Comunidades indígenas denunciaron atropellos, desalojos y complicidad institucional ante la Casa de Gobierno

Carlos Chuchuy, de la Comunidad Aborigen de Lumara, del departamento de Cochinoca, expresó: “Hoy hicimos una denuncia contra la Secretaría de Pueblos Indígenas por incumplimiento de sus funciones, tráfico de influencias, y también al INAI y a los Consejos de Participación Indígena, porque ya se atornillaron en el banco desde la pandemia”. El referente sostuvo que estos órganos “actúan en complicidad con la Secretaría de Pueblos Indígenas” y que por eso acudieron a la Fiscalía Federal: “En Jujuy no hay justicia, no están claramente divididos los tres poderes”.

En relación a los conflictos territoriales ocurridos recientemente, señaló: “El sábado empezó esto con el atropello en la comunidad de Cieneguillas, departamento de Tilcara, y el lunes fue una masacre en Cueva del Inca, destruyeron una casa. Eso ya está en competencia federal”. Asimismo, reclamó el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, el tratado de Escazú y el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional: “Ese artículo está ahí porque hay pruebas carbónicas de que los pueblos originarios existen desde hace más de 12.000 años en Jujuy”.

Por su parte, Griselda Ibáñez, residente en Finca El Pongo, denunció haber sido víctima de un operativo policial: “Fui atropellada con un centenar de policías en mi domicilio. Ya me habían destrozado árboles ancestrales y alambrados que eran de mis abuelos”. Agregó: “De las 37 hectáreas que ocupo me dejan dos. ¿Y todo lo otro, dónde va? ¿Quién la agarra? El Gobierno de la provincia. ¿Para qué necesitan las tierras? Para regalárselas a las empresas extranjeras como Euroamérica o los chinos”. Además, vinculó los hechos con intereses políticos: “Esto es para financiar el nuevo mandato que quiere postularse Gerardo Morales, así poder tener nuevamente fueros”.

También Domingo Zorucos, de la Comunidad Aborígenes de Cieneguilla, al sur de Maimará, participó de la jornada: “Siempre hemos sufrido esta discriminación. Se dice que la Casa de Gobierno es la Casa del Pueblo, pero a nosotros siempre nos cerraron las puertas”. Y sostuvo: “No estamos haciendo nada indebido. Solo reclamamos por las apelaciones que hemos tenido, como la falta de consulta libre, previa e informada”.

Zorucos llamó a la unidad entre las comunidades: “La unión hace la fuerza. Cuando nos tocan a uno, es como que nos tocan a todos. Siempre tenemos que manejarnos dentro del margen de la ley”.

Las comunidades manifestaron su intención de continuar reclamando por vías legales y pacíficas, en defensa de sus territorios ancestrales y ante lo que consideran una sistemática vulneración de sus derechos colectivos.