Sin acuerdo con los aliados, se dilata el debate por el Presupuesto y el oficialismo posterga el dictamen hasta mediados de noviembre

El oficialismo buscaba apurar el debate del proyecto de Presupuesto 2027 con la intención de sacar despacho de comisión este miércoles y llevarlo al recinto en la semana del 18 de noviembre. Pero sin acuerdo con los aliados, al Gobierno se le cayó el cronograma y la aprobación de la denominada ley de leyes podría demandar un par de semanas más.

“Está todo muy verde”, sintetizó un diputado aliado sobre el avance del proyecto enviado por el Gobierno que proyecta una inflación anual del 18% y un crecimiento del PBI del 4%. Y desde el campamento libertario también desestimaron la posibilidad de dictaminar la próxima semana como había anunciado Bertie Benegas Lynch, presidente de la comisión de Presupuesto.

El libertario había definido una hoja de ruta del presupuesto cuando se inició el debate de comisión con la presencia del secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Según ese esquema, el próximo martes se debería cerrar la tanda de reuniones informativas y al día siguiente estaba previsto sacar despacho de comisión con el objetivo de llevarlo al recinto el 18 de noviembre.

El parate de dos semanas entre la firma del dictamen y la sesión, tenía que ver con el desarrollo de las elecciones en Estados Unidos -varios legisladores viajarán a seguir los comicios que se celebrarán la primera semana de noviembre- y la anunciada visita del Papa León XIV que se realizará entre el 8 y 11 de noviembre.

Una posibilidad es que la comisión pueda dictaminar el 11 de noviembre y mantener la fecha del 18 para tratarlo en el recinto. De lo contrario, el oficialismo buscará dictaminar el 18 para llevarlo al recinto en la última semana de noviembre, al filo del cierre de las sesiones ordinarias. Luego Milei debería convocar a extraordinarias para que el Presupuesto sea tratado por el Senado. Vale aclarar que la demora, en parte, también se debió a las complejas negociaciones por la ley de Discapacidad.

Sin embargo, el escenario es complejo para el oficialismo porque si bien tiene 20 de las 49 sillas que hay en la comisión, necesita de los acuerdos con los aliados para sacar dictamen de mayoría. El PRO y la UCR le pueden aportar un aval cada uno, pero después tiene que negociar con Argentina Federal, el espacio que reúne a los diputados del norte, Provincias Unidas y otras bancadas provinciales.

Esta semana los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; y de Córdoba, Martín Llaryora; se reunieron en Paraná en el marco de las Jornadas de Desarrollo Productivo y Competitividad de la Región Centro y Corredores Bioceánicos, y anticiparon un poco los reclamos que llevarán al Congreso para aprobar el presupuesto.

La caída en los recursos de coparticipación, las mayores demandas sociales, la crisis de las pymes y el deterioro de la infraestructura fueron los ejes de la discusión.

Pero, por ejemplo, Córdoba que tiene un representante en la comisión (Ignacio García Aresca) volverá a la carga con un viejo reclamo: el pago de la deuda que la Nación tiene con la caja de jubilaciones. El Gobierno incluyó en el Presupuesto una partida global de $503.325,9 millones para el conjunto de las 13 cajas previsionales provinciales que no fueron transferidas a la ANSeS.

Si bien no hay una discriminación de cuál es la suma que se asignará a cada una de las cajas, desde Córdoba advierten que con esa suma no podrán afrontar ni el déficit de la actualización de las jubilaciones, ni cumplir con los fallos de la Corte Suprema.

A eso se suma el reclamo de la mayoría de las provincias por la falta de inversiones en infraestructura. Frigerio, Llaryora y Pullaro se quejaron por el deterioro de las rutas nacionales y los gobernadores insistieron con la necesidad de que la Nación les transfiera el poder para recuperar los caminos.

El tema infraestructura marcará un poco las alianzas que pueda conformar el Gobierno. En principio, el proyecto dejó bien posicionada a Salta, el distrito que comanda Gustavo Sáenz, quien viene siendo clave con sus diputados y senadores en las votaciones en el Congreso. Esa provincia recibirá más de 141.500 millones de pesos para obras destinadas a la conectividad y recuperación de rutas.

Además, hay temas que generarán tensiones entre el oficialismo y la oposición. Uno que ya anticipa una discusión acalorada tiene que ver con el artículo 17 que impulsa la derogación de puntos clave de la Ley 27.160, eliminando la movilidad automática y la actualización por inflación de la AUH, el SUAF y sus topes de ingresos.

Otro de los puntos de tensión estará vinculado con el financiamiento universitario. El proyecto prevé $7,3 billones para el funcionamiento y los salarios de las universidades nacionales, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclama $11 billones.

Los misioneros también tienen una silla en la comisión de Presupuesto, pero sus votos también serán clave en el recinto. Y Oscar Herrera Ahuad no solo irá por el fondo para la yerba mate, sino que también pedirá inversiones en ciencia y tecnología como en la conservación de bosques. Para este último ítem, el proyecto enviado desde la Casa Rosada prevé un total de casi $25.000 millones.

En tanto, el peronismo prepara su propio dictamen de Presupuesto que será de “rechazo a la política de ajuste del Gobierno” aunque cada diputado privilegiará las necesidades de su provincia.