El adiestrador de perros que suma dos condenas por plantar pruebas irá a juicio por el caso Araceli Fulles

Araceli Fulles le mandó un mensaje a su mamá a las 7 del 2 de abril de 2017. Tenía 22 años, vivía en San Martín y le pedía que preparara el mate porque ya estaba llegando a casa. La buscaron 25 días. Nadie sabía qué había pasado con ella.

Marcos Darío Herrero, un adiestrador de perros, ex policía, llamó a una casa atravesada por la desesperación: “Yo estaba con (el intendente Gabriel) Katopodis en ese momento y Marcos se ofreció a venir con los perros. Le dijimos que sí, claro. Si no la encontraban a Araceli”, contó Ricardo Fulles (64), el papá de la joven, a Clarín.

Así, el perito participó de la búsqueda, cuestionó el operativo de la Policía Científica y, según la Justicia, plantó evidencias para desviar la investigación.

El 27 de abril, en una casa de José León Suárez, una mujer bombero encontró el cuerpo de Araceli. Estaba recubierto con cal, escondido entre chapas y escombros. Ahí vivía Darío Badaracco.

El hallazgo del cuerpo derivó en una investigación por femicidio que determinó que Aracelli fue asesinada por asfixia mecánica por “estrangulamiento a lazo” con un elemento compatible con precintos plásticos.

Badaracco, el principal acusado, no llegó a ser juzgado: murió en abril de 2019 tras ser atacado por otros presos en el penal de Sierra Chica.

El juicio fue en 2021, duró 53 días, declararon 300 testigos en 14 audiencias y condenaron a Carlos Cassalz, Hugo Cabañas y Marcelo Escobedo. Absolvieron por falta de pruebas a Hernán Rodrigo Badaracco, Carlos Antonio Ibarra, Daniel Alaniz y a los hermanos Jonathan y Emanuel Ávalos.

Dos años después, los únicos tres condenados fueron absueltos por la Sala I Cámara de Casación Penal bonaerense, que además ordenó que investiguen a Herrero, hoy de 50 años.

En el fallo, los jueces Daniel Carral, Víctor Violini y Ricardo Maidana consideraron que faltaron evidencias en la investigación y cuestionaron la participación del adiestrador en las evidencias utilizadas para fundar el fallo de primera instancia.

“Resulta inexplicable que los jueces no hayan examinado los antecedentes de Marcos Herrero, ni la posibilidad de que haya sido él quien colocó, de manera intencional, diversos elementos que luego simuló encontrar con sus perros con el objeto de mostrar el éxito de su labor”, describió el fallo de Casación.

Herrero se presentó durante años ante tribunales y familias desesperadas como un especialista en adiestramiento canino de rastro específico, actuando junto a bomberos voluntarios y con su perro particular llamado Alcón.

Su participación en esas investigaciones fue duramente cuestionada, incluso lo condenaron en dos oportunidades.

“Nosotros no sospechamos nunca, tuvo problemas en Mendoza. Para mí quieren juntar todas las causas para decir que él planta huesos, pero estuvo en todo momento, no descansaron buscándola a Araceli. Al perro lo soltaron en el último lugar en el que mi hija estuvo con vida, y se fue solo ahí (a la casa de Badaracco)”, recuerda Mónica Ferreyra (67), la mamá de Araceli, sobre esas horas desesperantes.

“Era todo voluntario, le pagábamos la nafta. Nos dicen que los perros no tenían certificación, yo creo que se nos reían en la cara. ¿En cuántos casos se necesita gente así para llegar a la verdad? Hasta el día de hoy todo ese dolor lo sentimos, tenemos una familia de bien, somos humildes, pero de bien, queremos hacer el bien”, insistió Ricardo.

