El Gobierno avanza en el reclamo multimillonario contra Cristina Kirchner por la corrupción en Vialidad

Después de que la Cámara Civil y Comercial rechazó un pedido de Cristina Kirchner para declarar la caducidad de la demanda por daños y perjuicios por $ 22.300 millones, la Dirección Nacional de Vialidad presentó un escrito informando al juez que lleva adelante la causa civil el estado del caso: la ex presidenta tiene sentencia firme, está presa en cumplimiento de la condena por corrupción y junto a los otro ocho acusados, deben resarcir al Estado.

Cristina Kirchner lleva poco más de una semana presa en San José 1111 monitoreada con una tobillera electrónica y por el momento, con una restringida lista de visitas que puede recibir. Las dos consecuencias inmediatas son la privación de la libertad y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. También deberá afrontar el decomiso de bienes para restituir el dinero correspondiente a la maniobra de corrupción que podría superar los US$ 500 millones.

Pero además suma más problemas: el Gobierno presentó el fallo del máximo tribunal ante el fuero Civil y Comercial donde tramita una demanda por 22.300 millones de pesos contra la ex vicepresidenta y los demás acusados en Vialidad, por daños y perjuicios. Apunta a reparar el daño que produjo el robo al Estado.

La defensa de Cristina Kirchner intentó en el fuero Civil y Comercial que se dé por finalizada esta demanda que se inició durante la gestión de Mauricio Macri y que continúa la administración libertaria. El reclamo es por las obras adjudicadas a Lázaro Báez y que pese a haberlas cobrado, no se concluyeron lo que habría ocasionado daño y perjuicios al Estado.

El abogado de Cristina en este proceso, Luis Goldin, insistió sin éxito ante el juzgado Civil del magistrado Marcelo Bruno Dos Santos, en la caducidad del proceso. Pero la causa sigue vigente y sumó un nuevo movimiento: la Dirección Nacional de Vialidad incorporó este miércoles al expediente el fallo de la Corte que dejó firme la sentencia condenatoria contra Cristina y otros ocho condenados para que se reactive.

Este martes, como publicó Clarín, la Sala III del fuero Civil y Comercial rechazó los argumentos expuestos por la defensa de la ex vice y confirmó que la demanda por daños y perjuicios continuará su curso con el impulso del gobierno libertario.

La administración de Javier Milei está decidida a avanzar en el reclamo económico para que los nueve condenados en el caso Vialidad, de forma solidaria, restituyan al Estado “al menos una porción de lo que representó la maniobra fraudulenta”, explicaron a Clarín fuentes oficiales.

A su vez, el juez Jorge Gorini, que es el responsable de ejecutar la pena contra Cristina, indicó que la suma a la fecha a decomisar en el marco de la causa Vialidad asciende a 86.085.463.548,25 pesos.

Pero entendiendo que la cifra podría superar ampliamente ese número, se dio intervención al Cuerpo de Peritos Tasadores de la Corte para que actualice ese monto.

Bajo esa misma línea, el Gobierno va a pedir que los 22.300 millones de pesos que sustentan la demanda civil sea revisada en función del número que se fije en el marco de la condena.

Fuentes oficiales explicaron a Clarín que esperan el recupero de un valor que duplique el número, que ya es multimillonario.

Cuando inició el juicio penal, la cifra por las 51 licitaciones adjudicadas a Lázaro Báez ascendía a 46.000 millones de pesos. Sin embargo, en los fundamentos, los jueces que condenaron a Cristina Kirchner señalaron que alrededor de esos contratos existió “una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública”.

Al momento de profundizar en esa maniobra y las consecuencias negativas para el Estado, el Tribunal dijo que la defraudación fue de 85.000 millones de pesos. “Ese monto es el resultado de la suma total de las actualizaciones practicadas con relación a cada uno de los valores nominales al momento en que se verificó la diferencia de costo, ajustada mediante el índice de precios al consumidor, pues se procuró preservar el valor real del monto obtenido”, fundamentaron.

Para llegar a esa cifra, se determinaron dos ámbitos claramente mensurables en relación al perjuicio económico ocasionado. “El primero consiste en la diferencia entre los montos fijados por el Estado al confeccionar el pliego para la realización de una obra y el precio finalmente contratado”. Esto, comprendieron los magistrados, “producto de la concurrencia cartelizada al proceso licitatorio”.

El segundo concepto en base al cual se determinó el perjuicio económico a la administración pública “está dado por la existencia de sobreprecios en, al menos, tres de las cinco obras viales peritadas”. La pericia oficial habló de 170 a 220 millones de dólares sólo en esas rutas analizadas, como un modus operandi.

Con estos criterios y cifras actualizadas, la demanda civil cuenta con más fundamentos. El Gobierno está determinado a avanzar con este proceso, “es un reclamo del Estado que se continuará”, indicaron fuentes oficiales a Clarín.