La Corte y una decisión clave para los decomisos del caso Vialidad: ¿Se pueden ejecutar los bienes de los hijos de Cristina Kirchner?


La Corte y una decisión clave para los decomisos del caso Vialidad: ¿Se pueden ejecutar los bienes de los hijos de Cristina Kirchner?

Cristina Kirchner, Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti y otros cinco condenados deben devolver 685.000 millones de pesos como consecuencia de la sentencia confirmada del caso Vialidad. De forma solidaria y con sus respectivos patrimonios, deben afrontar la cifra que refleja el fraude cometido contra el Estado. En la Corte Suprema está bajo estudio la orden de ejecución patrimonial de 111 bienes con un aspecto central a resolver: avalar -o no- el criterio que posibilita que las propiedades que están a nombre de los hijos de la ex Presidenta sean alcanzados por el decomiso.

De cumplimiento efectivo hace más de un año, la sentencia del caso Vialidad tuvo como primer impacto la detención de Cristina Kirchner (quien cumple la pena bajo la modalidad de arresto domiciliario), de José López, Lázaro Báez y Nélson Periotti, también con la morigeración de su detención. También se notificó que todos los implicados no podrán ejercer cargos públicos de por vida.

Sólo resta que se dé inicio a la ejecución patrimonial. Se trata de 111 bienes muebles e inmuebles identificados por el fiscal general Diego Luciani. En noviembre de 2025, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) que ejecuta la pena del caso Vialidad, ordenó el decomiso de esas propiedades. A comienzos de este año, la Cámara de Casación convalidó la decisión y las defensas fueron en queja ante la Corte para impedir que se proceda a la ejecución patrimonial.

Entre los planteos, se encuentran los de Lázaro Báez, ahora acusado de continuar explotando comercialmente que se encuentran bajo tutela judicial. Ante la consulta de Clarín, fuentes judiciales señalaron que se aguarda el informe detallado de las propiedades involucradas en la nueva estructura de lavado de activos que investiga la fiscalía federal de Río Gallegos, para cotejar si se trata de propiedades que se encuentran incluidas en el primer pedido de decomiso.

El ex socio comercial de Cristina Kirchner tiene que responder de forma solidaria junto a los demás condenados, por dos decomisos: 60 millones de dólares (Ruta del Dinero K) y 685.000 millones de pesos (Vialidad). El TOF 4 es el responsable de ejecutar la pena unificada de 15 años de prisión que cumple en el Penal de Ezeiza, desde continuó designando administradores, comercializando bienes, cerrando contratos de locación y cobrado por ellos.

Hay un conjunto de bienes de Lázaro Báez que en el marco de la quiebra de Austral Construcciones ya fueron rematados para comenzar a pagar a los acreedores entre los cuales ARCA es el principal. Otros 84 bienes están incluidos en el primer pedido de decomiso que analiza la Corte en el marco de la causa Vialidad.

El estudio del pedido de ejecución patrimonial tiene un punto central. El TOF 2 estableció que todos aquellos bienes incorporados al patrimonio de los condenados, entre 2003 y 2015 pueden ser reclamados por la justicia.

La tarea de identificación de los bienes fue asignada al Ministerio Público Fiscal, que detalló en un primer planteo, 111 bienes muebles e inmuebles. El planteo llegó al máximo tribunal porque las defensas esperan revertir la decisión de avanzar sobre esas propiedades: 84 pertenecientes a Lázaro Báez y 20 a la familia Kirchner. Un sólo inmueble está escriturado a nombre Máximo y Florencia Kirchner, tras una herencia a título gratuito y en partes iguales que la ex Presidenta realizó en junio de 2016, despojándose de todo su patrimonio en medio de las primeras medidas cautelares que la justicia federal comenzaba a dictar sobre su fortuna.

El TOF 2 entendió que si aquellos bienes cedidos a sus hijos habían sido incorporados al patrimonio de Cristina mientras se llevó a cabo la maniobra defraudatoria, eran plausibles de ser decomisados por más que hayan cambiado su titularidad.

Ese criterio contó con el aval de la Cámara Federal de Casación Penal. Y recientemente, con la misma conformación de la Sala IV del tribunal, se votó por el decomiso de los bienes de las empresas de la familia Kirchner: Los Sauces y Hotesur. Esta segunda instancia de ejecución patrimonial aún está siendo estudiada por el TOF 2.

En Comodoro Py sostienen que el estudio patrimonial mostró cómo esas propiedades fueron incorporadas al patrimonio a través de operaciones inmobiliarias realizadas en algunos casos con Báez mientras se constituía en el principal adjudicatario de obra pública vial en Santa Cruz. No todos avalan esa mirada, porque están quienes sostienen que los hijos de la ex mandataria no fueron parte de la investigación ni de los hechos juzgados.

Este debate será dirimido por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes deben decidir si los 19 inmuebles que están a nombre de los hijos de la ex Presidenta pueden ser ejecutados por la justicia.

¿Qué se hará con los bienes de la corrupción?

La posición que adopte el máximo tribunal sentará jurisprudencia, y avalar el criterio del Tribunal que dictó la sentencia condenatoria puede significar -como definen fuentes judiciales- “un antes y un después en materia de decomiso”.

Como cabeza del Poder Judicial, la Corte será la responsable de administrar y establecer el fin de los bienes decomisados.

Es potestad de la Corte determinar si aquellas propiedades que representan el recupero de los bienes de la corrupción le son de utilidad. Puede elegir incorporar algunos al patrimonio del Poder Judicial, como también resolver si es conveniente la cesión a alguna organización o estamento público que lo haya requerido.

La normativa sostiene que “son recursos específicos, propios del Poder Judicial de la Nación, afectados al presupuesto de gastos e inversiones, entre otros, los efectos secuestrados en causas penales, los objetos decomisados y todo otro ingreso que no teniendo un destino determinado se origine en causas judiciales”.

Aquellas propiedades que no cumplan con dichas finalidades, serán sometidas a una subasta pública. Sin embargo, aquellos bienes que sean descartados por la Corte Suprema, retornan a manos del TOF 2 para que proceda con la cesión a la Agencia de Administración de Bienes del Estado, responsable de los remates públicos.

El TOF 2 procedió a inscribir la información completa de dichos bienes en la “Base General de Datos de Bienes Secuestrados o Decomisados en causas penales de competencia de la Justicia Nacional y Federal”, como indica el protocolo firmado por el máximo tribunal.

Pese a ese trámite cumplimentado, la palabra final la tendrá la Corte Suprema que, según pudo saber Clarín, por estas horas tiene bajo particular estudio el alcance del decomiso sobre bienes heredados a los hijos de la ex mandataria.

Si esta regla impuesta por el TOF 2 no es respaldada, Cristina Kirchner sólo perderá una propiedad en el marco del decomiso del caso Vialidad.

Fuente: www.clarin.com

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