Financiamiento universitario: la Justicia le dio aire al Gobierno y frenó las multas contra el jefe de Gabinete

En la antesala de la Marcha Federal Universitaria, el Gobierno consiguió un alivio en los tribunales en la disputa por el financiamiento de las universidades públicas. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió suspender provisoriamente la ejecución de una medida cautelar que obligaba al Estado a actualizar los salarios docentes y no docentes y recomponer las becas estudiantiles.

La decisión fue adoptada por la Sala III, que hizo lugar a una presentación del Ministerio de Capital Humano luego de que la primera instancia rechazara el recurso del Ejecutivo. De esta manera, el tribunal ordenó que la apelación oficial sea concedida con efecto suspensivo, lo que frena temporalmente la ejecución de la medida cuestionada.

El fallo también representa un respiro para Diego Santilli. El jefe de Gabinete había quedado expuesto a una sanción económica de $100.000 diarios, dispuesta por el juez Martín Cormick ante el incumplimiento de la orden judicial. Con la suspensión provisoria, las astreintes quedan en pausa mientras se tramita la apelación.

El Gobierno había sostenido ante la Justicia que ya había cumplido con la cautelar y cuestionado la decisión de exigir nuevas medidas bajo apercibimiento de multas. La controversia gira en torno a la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y posteriormente ratificada pese al veto presidencial.

El conflicto judicial se profundizó después de que el Ejecutivo promulgara la norma, pero condicionara su aplicación a la determinación de las fuentes de financiamiento. Ese criterio fue cuestionado por la Justicia, que ordenó avanzar con la actualización de los haberes y la recomposición de las becas.

El Gobierno apeló esa resolución al argumentar que la medida tenía consecuencias presupuestarias y que no se habían contemplado adecuadamente las reglas de administración de los recursos públicos.

La nueva resolución no implica que la Cámara haya resuelto definitivamente la discusión sobre la vigencia y el alcance de la ley. Por ahora, modifica el escenario de cumplimiento de la cautelar y posterga las consecuencias económicas previstas ante el incumplimiento. La disputa de fondo continúa abierta.

La definición se conoce el mismo día en que la comunidad universitaria vuelve a movilizarse para reclamar por el presupuesto del sistema público, la recomposición salarial y los fondos para el funcionamiento de las instituciones. La marcha suma presión política sobre la Casa Rosada, que busca sostener su posición fiscal mientras enfrenta el reclamo de rectores, docentes, no docentes y estudiantes.

Así, el Gobierno obtiene una victoria judicial provisoria en un conflicto que combina la discusión sobre los recursos destinados a las universidades con la pulseada institucional por el cumplimiento de una ley sancionada por el Congreso. El alcance definitivo de esa obligación quedará sujeto a los próximos pasos del expediente.