Sospechas de lavado: encuentran un nuevo vínculo entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez


Una maniobra inédita quedó expuesta en la nueva causa por lavado de activos contra Lázaro Báez y personas de su entorno: en lugar de crear sociedades fantasma para ocultar dinero sucio, la organización operaba sobre el patrimonio preexistente del empresario que está embargado, decomisado o incluso transferido al Estado tras sus condenas firmes. En los movimientos investigados sobresale el dueño de una inmobiliaria que en su oficina tenía una carpeta donde consta el manejo de propiedades. Es la misma persona que Cristina Kirchner designó para tasar los bienes que tienen pedido de ejecución en el marco del caso Vialidad, donde se deben recuperar 685.000 millones de pesos.
A pesar de estar preso en el Penal de Ezeiza y legalmente impedido de administrar bienes, Báez seguía dando órdenes por teléfono desde una línea oficial del Servicio Penitenciario Federal. A través de esas comunicaciones designaba administradores informales para mantener productivas sus propiedades, cobrar alquileres y hasta negociar ventas de inmuebles judicializados.
El circuito de lavado se dividía en tres etapas claras. Primero, en la colocación, personas de confianza manejaban de hecho los campos y edificios para recaudar dinero en efectivo y transferencias. Segundo, en la estratificación para borrar el rastro, fragmentaban el dinero con transferencias rápidas, hacían envíos masivos entre cuentas propias de testaferros sin solvencia y volcaban fondos en el rubro de los juegos de azar.
Por último, en la integración, el dinero ya blanqueado regresaba directamente al entorno íntimo de Báez o se justificaba mediante una actividad agropecuaria formalmente inscripta, aunque con inconsistencias evidentes (como declarar explotación ganadera excluyendo expresamente la lana). Además, toda esta red salió a la luz como un desprendimiento de investigaciones por narcotráfico, luego de detectar que operadores locales mezclaban logística y vehículos vinculados al empresario.
Con ese telón de fondo y después de realizar 27 allanamientos en la capital santacruceña, el fiscal Zárate ordenó requisar un domicilio en particular: el perito tasador designado por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Pejkovic.
Una persona, el común denominador
El cruce de información detallado por el Ministerio Público Fiscal de Río Gallegos, le permitió al fiscal general Diego Luciani determinar un dato que resulta, a su entender, relevante para las incidencias en trámite y que tienen por finalidad el recupero de 685.000 millones de pesos en el caso Vialidad.
Dicha cifra representa el daño ocasionado al Estado a través de la maniobra defraudatoria que hace un año dio por confirmada la Corte Suprema de Justicia y que posicionó a Báez como el principal adjudicatario de obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015: circuitos exclusivos de pago, sobreprecios promedio del 65%, procesos simulados, pagos por avances de rutas que no eran reales, son parte de lo condenado por parte del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2).
El decomiso es la herramienta que el Poder Judicial posee para avanzar sobre el patrimonio de las personas condenadas y así recuperar el producido del delito. Para cubrir la cifra actualizada, los condenados responden de manera solidaria con sus respectivos bienes. En el caso Vialidad, Lázaro Báez y después, Cristina Kirchner son los imputados con patrimonios más cuantiosos.
En el marco del proceso a cargo del TOF 2, que ejecuta la pena de la maniobra defraudatoria a través de las obras viales, hay una orden de decomiso que obtuvo la confirmación de la Cámara de Casación y que se encuentra bajo estudio en la Corte Suprema de Justicia. Son 111 bienes de los cuales 20 pertenecen a la familia Kirchner, 84 a Lázaro Báez y el restante a los demás acusados.
En el marco de ese proceso, el pasado 15 de mayo la defensa de la ex Presidenta designó un perito tasador de parte: a Sergio Felipe Pejkovic, indicando como correo electrónico la casilla “patagoniapro6@gmail.com”. Se trata de la inmobiliaria allanada la semana pasada por la justicia federal de Santa Cruz donde se secuestró una importante cantidad de documentos, entre los cuales se hallaba una carpeta etiquetada “Lázaro Báez y Cristina Ibañez”.
Mediante la resolución del 18/05/2026, el tribunal tuvo presente esa designación, a fin de que Pejkovic interviniera junto al Cuerpo de Peritos Tasadores de la CSJN en la tasación de los inmuebles individualizados en la resolución del 18/11/2025, donde se incluyen 19 propiedades de Máximo y Florencia Kirchner y uno bajo la titularidad de la ex mandataria.
En la misma presentación, la defensa pidió que esas tareas se realizaran mediante inspecciones en persona, con la participación conjunta de los peritos de parte.
“El 29/09/2026 Cristian Sebastián Ibáñez, operador de confianza de Báez, se comunicó con Sergio Pejkovic para averiguar quién administraba y percibía los alquileres de los departamentos del condenado Lázaro Antonio Báez en el edificio de Zapiola N°55”, volcó en un escrito el fiscal Luciani advirtiendo la situación.
De dicha conversación surge rápidamente que Pejkovic identificó cuál era la unidad de Báez; que la Gendarmería se había presentado “con todos los papeles que eran de Lázaro” y que ellos habían presentado “todos los papeles”; e indicó que la administración de esos inmuebles estaba hoy en manos de quienes “prestan plata” en la esquina de Zapiola y Fagnano. Minutos antes, el encargado del mismo edificio le había dicho a Ibáñez que la administración de esas unidades había estado, en su momento, a cargo de “Patagonia”.
Esa denominación coincide con la casilla de correo que denunció Pejkovic ante el tribunal y con la de la restante perito de parte designada por esa defensa, Claudia Alejandra Rocha (“claudia.patagoniapropiedades@cotecal.com.ar”).
