Los docentes universitarios realizan un paro de 72 horas por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

Los docentes universitarios realizan este miércoles un nuevo reclamo al Gobierno nacional para que aplique la recomposición salarial que estableció la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y con una medida cautelar en la Justicia.

El paro de 72 horas fue decidido la semana pasada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales de la CONADU, durante un plenario de Secretarios y Secretarias.

Los universitarios piden que el Gobierno del presidente Javier Milei cumpla con la recomposición salarial del 33,4% que prevé la normativa y la intimación del juez federal Martín Cormick.

El juez en lo Contencioso Administrativo intimó al Ejecutivo a que en un plazo de cinco días le dé “cumplimiento total” a la medida cautelar que ordena aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, donde se establece la recomposición de salarios docentes y no docentes, y de becas estudiantiles. Sin embargo, la Casa Rosada apeló la medida.

La medida de fuerza es parte del plan de lucha, como previa a una nueva Marcha Federal Universitaria prevista para el próximo 15 de octubre.

Las universidades habían reclamado hace semanas una intimación de la Justicia contra el Ejecutivo por la no aplicación de la Ley. La medida cautelar del mismo juez federal Cormick, de diciembre pasado, tuvo aval de la Cámara de Apelaciones en marzo y quedó firme con un fallo de la Corte Suprema del 25 de junio pasado.

Las Universidades y gremios del sector estiman que a los salarios se les adeuda una recomposición de 31,2%. Sin embargo, el Gobierno ofreció apenas un 3% en la última paritaria.

La Ley de Financiamiento se sancionó en 2025 en el Congreso, pero Javier Milei ejerció la facultad del veto presidencial. La norma volvió al Parlamento, donde en un hecho inédito, fue insistida -según manda la Constitución Nacional- por dos tercios de los votos en cada Cámara. El último paso fue en el Senado, el 2 de octubre de 2025, por mayoría aplastante.

El Ejecutivo promulgó la ley, dejándola al mismo tiempo suspendida en su aplicación, al aducir no tener especificadas las fuentes de financiamiento. Allí fue que las Universidades iniciaron la demanda en la Justicia y una serie de protestas que continúan.