El enojo de la familia Fulles apunta contra la absolución de Carlos Cassalz, Hugo Cabañas y Marcelo Escobedo. “Si no hubiera sido por Alcón, no hubieran encontrado nunca a Araceli, nos volvieron a matar cuando los soltaron, tantos años de lucha, tantas marchas. Cuando Casación los liberó, me mataron de nuevo, volvieron a matar a toda la familia. También a Araceli”, cerró Mónica.

Para la Cámara, esas condenas, se sustentaban en “las marcaciones no fiables e irregulares del adiestrador Marcos Herrero y en indicios sin respaldo empírico”.

La asociación Innocence Project participó de la apelación con un recurso de amicus curiae, donde también apuntó contra las irregularidades de Herrero.

Para la Cámara, Herrero tuvo una “clara voluntad de falsear la realidad, construyendo deliberadamente una narrativa basada en un supuesto método propio, que carece de todo sustento científico y no se enmarca en ningún estándar reconocido por la disciplina”.

Además, ordenó a la fiscalía general de San Martín que iniciara una investigación contra Herrero, que efectivamente realizó Verónica Pérez, a cargo de la fiscalía N° 8 .

Esa causa ahora llegará a juicio: el 20 y 21 de mayo de 2027 Herrero será juzgado por el Tribunal Oral Criminal Nº 6 de San Martín.

En el pedido de elevación a juicio, expresaron: “Dejó sentado que la valoración de la prueba de rastro canina en la causa originaria adoleció de vicios graves”.

Lo cierto es que, tanto la fiscalía como el tribunal de primera instancia tomaron cómo válidas estas evidencias sin ahondar en los antecedentes del adiestrador.

Marcos Herrero es de Viedma, en Río Negro. Trabajaba como adiestrador de perros para búsqueda y rescate de personas. Integró la Policía de la provincia y también intervenía en investigaciones como perito de parte, convocado por familiares de las víctimas.

La primera condena la recibió en Mendoza en la causa por la desaparición de Viviana Luna. Lo contrató su familia.

En este caso simuló el hallazgo de restos óseos y notas con nombres en una construcción abandonada y en una cabaña.

El Tribunal Oral Penal N° 2 de Mendoza lo sentenció a ocho meses de prisión de ejecución condicional por los delitos de falsa denuncia, falso testimonio, usurpación de títulos y encubrimiento simple.

Mediante pericias de ADN, se comprobó que el cráneo “hallado” en Mendoza pertenecía al mismo individuo masculino que un maxilar que él mismo había encontrado a más de 2.700 kilómetros en Río Gallegos, Santa Cruz.

Su cuestionada labor fue motivo de una investigación del periodista Germán Sasso, de Bahía Blanca, quien publicó el libro “El coleccionista de huesos” y lo define como “el peritrucho”.

Herrero actuó como perito de parte e intervino en siete oportunidades en la investigación por la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años visto por última vez el 30 de abril de 2020, cuando en plena cuarentena por el COVID-19 dejó su casa de Pedro Luro para ir a Bahía Blanca a ver a su ex novia.

El cuerpo desintegrado de Astudillo Castro fue encontrado el 15 de agosto en un cangrejal del estuario de Bahía Blanca y la pericia del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) determinó que su muerte se produjo “por asfixia por sumersión (ahogamiento)”, pero no pudo establecer si fue suicidio, accidente u homicidio.

Durante esos procedimientos con sus perros, el adiestrador afirmó haber detectado el rastro de olor de la víctima en distintos patrulleros de la Policía bonaerense y en un calabozo del puesto de vigilancia de Teniente Origone.

En sintonía con la mamá del joven, Cristina Castro, sostenía que Astudillo Castro había sido víctima de una desaparición forzada y apuntaba contra los policías.

En este caso también se constató que Herrero “plantó” deliberadamente en esa dependencia un amuleto con forma de sandía que pertenecía a Facundo.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca lo condenó a siete años de prisión e inhabilitación absoluta por 14 años como autor del delito de falso testimonio reiterado en siete oportunidades y agravado por haber sido cometido en causa criminal contra los investigados.