Senado: sin margen para frenar la sesión, Villarruel busca un acuerdo para contener el desafío de la oposición contra Milei

Presionada por la oposición, la vicepresidenta Victoria Villarruel está reunida con los jefes de los bloques del Senado. Los convocó para buscarle una salida acordada a la amenaza opositora de autoconvocarse este jueves en una sesión, sin su aval, como ya hicieron la semana pasada con las comisiones que el oficialismo se negaba a abrir.

El encuentro se decidió después de un charla a última hora del lunes entre el jefe de bloque de Unión por la Patria, José Mayans, y Villarruel. Mayans le advirtió que están dispuestos a sesionar el jueves y que espera que el secretario parlamentario, Agustín Giustinian, se retracte por haber declarado inválidos los dictámenes de los proyectos previsionales y de emergencia en discapacidad.

“Tenemos previstos seis temas en tratamiento. Hemos emitido despacho por tres temas que son el incremento previsional, el de la moratoria y la emergencia en discapacidad. Lo que ayer sacó el secretario parlamentario es nulo de nulidad absoluta. No tiene potestad para opinar sobre la el tema de los senadores, eso tiene que estar sometido directamente al cuerpo“, declaró este martes Mayans.

El lunes, Giustinian firmó una resolución para señalar que esos despachos son ilegales. “No existió una convocatoria formal a reunión de comisión, requisito indispensable, según el Reglamento del Senado, para validar el tratamiento y dictamen de proyectos”, señaló el funcionario.

Lo cierto es que esos dictámenes se firmaron en una reunión de la comisión de Presupuesto autoconvocada por Unión por la Patria, porque su presidente, el oficialista Ezequiel Atauche, se negaba a citarla. Lograron quórum con el radical Martín Lousteau y con Guadalupe Tagliaferri, del sector larretista del PRO.

Sin despacho de comisión, los proyectos necesitarían dos tercios para aprobarse sobre tablas en el recinto, un número imposible de conseguir. Por eso la oposición optó por forzar el dictamen.

Mayans informó que también van insistir con el proyecto que declaró la emergencia para Bahía Blanca y que el presidente Javier Milei vetó. “A su vez están los dos proyectos de los gobernadores que requieren dos tercios de los votos porque no tienen despacho”, apuntó el peronista.

Las propuestas de los gobernadores buscan regular el reparto de los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) y hacer coparticipable el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL).

Los proyectos tienen amplio consenso. De hecho, fueron presentados con las firmas de los presidentes de los bloques de Unión por la Patria, José Mayans (Formosa); de la UCR, Eduardo Vischi (Corrientes); del PRO, Alfredo De Ángeli; de Convicción Federal; Fernando Salino, y Carlos Espínola, de Unidad Federal.

El principal argumento de la oposición para sesionar este jueves es que el cuerpo está facultado -y lo votó por unanimidad- para sesionar todos los miércoles y jueves a las 14. “Esta convocado el parlamento para funcionar en forma ordinaria eso no lo puede impedir nadie porque es un poder público, del Estado. Cualquier obstrucción es un delito”, sentenció Mayans.

Uno de los textos plantea modificar la distribución del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), haciéndola automática e incorporándola a la Ley Permanente de Presupuesto N.º 11.672. La distribución, plantean, se haría según los coeficientes establecidos en la Ley de Coparticipación Federal .

La otra propuesta impulsa la eliminación de los fideicomisos de Infraestructura Hídrica; de Infraestructura de Transporte; y Sistema Vial Integrado; y los fondos Compensador del Transporte; Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior; y Nacional de la Vivienda. Los recursos de estos “serán distribuidos de conformidad” a lo establecido en la Ley de Coparticipación Federal.

Sobre el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) establece que lo generado por este gravamen será un 14,29 % para al Tesoro Nacional, un 57,02 % para las provincias, y 28,69 % para el Sistema Único de Seguridad Social que será destinado a la atención de las obligaciones previsionales nacionales.

También se especifica cómo será el reparto entre las provincias, con un 25 % en partes iguales y el 75 % restante de acuerdo a los índices de coparticipación.

Resaltan que “son recursos con afectación específica que administra el Gobierno Nacional pero que no son propios. Ante ello surge indubitablemente que el cambio normativo propuesto no afecta las finanzas públicas nacionales”.