Nuevo procesamiento para Cositorto por asociación ilícita: ahora le imputan otras 1000 estafas

El Juzgado en lo Criminal y Correccional 1 de Buenos Aires procesó a Leonardo Nelson Cositorto, Maximiliano Javier Batista, Miguel Ángel Echegaray y Leonardo Javier Prioli por el armado de un esquema piramidal que despojó de sus ahorros a 1.095 inversores. En la misma resolución se dispuso el sobreseimiento de otras 23 personas que cumplían funciones dentro de la organización y también aparecían como víctimas, ya que no pudieron recuperar su dinero.

Tal como sucedió en Corrientes y Salta, donde ya fue condenado, Cositorto fue señalado como jefe de una asociación ilícita, pero en este caso se le sumó el concurso material de 1.095 hechos de estafa. A los otros tres se los consideró partícipes de la organización delictiva. La jueza Alejandra Alliaud les fijó un embargo de 10 mil millones de pesos a cada uno de los procesados, aunque no les dictó la prisión preventiva.

Para la magistrada, los procesados “prestaron su consentimiento para integrar una organización con fines delictivos con permanencia en el tiempo, desde al menos el año 2019 hasta abril de 2022, y estaría destinada a cometer diversos delitos en forma indeterminada, por medio de una pluralidad de planes delictivos que requirieron de la coordinación de todos sus miembros para ocupar cada uno el rol necesario que posibilite el funcionamiento de la empresa denominada ‘Generación Zoe’, presentada como una compañía de coaching y liderazgo que ofrecía, entre otros beneficios, altas rentabilidades a las personas que invertían sus dólares, a través de operaciones fraudulentas a sabiendas que no cumplirían con lo pactado.”

En ese sentido, en sus fundamentos explicó que “”bajo el liderazgo de Leonardo Nelson Cositorto elaboraron y desplegaron una puesta en escena utilizando la estructura de una empresa próspera que ofrecía cursos de coaching, trading, liderazgo y otros paquetes educativos tecnológicos imprecisos, alegando conocimientos sobre supuestos criptoactivos, tokens, servicios inmobiliarios, promoviendo oportunidades de inversiones basadas en el oro extraído de minas propias del holding ‘Generación Zoe’, cuya existencia no se pudo acreditar, con la finalidad de captar inversores para realizar operaciones financieras en dólares, que se verían acrecentadas con la promesa del ofrecimiento de retornos con tasas de interés superiores a las ofrecidas por las entidades bancarias y financieras”.

Según la jueza, en Generación Zoe “entregaban recibos papel/digitales membretados (sólo en algunos casos), a sabiendas de que desde el inicio no cumplirían con el compromiso pactado” y que en la causa se comprobó que los ahora procesados se quedaron con 16.062.089 dólares, 4.425.706 pesos (en 2022) y 6.500 euros; además de una cantidad no precisada de vehículos.

“Las pruebas reunidas demostraron que las ganancias prometidas no provenían de actividades comerciales o financieras genuinas, sino de los fondos aportados por nuevos inversores, reproduciendo el esquema clásico de fraude piramidal”, señaló el procesamiento.

Además, sostuvo que el entramado de empresas que armaron no era otra cosa que “un engranaje organizado para cometer defraudaciones de modo masivo e indeterminado, en perjuicio de sus inversores”.

La magistrada destacó el rol de Cositorto, quien “se constituyó en principal responsable y líder absoluto…, a la par de ser él que brindaba asesoramiento, coaching ontológico, educación financiera y hasta espiritual a sus subordinados y fue quien trazó el rumbo del negocio, seleccionando a sus colaboradores a los que le confirió un rol específico dentro de la organización”.

Al referirse a los demás procesados, indicó que Batista “desde una posición jerárquica dentro de la empresa, ostentando el cargo de vicepresidente, reclutaba aportantes para que confíen su dinero a cambio de ganancias extraordinarias; ‘vendía’ las promociones proclamando las bondades de pertenecer a la comunidad, prometía intereses cada vez más altos, llegando a ofrecer en diciembre de 2021 el 100% de intereses en dólares en tres meses y en enero de 2022, cerca del cierre abrupto de la empresa, una ganancia del 330% para motivar a los damnificados a reinvertir su dinero, cuando ya sabían que no podían afrontar los pagos asumidos”.

Sobre Echegaray, sostuvo que por su profesión de contador “era quien organizaba la administración financiera y receptaba el dinero que las víctimas transferían a las cuentas bancarias, para luego distribuirlo entre los demás miembros y allegados. Incluso, se cuenta con relatos de damnificados que acreditaron transacciones directamente a su cuenta bancaria”. Y era un hombre de la máxima confianza de Cositorto.

Para la Justicia, Leonardo Javier Prioli “ estuvo directamente vinculado al funcionamiento de ‘Zoe Construcciones S.A.’. Su rol aparece consolidado en tanto fue el encargado de dicha firma, cuya actividad formal se orientaba a la compra, venta, construcción, permuta, arrendamiento, loteo y administración de inmuebles urbanos y rurales”.

También se le imputa haber recibido “importantes sumas de dinero sin respaldo documental, lo cual “evidencia un mecanismo sistemático e incompatible con el funcionamiento genuino de una empresa constructora, lo que demuestra su integración plena al circuito paralelo”.

En ese sentido, explicó la jueza que Prioli “no fue un tercero externo ni un simple prestador de servicios, sino un engranaje necesario en la estructura económica y logística que permitió a ‘Zoe’ sostener el andamiaje fraudulento de su operación”.

En una extensa declaración ante Alliaud, Cositorto cuestionó las condiciones en las que está detenido e insistió en su inocencia. Además, se quejó porque en Corrientes recibió el doble de condena que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, “todo por 169.000 dólares y 240.00 dólares”, que son los montos que defraudó en Corrientes y Salta.

Es que a principios de 2025, Cositorto fue condenado a 12 años de prisión en la ciudad correntina de Goya, mientras que en Salta, otro Tribunal le fijó una pena de 11 años.