que actuaron sicarios, quienes pasaron a buscar a las tres chicas engañándolas con que iban a cobrar 300 dólares para asistir a una fiesta en una casa en Florencio Varela, donde aparecieron asesinadas tras cuatro días de búsqueda.

Los crímenes fueron violentos. Las chicas fueron torturadas, golpeadas y asesinadas. Todo el horror fue transmitido por una red social para un grupo cerrado de 45 personas, según declaró extraoficialmente uno de los cuatro detenidos, con la intención de dejar un mensaje a las líneas medias de la organización liderada por “Pequeño J”.

En Perú, el crimen organizado se volvió más violento y cruel en el último tiempo, según precisó el investigador local consultado. “La Libertad y Trujillo se ha vuelto muy pesado el asunto, mucho sicariato en la zona por ajuste de cuentas por oro, dinero y drogas”, agregó.

Para el detective, el hecho de transmitir las torturas a las víctimas está más ligado a bandas que suelen ser lideradas por venezolanos, según su experiencia.

“Cuando hay torturas se puede entender por una situación de secuestro y cobro de rescate. Los sicarios van y matan, y se acabó”, describió el investigador al tomar conocimiento del modus operandi de cómo fueron asesinadas las tres jóvenes argentinas.

El fiscal de Homicidios Adrián Arribas tomó la investigación del triple crimen este jueves por orden de la fiscal general de La Matanza, Patricia Ochoa, quien dispuso que un grupo de otros fiscales especializados, como Diego Rulli, Claudio Fornaro y Lorena Pecorrelli lo acompañen por la complejidad y la gravedad del hecho.

Entre las primeras medidas que se lograron fue la identificación de “Pequeño J”, a quien llegaron a través de una testigo clave vinculada al joven peruano que aportó un número de teléfono y datos precisos sobre el sospechoso.

Con la información brindada, más testimonios de algunos de los detenidos, Arribas y la policía bonaerense logró identificar con nombre y apellido al presunto capo narco: Tony Janzen Valverde Victoriano.

Los impactos de las antenas de su celular son cruciales para la investigación: los peritos están analizando si “Pequeño J” estuvo presente en la casa donde se cometió el triple crimen.

“Lo tenemos en la casa de a Ozorio”, dijo a Clarín un investigador en referencia a Matías Agustín Ozorio (28), mano derecha de “Pequeño J” y sobre quien -al igual que a Valverde Victoriano- pesa una orden de captura internacional emitida en una notificación roja de Interpol.

Según su registro, Ozorio vive en el Barrio Zavaleta, en el límite de Barracas y Parque Patricios, donde el miércoles por la noche se realizaron varios allanamientos.

Tanto a “Pequeño J” como a Ozorio se les imputa la coautoría del delito de “triple homicidio calificado por ser cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento, y por su comisión por un hombre contra una mujer mediante violencia de género”.

Junto con los ya detenidos en la causa Magalí Celeste González Guerrero (28), Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18), “aplicaron múltiples golpes de puño, patadas y diversos cortes utilizando armas blancas” contra las tres chicas con la intención de matarlas.

De acuerdo a la notificación de Interpol, a la que tuvo acceso Clarín, los asesinos “aumentaron intencionalmente y de manera inhumana, el sufrimiento al causar padecimientos innecesarios” de las víctimas para cometer los crímenes.

En tanto, los asesinos hombres utilizaron “su condición biológica dominante de género al ejercer violencia de género sobre las víctimas mujeres”.

Durante la noche de este viernes, la Policía bonaerense realizó dos procedimientos para localizar a “Pequeño J”: uno de ellos en una casa de Florencio Varela, ubicada a unas 20 cuadras de la escena del triple crimen.

Hasta allí se llegó a partir del testimonio de un chofer de aplicación que declaró que él llevó desde la vivienda donde mataron a la chicas hasta la casa allanada a un hombre con una pala y un parlante.

Fuentes de la investigación explicaron a Clarín que esta persona no fue hallada en el inmueble, pero sí el parlante. Y que la pala apareció en el domicilio de la vecina que dijo que el hombre la dejó allí porque iba a hacer un trabajo que nunca concretó.

Tanto la pala como el parlante son elementos de interés para la investigación dado que los cuerpos de las víctimas fueron enterrados en un pozo y hay datos que sostienen que en la escena del triple crimen sonaba música alta al momento en que se cree asesinaron a las chicas.

El segundo operativo se llevó a cabo en una casa de La Matanza, donde reside la testigo clave que aportó los datos que sirvieron para identificar al principal sospechoso.

En este lugar se secuestró documentación a nombre de Valverde Victoriano y otros parientes, y una pistola Glock con municiones en un cajón colocado debajo de una cama.

“Es un escurridizo. se mueve de un domicilio a otros. No tiene uno fijo”, describió un investigador que contó que las zonas por donde se suele mover “Pequeño J” son La matanza, Florencio Varela y los barrios 31, 1-1-14 y Zavaleta.

Los detectives también se incautaron de comprobantes de transferencias por miles de dólares y un recibo de un corralón a nombre de “Julito”, uno de los apodos del acusado prófugo.

Los investigadores sospechan que “Pequeño J” pertenece a una organización transnacional que lo envió al país para encargarse aquí de los negocios ilegales y que Villanueva Silva -oriundo de la misma ciudad peruana que él- fue quien lo ayudó a ingresar a Argentina.

Por otra parte, este viernes por la noche se sumó un nuevo detenido en Bolivia. Se trata de Lázaro Víctor Sotacuro (42), oriundo del Barrio 1-11-14 del Bajo Flores y acusado de ser uno de los conductores que dieron apoyo a la camioneta en la que trasladaron a las chicas desde La Matanza hasta Florencio Varela.

Sotacuro había cruzado de la ciudad jujeña de La Quiaca hacia la vecina Villazón, en el sur boliviano. Allí fue localizado y arrestado en un hospedaje.

Este sábado fue trasladado al Penal de Gorriti, en San Salvador de Jujuy, para luego ser entregado a la Justicia bonaerense, que lleva adelante la investigación.

Personal especializado de la fiscalía de Homicidios de La Matanza está trabajando para establecer si el video en el que los sicarios presuntamente mostraron las torturas a las tres chicas fue transmitido por una plataforma que no deja rastros ni permite guardar las imágenes.

Sobre el móvil de los homicidios, si bien la hipótesis más fuerte y que se viene investigando desde el inicio es la de una venganza narco por quedarse con droga o dinero de la banda, hasta el momento en el expediente no hay pruebas concretas al respecto, sino manifestaciones espontáneas de los detenidos fuera de sede judicial.