Desde el Ministerio de la Defensa abogan por la concientización de los niños sobre las conductas que podrían tipificar Como Delitos

La titular del Ministerio Público de la Defensa, Gabriela Burgos, analizó la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil que establece la baja de la edad de imputabilidad en todo el territorio nacional. En dicho marco, se pronunció en favor de instrumentar acciones de concientización entre los niños para que estos sepan que acciones pueden dar lugar a procesos penales.

El pasado 5 de septiembre entró en vigencia el nuevo régimen Penal Juvenil. A partir de ello, la titular del Ministerio Público de la Defensa aludió a los alcances de la norma. Al respecto, recordó que, previo a la entrada en vigencia del nuevo régimen, Jujuy contaba con una ley de procedimiento juvenil y protección de los niños, niñas y adolescentes. A la vez, puntualizó que, “este nuevo régimen modifica algunos puntos como la baja de edad de punibilidad y define una franja etaria más amplia por lo que desde los 14 años ya son pasibles de ser incorporados a un proceso especial definido para los menores”.

En cuanto a la gama delitos que ahora pueden dar lugar a un procesamiento bajo el código penal, aclaró que, “no hablamos de una restricción, sino que ahora son todos los delitos”. Por ello, se pronunció en favor de “trabajar con el tema de la concientización de estos niños respecto de las conductas que se puedan dar en determinados ámbitos”. Mencionó además que, “algunas de las acciones que se realizaban dentro del ámbito escolar hoy en día pasan a ser delitos, y por lo tanto deberían incorporarse al sistema”.

En cuanto a los alcances de la reglamentación del régimen, sostuvo que al ser una ley nacional el procedimiento penal alcanza a todos los distritos del país. No obstante, remarcó que, “al momento de salir la reglamentación ya teníamos en Jujuy una ley de procedimiento donde algunos de los institutos ya estaban incorporados en la ley de forma”. Asimismo, precisó que, “esta ley, que se sancionó, toma mucho del procedimiento por lo cual consideramos que se inmiscuye en jurisdicciones que son propias de las provincias ya que lo procedimental es cosa de las provincias”.

Con acuerdo a ello, alertó que, “encontramos una contradicción respecto de la ley nuestra por lo que ahora se tiene que hacer una articulación con los distintos estamentos del ejecutivo que tienen también que intervenir necesariamente para la articulación con la ley”. “Consideramos que se tiene que hacer un trabajo de articulación, en primer lugar, en el ámbito educativo explicando a los niños que esas conductas, a veces naturalizadas, hoy en día constituyen acciones que están tipificadas dentro del código penal y que por esa situación se puede dar lugar a un proceso penal”, dijo. Del mismo modo, enfatizó que, en adelante, “tenemos que trabajar mucho en la concientización, por eso consideramos necesario hablar de lo que es la justicia restaurativa como un mecanismo cuando se está frente a un hecho consumado entre la víctima y el ofensor y sobre eso tenemos que trabajar”.

Por otro lado, consultada sobre el financiamiento necesario para instrumentar y aplicar el nuevo régimen penal, Burgos subrayó que, a pesar de ser una ley nacional, el gobierno no dispuso ni garantiza presupuestos necesarios para su implementación. Afirmó que la misma ley establece una partida presupuestaria a nivel nacional. “Eso también tiene que desembarcar en las provincias”, mencionó. No obstante, alertó que, dentro del presupuesto previsto para el año venidero, “no habría ninguna partida presupuestaria destinada a la aplicación de la ley en cada una de las provincias con lo cual cada una de las provincias tendrá que asumir la responsabilidad en lo que respecta a la partida presupuestaria”.