En efecto, sostuvo el fiscal Diego Luciani, “se pudo corroborar que Pejkovic resultaría ser el titular de la inmobiliaria “Patagonia Propiedades”. A ello se suma que Pejkovic el 27 de marzo de 2007 le vendió a Lázaro Báez, más precisamente a la empresa “Austral Construcciones SA”-utilizada para lavar 55 millones de dólares (Ruta del Dinero K) y para el fraude 685.000 millones de pesos en el caso Vialidad-, el inmueble matrícula n°18.144 ubicado en Río Gallegos, Santa Cruz.
La importancia de cara al decomiso
En síntesis, expresó el representante del Ministerio Público, “quien fue propuesto por la condenada Fernández de Kirchner para tasar bienes destinados a satisfacer el decomiso presenta cuatro vínculos relevantes: primer habría administrado inmuebles de Báez; le habría adquirido bienes; mantiene trato con su operador actual sobre la percepción de frutos de inmuebles ya decomisados; y actúa a propuesta de una persona condenada obligada solidariamente con aquel”.
Un dato a considerar: el valor que se le asigne a los bienes sujetos a decomiso, incidirá directamente sobre el alcance de la ejecución, “sostenemos que los vínculos del tasador, exhibe un posible conflicto de intereses que puede comprometer la objetividad que cabe exigir a cualquier experto que intervenga en ella, aun como perito de parte”.
Por lo cual, se pidió al TOF 2 que se tome en cuenta la circunstancia denunciada y de !adopten las medidas necesarias para que la tasación de los bienes se realice, resguardando la objetividad de todos los intervinientes”.
Esto sin olvidar que los bienes alcanzados por la orden de decomiso, “siguen siendo explotados y generando frutos, como cánones locativos y producción agropecuaria, es que amerita la adopción de medidas urgentes, máxime cuando esos frutos se perciben fuera de todo control jurisdiccional, por medio de terceros y bajo directivas del propio condenado”.
Las cifras involucradas en el lavado
La estructura de lavado de dinero que Báez manejó desde la cárcel, y en función de los reportes financieros recolectados, arrojan que entre diciembre de 2025 y agosto de 2026 un flujo de dinero consolidado de $390.880.000 (equivalente a unos 980 salarios mínimos, muy por encima del piso legal de $59.820.000 que exige la ley para configurar lavado de activos), cifra que ni siquiera incluye el valor real de los campos y edificios explotados.
Dentro de ese universo, se registraron 662 operaciones bancarias acreditadas por $380.620.089 vinculadas a Ibáñez y Ulloa.
En detalle, Jorge Manuel Ulloa realizó autotransferencias entre cuentas propias por $165.161.408 (el 63% de sus egresos), mientras que Cristian Ibáñez registró movimientos propios por $65.305.267. También se detectaron maniobras puntuales de alto impacto, como una negociación cerrada en agosto de 2026 para vender ilegalmente dos galpones embargados por $250.000.000, una secuencia de siete transferencias rápidas por $6.900.000 hechas en apenas cuatro minutos y quince segundos en octubre, y seis remesas directas por $5.100.000 que terminaron en manos de Claudia Insaurralde.
Propiedades, empresas y vehículos usados
La red explotaba ilegalmente un amplio abanico de bienes que deberían haber estado bajo control judicial. Entre los campos figuran las estancias Alquinta, La Entrerriana y Cruz Aike.
En el plano urbano y comercial, operaban sobre las unidades funcionales del edificio de calle Zapiola N° 55, un inmueble en la costanera de El Calafate, los dos galpones negociados por 250 millones de pesos y, llamativamente, el inmueble de calle Córdoba N° 45, una propiedad que ya figuraba formalmente a nombre de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por efecto del decomiso.
A esto se sumaba el control fáctico sobre las sociedades Kank y Costilla S.A. y Austral Agro S.A., el cobro irregular de contratos de alquiler vigentes con las firmas Prexa S.R.L., Cedimag S.A. y Centro Médico La Trinidad S.A., y el uso de vehículos comprometidos: un Ford Mondeo (dominio LSJ-212) a nombre de Báez y con pedido de secuestro —que era utilizado por la pareja de Agüero, investigada por narcotráfico— y un camión Scania (dominio COC-335) interceptado en el control de Güer Aike con documentación falsa.
Quiénes son los involucrados
La Justicia identificó a una “banda estable de doce imputados articulada por lazos familiares, de pareja y subordinación”. Varios llamaban “Tío” y “Tía” a Báez y a su pareja.
En la cúspide de esta asociación ilícita, tal como imputó el fiscal federal de Río Gallegos, Julio Zárate, estaba Lázaro Báez impartiendo directivas desde la cárcel, secundado por una conducción ejecutiva integrada por su pareja, Claudia Insaurralde, y Cristian Ibáñez. Ambos fueron detenidos e incomunicados tras abordar un vuelo de Río Gallegos a Buenos Aires despachando cuatro valijas de gran tamaño, junto a Valentina Micaela Devetac, quien conformaba el anillo familiar de apoyo logístico junto a Fausto Devetac.
En la ingeniería financiera y contable cumplían roles clave Jorge Manuel Ulloa, encargado del nodo bancario para mover y mezclar los fondos; Paula Godfrid y Mauro Trevisan Godfrid, responsables de darle cobertura y justificación agropecuaria y financiera al dinero; y Diego Navarro un histórico colaborador de Báez, que aportaba el respaldo técnico. Por último, Agustín Agüero y Pablo Toledo actuaban como enlaces locales con economías criminales y causas conexas por drogas.
Fuente: www.clarin.com



