Ahora la oposición va por otro desafío a Milei: rechazan el cierre de Vialidad y piden la emergencia vial en todo el país

Tras avanzar en el Senado con la aprobación de dos proyectos que le dan más fondos a las provincias, la oposición amenaza con darle otro golpe al Gobierno y busca instalar en el Congreso el rechazo al cierre de Vialidad Nacional como así también la declaración de emergencia vial en todo el país

Esto se da en forma paralela a la decisión de la jueza de San Martín Martina Isabel Forns, quien hizo lugar a la medida de no innovar solicitada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (Sevina)  y que detiene por seis meses el plan de reestructuración impulsado por la administración de Javier Milei.

En este escenario, diputados y senadores presentaron una veintena de proyectos entre ambas cámaras rechazando el Decreto 461/2025, que estipulaba reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras en Vialidad Nacional.

A eso se agrega una presentación del bloque de senadores de Convicción Federal que busca declarar a Vialidad Nacional como “ente público de carácter estratégico”, con la intención de frenar cualquier intento del Gobierno de ir por una eventual fusión, disolución, privatización o cambios a su estructura del organismo.

La propuesta firmada por los senadores peronistas Fernando Salino (San Luis), Carolina Moisés (Jujuy), Fernando Rejal (La Rioja) y Guillermo Andrada (Catamarca), quienes también propone declarar la emergencia del Sistema Vial Nacional por dos años. 

“Es impostergable abordar esta situación con responsabilidad y compromiso federal. Desde el Gobierno Nacional ejecutaron Vialidad en las últimas horas de la vigencia de las facultades delegadas: sin planificación ni mantenimiento las rutas se deterioran a un ritmo vertiginoso. La red vial es un componente clave para el desarrollo, la conectividad y la seguridad de todos los argentinos”, fundamentaron en un comunicado.

En el Senado hay varios proyectos presentados por la situación de las rutas argentinas. Desde Alicia Kirchner a la tucumana Beatriz Avila, quien dio su apoyo al oficialismo en varias votaciones, solicitaron información al Ejecutivo sobre el estado de los caminos, exigiendo un relevamiento integral como así también establecer un plan preventivo que incluya el mantenimiento.

En la propuesta impulsada por los senadores de Convicción Federal también se prevé una ampliación del presupuesto de Vialidad, con alternativas de financiamiento específico y exceptúa al organismo de los alcances del decreto de Javier Milei 70/2023 para evitar su transformación como sociedad anónima.

Mientras que en Diputados se presentaron más de una decena de proyectos pidiendo la derogación del decreto que disuelve Vialidad. Las propuestas fueron impulsadas por representantes de Unión por la Patria, Democracia para Siempre y la izquierda.

Sin embargo, la situación no es nueva y son varios los legisladores de la oposición que vienen alertando en el Congreso sobre el estado crítico de las rutas nacionales. En Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro ordenó señalizar con carteles los tramos que son responsabilidad del Gobierno nacional “por el estado catastrófico” en que se encuentran los caminos.

“Hemos pedido a Nación, sin respuesta favorable aún, que ceda las rutas que no van a arreglar y que nos haremos cargo, porque muchos santafesinos ponen en riesgos sus vidas al transitarlas”, declaró el gobernador, quien destinó cerca de US$ 400 millones para reparar los corredores de la provincia.

Por su parte, el diputado radical Julio Cobos también hizo una presentación para que el Ejecutivo informe sobre el estado de un convenio que el gobierno de Mendoza firmó con Vialidad y reclamó a la SIGEN y a la Auditoría General de la Nación (AGN) que se investigue la posible vulneración de los derechos de las provincias. 

La controversia surgió a partir de un acuerdo entre Vialidad y la provincia, para transferir durante un lapso de tres años, el mantenimiento y conservación de algunos tramos de las rutas nacionales 7, 40 y 143.

Pero al parecer no se está ejecutando correctamente el presupuesto que surge de gravámenes específicos como el Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, que deberían destinarse al mantenimiento y desarrollo de la infraestructura vial a través del Fideicomiso de Infraestructura del Transporte.

Un dato a tener en cuenta es que en el primer bimestre de 2025, de los $ 600.000 millones recaudados por estos impuestos, solo se transfirieron $ 18.000 millones a Vialidad, que tendría que haber recibido $ 86.000 millones.

La semana pasada, el Gobierno celebró el cierre “definitivo” de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).

“La corrupción en la obra pública tiene su acta de defunción firmada, y la acaba de firmar el presidente Javier Milei”, anunció en su momento el vocero presidencial, Manuel Adorni.